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Más de dos décadas después de la caída del régimen de Nicolae Ceaucescu, los diputados han adoptado el 28 de febrero la llamada ley de depuración. El texto establece que "los antiguos responsables del Partido Comunista (PCR), los procuradores o aquellos que tomaron parte en la policía política no podrán ser nombrados para funciones públicas", a partir de su entrada en vigor, explica Evenimentul Zilei. Según el editorialista de Adevarul Grigore Cartianu, esta ley resulta inútil, puesto llega demasiado tarde:
su adopción, ahora que no puede producir ya efectos significativos, se asemeja a un suicida que quiere tirarse a los raíles tras el paso del tren.
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