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El abandono de EE. UU. de su papel político global ha dado lugar a la reanudación de intensas conversaciones en torno a una Europa más “geopolítica”. Estas se han centrado en la postura que mantiene Europa en relación con las grandes potencias mundiales, a veces a costa de lugares donde la política exterior de la UE produce un impacto de mayor inmediatez, amplitud y duración.
La postura podría cambiar algo este otoño, cuando la Comisión Europea revelará una nueva estrategia para la cuenca mediterránea. Lo que será una oportunidad para revertir una estrategia cortoplacista que siempre ha hecho aumentar (y nunca disminuir) la inestabilidad en Europa y en países vecinos.
Marca una década desde la cumbre que dio lugar al Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, que ayudó a transformar la política regional europea en algo más cortoplacista, transaccional y contraproducente, donde se repetían errores en lugar de aprender de ellos.
En ningún lugar han sido tan evidentes las deficiencias del enfoque europeo como en Libia, donde a principios de este año se expulsó a las agencias de ayuda internacional, en medio de una ofensiva gubernamental contra la migración, lo que ha provocado un aumento de la violencia.
La UE ha buscado la cooperación de Libia en materia de acceso al petróleo, control de la migración y lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, la inestabilidad en el país sigue siendo profunda, con crecientes evidencias de que la financiación de la UE se dirige hacia el crimen organizado, en un entorno donde la línea entre las instituciones estatales oficiales y las milicias sigue siendo muy débil.
Numerosos actores estatales y no estatales están involucrados en la explotación de migrantes y la trata de personas, como lo confirman los testimonios de migrantes y los informes de organizaciones humanitarias. Las violaciones a gran escala de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario son frecuentes, a menudo vinculadas a grupos del crimen organizado.
Personas de muy alto nivel en el Estado libio están implicadas en estas violaciones, que incluyen la explotación de los trabajadores, los trabajos forzados, la esclavitud, la trata de personas, las detenciones, los secuestros para obtener un rescate, la violencia sexual y de género, las torturas y la extorsión.
Su modelo de negocio implica organizar salidas de migrantes mientras reciben fondos internacionales, siendo una práctica común la trata de personas que tienen que regresar.
La fragmentación y diversidad de los actores en Libia dificulta la creación de una imagen clara de la situación. Los migrantes y refugiados suelen pasar por múltiples intermediarios, incluyendo a los centros del Departamento para Combatir la Migración Irregular (DCMI) que frecuentemente los mueven hacia el norte, hacia el Mar Mediterráneo, aunque Europa no sea el destino pretendido.
Mientras tanto, la Guardia Costera libia desempeña un papel importante en la interceptación y devolución de migrantes a Libia, lo que aumenta el riesgo de que vuelvan a ser víctimas de trata.
La financiación que se facilita a las autoridades libias por la gestión de la migración y las fronteras carece de supervisión, lo que lleva a su mal uso y a una mayor explotación. Sin querer, la UE se ha hecho más vulnerable al chantaje y ha aumentado la inestabilidad en Libia.
No es un caso único
El daño a la reputación de la UE en el Sur Global –por sus vínculos con la tortura, la esclavitud, la violencia y la muerte en Libia– no es fácil de corregir. Lamentablemente, la historia libia no es una experiencia aislada, sino el reflejo de una estrategia más amplia de política exterior.
Tras la revolución libia, Agadez, en Níger, se convirtió en un centro de tránsito clave para los migrantes de África Occidental que se dirigían a Libia y Europa.
En 2015, la UE presionó al gobierno nigerino para que penalizara el tráfico ilícito de migrantes. Esto condujo a la implementación de la Ley 2015-36, que perturbó la economía migratoria en Agadez. La ley afectaba principalmente a los facilitadores de migración de bajo nivel, como conductores y "passeurs" (guías), en lugar de perseguir a los empresarios influyentes involucrados en las mayores redes de tráfico ilícito.
Esto condujo a la profesionalización y consolidación del tráfico ilícito organizado, mientras que la gente común que prestaba servicios comerciales se vio criminalizada. Este cambio contribuyó al desarrollo de una economía de conflicto, con actores armados locales que ejercen un mayor control sobre la actividad económica.
En 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU informó que la histórica ley antitráfico de Níger, respaldada por la UE, había "obligado a los migrantes a pasar a la clandestinidad y a enfrentarse a condiciones que los exponían a numerosas formas de abuso y violaciones de derechos humanos".
Los migrantes tuvieron que tomar caminos más peligrosos y tortuosos a través del desierto para no ser detenidos, lo que provocó un mayor número de muertes. La represión también provocó la pérdida de ingresos para muchos en Agadez, lo que empujó a antiguos traficantes y a quienes participaban en la economía migratoria a recurrir a la minería de oro y otras actividades ilícitas.
La criminalización exacerbó las tensiones existentes de mucho tiempo atrás, ya que la población local percibía en las acciones del gobierno una priorización de los intereses europeos sobre los suyos. Esto provocó tensiones en las relaciones entre las autoridades locales y nacionales y una mayor insatisfacción con la comunidad internacional.
Reacción contra la UE
Esta reacción no fue, ni mucho menos, el único factor que tras un golpe de estado en 2023, llevó al poder a un nuevo gobierno que se mostró más hostil a los intereses de la UE en general.
Pero resulta sorprendente que la derogación de la impopular ley fuera una de las primeras acciones del nuevo gobierno, y ya parece que al hacerlo podría haber aumentado la seguridad de los desplazamientos.
Una vez más, la diplomacia transaccional europea parece haber causado daños, fracasado en sus objetivos y haberse arriesgado a aumentar la percepción en África de que la UE es una fuerza neocolonial, en un momento en que Bruselas necesita urgentemente tender puentes en el Sur Global.
En toda la región, desde Egipto hasta Túnez y Mauritania, la UE ha restado prioridad a sus valores en derechos humanos y democracia para lograr objetivos a corto plazo en sus acuerdos.
Esta pérdida de credibilidad moral es peligrosa para la UE y corre el riesgo de ser contraproducente incluso a corto plazo, ya que el descontento vinculado a la política europea puede generar una respuesta repentina y contundente, que podría incluir la cooperación con los rivales de Europa.
Este peligroso momento global exige con urgencia líderes que tengan la valentía de defender los derechos humanos y los valores universales, mientras que otros muchos los abandonan
El enfoque actual también quema puentes con la sociedad civil y posibles aliados, a la vez que pone los intereses estratégicos europeos en manos de actores poco fiables que pueden abusar (y de hecho abusan) de su influencia.
Si la UE sigue poniendo objetivos a corto plazo, como el control de la migración y el acceso a los recursos, en el centro de su política para el Mediterráneo, socavará esas metas. Además, harán que se pierdan oportunidades para contribuir a la creación de una región estable y próspera de mayor amplitud.
El Pacto por el Mediterráneo, un nuevo marco para la negociación europea de acuerdos en la región, representa una oportunidad para cambiar de rumbo.
Este peligroso momento global exige con urgencia líderes que tengan la valentía de defender los derechos humanos y los valores universales, mientras que otros muchos los abandonan. Europa puede empezar a hacerlo con sus vecinos.
Necesitamos una estrategia que deje de intentar solucionar por la fuerza problemas aislados, como el contrabando, y que en cambio examine las conexiones entre los riesgos sistémicos y trate de abordarlos en beneficio de todos.
Una compleja combinación de inseguridad climática y ecológica, sistemas de tipos de cambio desiguales y fragilidad política y económica sigue avivando los conflictos, desplazamientos y crisis a ambas orillas del Mediterráneo.
Europa puede marcar una diferencia positiva a la hora de lograr una verdadera seguridad para todos mediante la inversión a largo plazo, el compromiso con los derechos humanos y el Estado de derecho, unas alianzas internacionales mutuamente beneficiosas que incluyan a las comunidades y a la sociedad civil, y un esfuerzo serio por mejorar la calidad de vida.
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