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El gobierno de extrema derecha de Viktor Orbán continúa su asalto a los derechos fundamentales en Hungría. El último ataque es un proyecto de ley destinado a multar a los medios de comunicación y a las organizaciones que reciban financiación del exterior y “amenacen la soberanía nacional”. El proyecto de ley (en la misma línea que la ley rusa sobre agentes extranjeros) permitiría imponer sanciones económicas de hasta 25 veces el importe de los fondos recibidos, en un claro intento de restringir la libertad de prensa.
Las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes en el país y en toda la Unión Europea se han alzado contra el gobierno de Orbán. Esta semana republicamos un llamamiento firmado por casi un centenar de redactores jefe (y por Voxeurop) en el que se pide a las autoridades europeas que tomen cartas en el asunto e impongan sanciones a Hungría.
A un año de las próximas elecciones legislativas, Budapest redobla sus esfuerzos para controlar la sociedad. Este proyecto de ley sobre la transparencia de los medios de comunicación no es el primero de este tipo: en marzo se aprobó otro que prohíbe las concentraciones a favor de los derechos de las personas LGBTQIA+.
Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
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