Elige un idioma
Soleada en verano y ventosa en primavera y otoño, "Apulia, una auténtica maravilla", proclama un anuncio del aeropuerto de Bari que alaba a la región por su patrimonio histórico y cultural así como sus bonitos paisajes. Esta región situada al sur de Italia, en el centro del Mediterráneo, muchas veces se describe en publicaciones turísticas como uno de los destinos vacacionales preferidos. Más allá de la atención recibida por las revistas de viajes, la región se enfrenta a la despoblación, a paisajes áridos y tierras abandonadas.
Aquí, la confluencia entre marginalidad y especulación presenta unos desafíos que afectan a las vidas de las comunidades locales, sobre todo cuando las empresas de combustibles fósiles que quieren mejorar sus credenciales ambientales con inversiones en parques e instalaciones de energía renovables están interesadas en la zona.
Inversiones en energías renovables en el Mediterráneo
En el Mediterráneo, la transición hacia energías renovables para combatir el cambio climático ha derivado en una actividad significativa: la compra de tierras. Si bien estas acciones hacia una energía más limpia son positivas, son preocupantes desde un punto de vista de especulación y justicia energética rural. Las grandes empresas están haciéndose con grandes extensiones de terreno rural para instalaciones eólicas y solares, usando tierras agrícolas que las comunidades necesitan para sobrevivir. A pesar de que los proyectos de energía renovable abordan la crisis climática, "también se aprovechan de tierras más baratas y de la marginalidad de las comunidades locales", dice Samadhi Lipari, doctorando de la Escuela de Geografía en la Universidad de Leeds (Reino Unido). Por lo tanto, se refuerza la división territorial en el Mediterráneo y acusa el desequilibrio con el norte de Europa.
Las zonas afectadas por la apropiación de tierras en el Mediterráneo son zonas marginadas, proclives a la pobreza y la exclusión social. "Han sufrido décadas de despoblación y envejecimiento, unido a una tendencia histórica hacia el declive de la infraestructura y de la industrialización", añade Lipari. La situación señala una división persistente e infranqueable entre el Norte y el Mediterráneo.
"En condiciones similares, las zonas menos afectadas por una actividad económica importante podrían parecer adecuadas desde un punto de vista técnico para el desarrollo de las energías renovables", afirma el sociólogo Ivano Scotti. Sin embargo, en estas áreas, la erosión neoliberal del sistema de planificación climática afecta a las prácticas de injusticia rural, donde la marginalidad desempeña un papel importante y permite la aceleración de estos procesos de desarrollo desequilibrados. "La marginalidad socioecológica se hace funcional para la extracción de valor mediante la producción de energía verde", prosigue Lipari.
Los planes de transición energética para la UE
En julio de 2021, la Comisión Europea adoptó una serie de propuestas para ajustar las políticas climáticas, energéticas, de transporte y de impuestos de la Unión Europea y reducir al menos un 55 % las emisiones netas de gases de efecto invernadero hasta 2030, comparado a los niveles de 1990. La iniciativa pretende hacer de la UE el primer continente neutro en carbono para 2050. No obstante, la transformación del régimen energético no llega a deshacerse del sistema de acumulación de capital, facilitado por una planificación territorial y climática a escala local, a menudo a costa de las necesidades locales.
Con 1000 millones de euros de presupuesto, el Plan de Recuperación Nacional y Resiliencia (PNRR) en Italia aspira a mejorar la electrificación de zonas e infraestructuras locales. A nivel europeo, REPowerEU está invirtiendo 210 000 millones de euros para fomentar la transición ecológica. Más de 100 proyectos están en proceso de autorización en Apulia, la región donde se encuentra la mayor superficie de instalaciones (aproximadamente el 34 % de las instalaciones nacionales), y que está a punto de crecer aún más con las inversiones de REPowerEU y PNRR. La mayor parte de la planificación de estas plantas está en manos de grandes empresas privadas interesadas en sacar beneficios con los combustibles fósiles.
Gris: áreas protegidas y peligro hidráulico. Amarillo: riesgo de desprendimientos de tierra. Azul claro: masas de agua. Negro: consumo de suelo en 2006. Rojo: consumo de suelo de 2006 a 2022.
Por lo tanto esto presenta un coste. "La transición energética corre el riesgo de repetir, o incluso incrementar, la condición de marginalidad de estas áreas debido a varios factores relacionados con las instituciones locales y el tejido económico y productivo. Las instituciones locales podrían no ser capaces de gestionar los procesos de resolución, por dos razones: la imposibilidad reglamentaria de influir en el proceso y la falta de competencias relacionales", continúa Scotti.
¿Quién paga el coste de la transición energética?
En un contexto de transición energética y de guerra en Ucrania, la necesidad de diversificar los recursos europeos, alejarse del gas ruso y encaminarse hacia soluciones más sostenibles ha causado un nuevo auge de inversiones. Numerosas multinacionales y corporaciones están compitiendo por adquirir tierras y superficies acuáticas para construir turbinas eólicas y paneles fotovoltaicos. Tal y como indica Scotti, este patrón es típico de una región a menudo expuesta a intereses externos: "Las áreas menos afectadas por los flujos económicos más relevantes podrían considerarse adecuadas desde un punto de vista técnico para desarrollar las renovables".
En Apulia, el auge de la energía fotovoltaica está transformando el territorio y la economía locales, que tradicionalmente han dependido de la agricultura y el turismo. Los proyectos a manos de Eni, Amazon y Shell tan solo son un ejemplo de la creciente presencia de multinacionales, que crea un desequilibrio de poder importante en las comunidades donde eligen operar. Mientras que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental sigan enumerando proyectos en proceso de aprobación, este desequilibrio se extiende a otras empresas, especialmente del norte de Italia y de Europa.
El interés por la adquisición de tierras se incrementó con el decreto legislativo 387/2003, aprobado durante el gobierno de Berlusconi. Este afirmaba que "la construcción de plantas de energía renovables [...] es un servicio público que no puede posponerse". Este reglamento abrió la puerta a una expropiación de tierras ex lege para construir centrales de energía renovable. Este derecho reconocido de adquirir tierras facilitó la inversión privada. Al mismo tiempo, la limitada capacidad de negociación de los terratenientes eliminó el potencial de ordenación territorial.
"Las tierras donde se sitúa mi granja se han expropiado sin previo aviso", afirma Francesco Gentile, cuya granja en Acquaviva delle Fonti se convertirá en un área de instalaciones fotovoltaicas. "Podrían haber utilizado prados, zonas abandonadas, antiguas canteras; hay zonas con canteras abandonadas".
La falta de herramientas y técnicas de negociación se topó con los intereses de multinacionales y empresas que competían por adquirir tierras y superficies acuáticas para construir turbinas eólicas y paneles fotovoltaicos. En algunos casos, la producción energética se está privatizando para el beneficio de empresas ubicadas en el norte de Italia mediante el Contrato de Compra de Electricidad, dejando a las comunidades sin beneficio.
Las repercusiones en la tierra y sus trabajadores: costes más bajos y estigma territorial
"Si ofreces a un agricultor 10 000 por un trozo de tierra, es una bendición", dice un agricultor de Laterza al que le gustaría permanecer en el anonimato. Apulia, una de las regiones más pobres de Italia, no tiene mucho que ofrecer a los agricultores que quieren seguir ejerciendo como tal, pues sobrevivir entre las apropiaciones de tierras se está volviendo prácticamente imposible. El valor de la tierra en estas áreas está cambiando con el creciente número de proyectos de plantas eólicas y la inflación.
"Lo predije cuando me di cuenta de que los agricultores empezaron a hablar sobre energía en lugar de agricultura", comenta Flavio Santoro, un defensor del medioambiente de la provincia de Foggia, una de las zonas más marginalizadas de Apulia.
"Vivimos en una tierra que se ha explotado durante años", afirma. Los fuertes vientos que soplan por sus laderas han atraído la atención de empresas externas durante las dos últimas décadas. "Sin embargo, en vez de ubicar las instalaciones energéticas en zonas urbanas, en los tejados de las viviendas, edificios industriales y centros comerciales, están usando tierras agrícolas. Ahora, con la urgencia de la transición energética, los antiguos reglamentos se han debilitado aún más. De hecho, si un proyecto está técnicamente bloqueado y la municipalidad se opone, el gobierno de Giorgia Meloni puede saltarse todas las trabas debido a una administración más centralizada.
"Queremos la energía para usarla nosotros, para liberarnos de estas dinámicas especulativas y proteger el suelo agrícola", dice Santoro. "No pagan el impuesto de propiedades (IMU) aunque expropien tierras. Esto implica que están financiados por los impuestos de los ciudadanos sin devolver nada al territorio". Santoro llegó a ganar el caso contra Edison, la compañía energética más antigua de Italia, que quería construir turbinas eólicas solo a 500 metros de su casa. Dijo: "Me siento como Don Quijote luchando contra los molinos".
Soluciones asequibles y falta de planificación
"Creo que la producción, el uso y el consumo de energía debería ser local. Primero debería beneficiar a los que viven en esas áreas y luego al resto. Por eso hablamos de comunidades energéticas", opina Tonino Soldo, activista de Legambiente. Las comunidades territoriales están excluidas de los "beneficios" de la producción de energía renovable, aunque contribuyen a financiar el sector nacional y europeo. Como no entran dentro de la estrategia de transición ecológica, diseñada principalmente para las empresas privadas, las comunidades locales que emergen del uso de energía producida con fuentes renovables solo están implicadas desde un punto de vista económico y jurídico, limitado a las ciudades y área rurales donde viven.
Este es el caso de la comunidad energética creada en Melpignano, donde la ciudad ha creado una cooperativa energética que abastece electricidad a 29 familias. Es un ejemplo de cómo un sistema que no prioriza los beneficios puede funcionar, en parte debido a que los paneles se instalan donde pertenecen: los tejados. Sin embargo, esta iniciativa es todavía una excepción a la regla en el uso de energías renovables.
Gianluca Greco, a cargo del proyecto, explica: "La idea es que también haya una lógica detrás, porque las grandes multinacionales, las que hacen este tipo de inversiones, no están interesadas en fragmentar la inversión y complicar las cosas. Es mucho más fácil comprar una gran franja de tierra y crear un parque fotovoltaico integral que dividirlo entre muchos propietarios y sus realidades. Por supuesto, la lógica de la empresa es simplificar los procesos de los que debe ocuparse".
Aunque este modelo funciona, no es el más común, pues es mucho más fácil que los intereses de las grandes empresas se impongan en las zonas marginalizadas a que estas se organicen por sí mismas. "Autoproducción y autoconsumo. Si no nos encaminamos hacia esta dirección, seguiremos sufriendo la expoliación del territorio", dice Soldo.
Con el apoyo de Journalismfund Europe
🤝 Este artículo se publica en el marco del proyecto de colaboración Come Together.
¿Aprecias nuestro trabajo?
Ayúdanos a sacar adelante un periodismo europeo y multilingüe, en acceso libre y sin publicidad. Tu donación, puntual o mensual, garantiza la independencia de la redacción. ¡Gracias!
