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Una veintena de familias de víctimas de la masacre de Utoya pretenden llevar a los tribunales al Estado o a la policía.
Con dicha iniciativa quieren que sean determinadas las responsabilidad en [los fallos] de la policía el 22 de julio de 2011 cuando Anders Brevik asesinó a 69 personas en la isla en la que se reunían jóvenes del Partido Laborista.
La mayoría de estas familias son parientes de personas que murieron en los últimos 21 minutos de la masacre, en un momento en el que estiman que las fuerzas de seguridad deberían haber intervenido.
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