¿El Pacto Verde Europeo perjudica a la economía?

Alegación por comprobar: Durante los debates sobre el Reglamento de la UE relativo a la restauración de la naturaleza celebrados a principios de 2024, Bert-Jan Ruissen, eurodiputado holandés del grupo de extrema derecha Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), afirmó que “se reservaban demasiados terrenos para la restauración de la naturaleza”. Al igual que otros políticos de derechas, recurrió al argumento de que la conservación socava la estabilidad económica.

Contexto: El Reglamento relativo a la restauración de la naturaleza era una parte fundamental del Pacto Verde Europeo  y su función era restituir la pérdida de biodiversidad y mitigar el cambio climático. En un principio, debía imponer la restauración de las tierras y los mares de la UE considerados deteriorados, tras la cual se impediría la degradación de esos ecosistemas. La Comisión presentó su propuesta en 2022 con objetivos “de al menos el 20 % de los medios terrestres y marinos” y del “30 % de los ecosistemas en mal estado de conservación” para 2030, seguido de una restauración del 100 % de los ecosistemas degradados para 2050.

Los políticos de extrema derecha no fueron los únicos que no vieron la propuesta con buenos ojos: anticipándose a un cambio de dirección, el Partido Popular Europeo (PPE), de centro-derecha, empezó a avivar sus preocupaciones por unas políticas medioambientales que podrían amenazar a los agricultores, el suministro de alimentos y la estabilidad económica. A medida que las elecciones al Parlamento Europeo de verano de 2024 se acercaban y que el debate político empezaba a avivarse, declaraciones como las de Ruissen se convirtieron en el argumento habitual de los partidos de derechas para desestimar el Pacto Verde y ganar así votos.

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Conforme las elecciones europeas de 2024 se iban acercando, los candidatos de la derecha deseaban obtener una mayoría distinta a la de 2019, que era bastante progresista y en la que precisamente los Verdes desempeñaron por primera vez un papel fundamental, a raíz de movimientos públicos como Viernes por el Futuro.

El eurodiputado holandés del grupo de extrema derecha Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) Bert-Jan Ruissen y sus compañeros pusieron en marcha una serie de acciones que pretendían, si no desmantelarlo, sí ralentizar el ritmo del Pacto Verde bajo el pretexto de la justicia social de la amenaza económica. En febrero de 2024, Ruissen fue ponente de la oposición en la Comisión de Agricultura para desarrollar el Reglamento relativo a la restauración de la naturaleza, conocido como “ley de la naturaleza” en el debate público.

Según la extrema derecha, como una transición ecológica era costosa y corría el riesgo de dejar atrás a los ciudadanos cuyos empleos y vidas enteras giran en torno a los modos de producción tradicionales, la ley debía revisarse y hacerse más “pragmática” o “realista”.

Para la antigua eurodiputada del PPE Marlene Mortler, que elaboró un informe sobre seguridad alimentaria, el “Pacto Verde no debe poner en peligro la seguridad alimentaria”. Mortler consideraba que el Pacto ponía en riesgo la seguridad alimentaria debido a que cada vez más terrenos dejan de ser “útiles” por las medidas de protección.

El líder del PPE, Manfred Weber, rechazó tajantemente la propuesta de la Comisión y afirmó que “el objetivo de la ley es devolver la naturaleza al estado en que se encontraba en 1950”, añadiendo que “pide lo imposible a los gobiernos locales y regionales: hacer retroceder 70 años de cambios en la naturaleza en unos 25 años”.

Una serie de desafortunados acontecimientos

Los detractores de la ley han afirmado falsamente que se van a renaturalizar extensas zonas agrícolas. En realidad, el proyecto de ley no va a expropiar tierras agrícolas, ya que da prioridad a los ecosistemas degradados y reconoce explícitamente la necesidad de equilibrar la conservación con la actividad económica.

La ley de la naturaleza también incluye mecanismos de flexibilidad, que garantizan que los esfuerzos de restauración sean compatibles con la producción de alimentos y los medios de vida rurales.

Si bien los detractores dificultaron bastante el procedimiento legislativo, los colegisladores llegaron a un acuerdo en una batalla de última hora y firmaron el acta final en junio de 2024, justo antes de las elecciones a la UE.

El texto obligará a los Estados miembros de la UE a restaurar al menos el 30 % de los tipos de hábitats contemplados en el proyecto de ley para 2030, dando prioridad a los lugares protegidos por la red Natura 2000 existente. Ahora, los 27 países de la UE tienen hasta el 1 de septiembre de 2026 para presentar sus propuestas de planes nacionales de restauración a la Comisión.

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La alegación de Ruissen, que no está respaldada por pruebas científicas ni por datos de consulta pública, fue la manera perfecta de arruinar la reputación del Pacto Verde. Y la elaboración de políticas en 2025 sigue pagando el precio.

“A medida que se extendían las protestas, los lobbies agrarios y la derecha conservadora empezaron a explotar esas afirmaciones”, contó Associazione Terra. Y gozaron de un cierto éxito: el año pasado, varios textos legislativos europeos se vieron afectados por estas mismas dudas.

Por ejemplo, la Política Agrícola Común (PAC) se modificó para que los agricultores pudieran recibir subvenciones de la UE aunque no cumplieran las normas medioambientales del bloque, conocidas como normas de condicionalidad. 

El Parlamento Europeo rechazó una propuesta para limitar el uso de plaguicidas.

El Reglamento contra la deforestación se retrasó, tras la presión de los partidos conservadores para suavizar los requisitos para terceros.

Por otro lado, las emisiones de la agricultura intensiva no se equipararon a las emisiones industriales en los objetivos para 2040.

La estrategia “de la granja a la mesa”, el componente agroalimentario del mandato anterior, incluso debería darse por muerta.

Políticas agrícolas neoliberales

Sin embargo, un análisis en profundidad de las protestas de los agricultores (a menudo descritas como una reacción directa a las políticas de restauración de la naturaleza) revela que sus principales preocupaciones eran otras.

Por ejemplo, es posible que el acuerdo comercial UE-Mercosur  altere el mercado de la UE con los productos agrícolas de bajo coste procedentes de América Latina. El movimiento internacional La Vía Campesina señaló que en 2024 los agricultores estaban “hartos de pasarse la vida trabajando para no obtener unos ingresos decentes”.

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A pesar de las afirmaciones de que la conservación de la tierra desestabiliza la economía, si algo ha demostrado la investigación es que no restaurar los ecosistemas degradados supone un riesgo financiero mucho mayor

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“Décadas de políticas agrícolas neoliberales y acuerdos de libre comercio nos han hecho llegar a este punto”, afirman en el movimiento. Y añaden: “los costes de producción no han dejado de aumentar en los últimos años, mientras que los precios que se pagan a los agricultores se han estancado o incluso han bajado [...]. Desde los años 80, se han desmantelado diversas normativas que garantizaban precios justos a los agricultores europeos. La UE depositó toda su confianza en los acuerdos de libre comercio, que pusieron a todos los agricultores del mundo a competir entre sí, animándolos a producir al menor precio posible a costa de sus propios ingresos y de una deuda cada vez mayor. La producción ecológica tiene enormes beneficios para la salud y el planeta, pero es más costosa para los agricultores. Por lo tanto, para lograr la transición agroecológica es necesario proteger los mercados agrícolas. Por desgracia, no se nos escuchó”.

Lo que dicen los datos

A pesar de las afirmaciones de que la conservación de la tierra desestabiliza la economía, si algo ha demostrado la investigación es que no restaurar los ecosistemas degradados supone un riesgo financiero mucho mayor.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) destaca cómo la degradación de los ecosistemas amenaza directamente la productividad agrícola y la seguridad alimentaria: “el cambio climático observado ya está afectando a la seguridad alimentaria mediante el aumento de las temperaturas, la alteración de los regímenes de precipitación y la mayor frecuencia de algunos fenómenos extremos” y “el cambio climático cada vez afectará más a la seguridad alimentaria”.

Además, el IPCC añade que “alrededor del 21-37 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) se pueden atribuir al sistema alimentario”.

Teniendo en cuenta el sistema alimentario actual, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que es necesario producir alrededor de un 50 % más de alimentos de aquí a 2050 para alimentar a la creciente población mundial. “Esto supondría un aumento significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como de otros impactos ambientales, incluida la pérdida de biodiversidad”, afirma el IPCC.

Con 2000 millones de personas más en el planeta Tierra, es imposible seguir viviendo como hasta ahora. Y sin embargo, no se trata de una simple cuestión de espacio: tan solo las nuevas formas de agricultura sostenible son capaces de responder a los problemas que la agricultura industrial ha creado en las últimas décadas.

“Combinar acciones en la cadena de suministro, como la producción, el transporte y la transformación eficientes, con intervenciones del lado de la demanda, como la modificación de las opciones alimentarias y la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, reduce las emisiones y mejora la resiliencia de los sistemas alimentarios”, afirma el IPCC.

La consultora PwC calcula que más del 50 % del PIB mundial está en peligro debido a la pérdida de biodiversidad, lo que significa que proteger la naturaleza es un imperativo económico, no un obstáculo.

El World Resources Institute (WRI) ha demostrado que las inversiones en la restauración de la naturaleza producen importantes beneficios económicos y creación de empleo.

Aunque se necesita una visión, se trata de algo sin duda difícil de proponer en una época de guerras y miedo.

Otras políticas climáticas también se enfrentan a una fuerte resistencia, en nombre del statu quo. No es casualidad que la misma retórica responsable de atacar la ley de protección de la naturaleza esté también detrás de un retroceso en las políticas energéticas. 

Mientras que la directiva de sobre fuentes de energía renovables  elevó el objetivo de consumo de energía renovable en la UE al 42,5 % para 2030, con un 2,5 % adicional indicativo que permitiría alcanzar el 45 % al bloque, a algunos les preocupaba que la producción agrícola también estuviera en peligro, ya que las energías renovables compiten por los terrenos disponibles.

Sin embargo, un estudio de la Oficina Europea de Medio Ambiente (OEMA) y un informe publicado por la asociación eléctrica europea Eurelectric afirmaron que la biodiversidad y las redes eléctricas pueden coexistir sin comprometer la naturaleza ni la producción de alimentos.

Los conservadores afirman que el planeta no es lo suficientemente grande como para albergar las actividades que lo han estado arruinando y las que intentan salvarlo. No se equivocan, pero ¿cuáles son las que deben abandonarse?

A medida que los riesgos climáticos aumentan, los científicos no consideran que restaurar la naturaleza sea un lujo: han descubierto que es una necesidad. En otras palabras, preservar y restaurar los ecosistemas no supone una amenaza para la estabilidad económica: es un sistema de protección contra el colapso futuro.

Este artículo se realizó con el apoyo del European Media and Information Fund (EMIF). No refleja necesariamente las posiciones del EMIF o de los socios del fondo, la Fundación Calouste Gulbenkian y el Instituto Universitario Europeo. 

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