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El 13 de septiembre, el ministro francés de inmigración, Eric Besson, ha anunciado que no firmará los decretos de aplicación de la leyque imponían las pruebas de ADN para los inmigrantes candidatos a la reagrupación familiar en Francia. "No estoy en capacidad (…) de respetar el espíritu y el texto de la ley" ha declarado el ministro, un antiguo miembro del Partido socialista, quien considera que la diplomacia francesa no tiene los medios para asegurar la confidencialidad de los datos genéticos de los inmigrantes. La decisión ha sido bien recibida por las asociaciones de lucha contra el racismo a la vez que "ha desencadenado un clamor de protesta por el flanco derecho", subrayaLe Figaro. Los responsables de la mayoría parlamentaria reprochan al ministro principalmente por haber anunciado su decisión de forma unilateral, en una gran radio nacional privada y de no haber informado previamente al Parlamento. "Si la aplicación de una ley plantea problemas técnicos, el gobierno debe dirigirse al Parlamento", opina el presidente de la Asamblea nacional en las columnas del mismo periódico francés.
