De la crisis a la represión: activistas climáticos y medioambientales en el punto de mira

Según los daneses, Santa Claus vive en Groenlandia y su buzón se encuentra en Nuuk, la capital de Groenlandia. En vísperas de la Navidad de 2024, había un habitante destacado de Nuuk, con una larga barba blanca como la nieve y el pelo alborotado, que fácilmente se le podría haber confundido con Papá Noel, excepto por el hecho de que estaba encerrado en la prisión de la ciudad.

Afortunadamente, a Paul Watson lo liberaron justo a tiempo para que pasara la Navidad con su familia en Francia. Este activista contra la caza de ballenas, nacido en Toronto, llevaba recluido en la prisión de Nuuk desde julio de 2024, a la espera de que las autoridades danesas decidieran si lo extraditaban a Japón. Una notificación roja de Interpol emitida en nombre de Japón acusa a Watson de “Allanamiento de [una] embarcación, daños a la propiedad, obstrucción a la fuerza de la actividad empresarial, lesiones” (todo lo cual niega Watson).

La embarcación en cuestión, el Shonan Maru 2, pertenecía a la flota ballenera de Japón. Watson y otras personas llevan mucho tiempo acusando a Japón de eludir ilegalmente la prohibición de la captura comercial de ballenas impuesta por la Comisión Ballenera Internacional, alegando que sus operaciones tienen fines de investigación científica. En 2014, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya coincidió con Australia y Nueva Zelanda en que las actividades balleneras de Japón eran ilegales.

En The Conversation, Gilles Paché, profesor de Cadenas de Suministro en la Universidad de Aix-Marsella en Francia, expone el contexto cultural, histórico y económico de las operaciones balleneras japonesas y concluye que “el planteamiento de Watson pone de manifiesto el debate social más amplio sobre la responsabilidad global de proteger la biodiversidad y los límites del relativismo cultural”.

“En Japón, las acciones de Watson se consideran a menudo como un asalto provocador a una tradición cultural, una perspectiva destacada por algunos medios de comunicación europeos”, explica Paché. “Sin embargo, esta narrativa pasa por alto la poderosa maquinaria industrial que hay detrás de la caza de ballenas japonesa. Aunque la tradición desempeña una función importante, las operaciones balleneras de Japón también se impulsan mediante un complejo industrial apoyado por el Gobierno”.

Como señala Paché, las apelaciones a la “autenticidad cultural” japonesa se desmoronan cuando se observa el menguante mercado de carne de ballena (se consumen 2000 toneladas anualmente, frente a las 230 000 de los años 60), o se comparan las “técnicas a pequeña escala y de impacto limitado del pasado” con “las operaciones industrializadas que Watson critica en la actualidad. Solo en 2023, la flota ballenera de Japón mató casi 300 ballenas y las autoridades se han fijado un objetivo de 200 para 2024”.

En una entrevista realizada por Hortense Chauvin para Reporterre en septiembre de 2024, Watson también destacó la disminución del apetito por la carne de ballena (“menos del dos por ciento de los japoneses come carne de ballena”), al tiempo que acusaba a un grupo de “ultranacionalistas” y miembros de la yakuza de perpetuar la industria para su propio beneficio personal.

En un vídeo publicado por Vakita el 18 de diciembre, después de que el Ministerio de Justicia danés se pronunciara en contra de la demanda de extradición de Japón, Watson da las gracias especialmente al pueblo de Francia, a Emmanuel Macron y a Hugo Clément. Este último es un periodista y ecologista francés que creó Vakita en 2022 como medio “tanto de investigación como de acción”. Este medio ha movilizado al público, ha defendido la liberación de Watson desde su detención en julio y ha producido contenidos de vídeo exclusivos sobre el caso.

En un artículo en Libération a finales de octubre, Thomas Legrand defendió que Francia debería renovar su antigua tradición de conceder la ciudadanía a los luchadores por la libertad, sobre todo a los activistas medioambientales como Watson, que deberían situarse “bajo el mismo estandarte heroico” que los que lucharon contra el totalitarismo del siglo XX.

Dada la gratitud de Watson hacia Francia, resulta un tanto irónico que, según Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas para los defensores del medioambiente, Francia sea “el peor país en Europa” en cuanto a represión policial contra los ecologistas.

“La violencia de las fuerzas policiales es de otro mundo”, comentaba Forst a Emmanuel Clévenot en Reporterre. “Sus homólogos en el extranjero no comprenden la forma en que los franceses responden a las manifestaciones, ni entienden que se pueda emplear tanta violencia. [...] Aquí se lanzan indiscriminadamente gases lacrimógenos y granadas de efecto explosivo múltiple. El 'encapsulamiento', aunque está prohibido, se sigue utilizando. Son todos abusos que no se ven en otros países”. Si bien Francia puede ser el peor país en cuanto a represión policial, Forst afirma que Reino Unido es el peor en lo que respecta a represión judicial, al señalar las condenas de (aproximadamente) tres años impuestas a los activistas de Just Stop Oil.

Forst llama la atención especialmente sobre la función de los periodistas: “Es una mala señal la simple costumbre de que los periodistas cubran las manifestaciones protegiéndose de pies a cabeza. Los periodistas, cuyo notable trabajo saca a la luz las conexiones entre los intereses privados y las decisiones ecológicamente perjudiciales que toman los Gobiernos, son defensores del medioambiente y, como tales, merecen protección”.

Los comentarios de Forst sobre Reino Unido parecen confirmarse en un informe titulado “Criminalisation and Repression of Climate and Environmental Protests” (Criminalización y represión de las protestas climáticas y medioambientales), publicado por la Universidad de Bristol en diciembre de 2024. Tal y como señala  Catherine Early en The Ecologist, el informe concluye que “la policía británica detiene a manifestantes ecologistas y defensores del clima casi tres veces más que la media mundial”. La mayor proporción de manifestantes detenidos se registró en Australia, donde la policía arrestó a uno de cada cinco. A esto le sigue el 17 % de Reino Unido, muy por encima de la media internacional del 6,3 %”.

Oscar Berglund, el investigador que dirigió el estudio, citado en un artículo de Damien Gayle para The Guardian, afirma que “las protestas climáticas han aumentado de forma bastante acusada y la respuesta a ello ha sido una represión que tiene que verse en el sentido político más amplio de una crisis de la acción climática”.