La pobreza en Europa erosiona los derechos

Un sondeo y un informe, ambos publicados antes de las elecciones europeas, nos cuentan quiénes somos y cómo estamos a nivel colectivo. Me refiero al último Eurobarómetro, publicado a mediados de abril, y al informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), publicado a principios de junio. 

El Eurobarómetro afirma que, en vísperas de estas elecciones, los ciudadanos europeos estaban (y están) preocupados por el aumento de la pobreza, la exclusión social y el acceso a la sanidad.

"La inmigración no es la prioridad para los votantes europeos, a pesar de la prominencia del tema en los medios de comunicación y en las campañas políticas de los partidos de derechas durante el año pasado", explica Lisa O'Carroll, corresponsal de The Guardian en Bruselas.

Los ciudadanos y ciudadanas de la UE habrían preferido que se trataran con más prominencia la lucha contra la pobreza y la exclusión social (33 %), y el apoyo a la sanidad pública (32 %) durante la campaña electoral. Después le siguen la economía y la creación de nuevos puestos de trabajo, y la defensa y la seguridad, sobre todo en los países vecinos de Rusia (Dinamarca, Finlandia y Lituania).

En lo que respecta a la sanidad pública, cuatro años después de una pandemia que nos ha recordado la falta de camas hospitalarias (debido a los múltiples recortes de los últimos 30 años), de medicamentos y de personal (que no está suficientemente remunerado), la preocupación es legítima.

No podemos decir que les hayan escuchado.

Estas cifras no difieren mucho de las de la misma encuesta en diciembre de 2023. También vale la pena recordar que en 2022, según Eurostat, 95,3 millones de personas en la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, el 21,6 % de la población.

La pobreza nos perjudica a nosotros y a nuestros derechos

En EuObserver, Nikolaj Nielsen comenta los datos del último informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). La agencia afirma que los derechos fundamentales están en peligro en Europa. Y no solo porque haya gobiernos con prácticas cada vez menos democráticas, sino porque la pobreza y la exclusión social van en aumento. 

"El aumento del coste de la energía y de la vida ha empujado a la pobreza a una de cada cinco personas en toda la UE", dice el informe. En el informe también se puede leer que la infancia, las mujeres, los jóvenes, las minorías raciales y étnicas, los ancianos, las personas LGBTQI, los romaníes y las personas con discapacidad son quienes corren más riesgo de caer en la pobreza y de ver amenazados sus derechos fundamentales.

Según la FRA, los conflictos geopolíticos y el creciente racismo tienen parte de culpa;  pero también el hecho de que se reprima cada vez más a la sociedad civil: "Las excesivas intervenciones estatales, en particular contra los derechos a la libertad de asociación, y de expresión y a la reunión pacífica amenazan a la sociedad civil".

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En un artículo en el Tageszeitung, Alexandra Kehm relata algo muy parecido en Alemania: "Las personas asiáticas, musulmanas o negras tienen un mayor riesgo de pobreza que el resto de la población". Kehm cita datos del informe "Los límites de la igualdad: racismo y riesgo de pobreza" (Grenzen der Gleichheit: Rassismus und Armutsgefährdung). Mientras que el 10 % de las mujeres y el 9 % de los hombres están en riesgo de pobreza, estos porcentajes se elevan al 38 % en el caso de las mujeres musulmanas y al 41 % en el de los hombres musulmanes.

¿Cómo garantizar más derechos?

Existe una tendencia, si bien débil, a favor de la Europa social, como informaron Esther Lynch, secretaria de la Confederación Europea de Sindicatos, y Bart Vanhercke, director de investigación del Instituto Sindical Europeo. Cabe mencionar, por ejemplo, la directiva sobre el trabajo en las plataformas digitales o el salario mínimo.

El compromiso con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, lleno de buenas intenciones y con muchas posibilidades, se renovó el pasado abril con la Declaración de La Hulpe: firmada por la Comisión y el ahora ex primer ministro belga Herman De Croo en nombre de 25 Estados miembros de la UE (a excepción de Suecia y Austria), el Comité Económico y Social Europeo, la mayoría de los interlocutores sociales y la sociedad civil, deben sentar las bases del futuro de la Europa social, es decir, preparar la agenda social para el periodo 2024-2029.

Sin embargo,  estos avances a menudo quedan lejos en la vida de la ciudadanía. Y no hay más que echar un vistazo a la prensa para encontrar algunos ejemplos.

En The Guardian, un artículo de opinión del ex primer ministro británico, Gordon Brown, habla de los "hijos de la austeridad", es decir, los niños nacidos después de 2010 que "representan 3,4 millones de los 4,3 millones de niños que viven en la pobreza en el Reino Unido", una cifra que ha aumentado en unas 100 000 personas al año en los últimos 10 años debido a los recortes en las prestaciones sociales.  (por ejemplo, los numerosos recortes a los subsidios familiares, que ahora valen un 20 % menos, así como otras medidas mencionadas por Brown). "En los últimos 14 años se han producido acontecimientos aún más dramáticos: el Brexit, la covid-19 y la crisis energética derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, por nombrar solo tres. Pero por muy perjudiciales que hayan sido estos acontecimientos individuales para la vida de las personas, la única constante ha sido la austeridad", explica Brown.

Francia está debatiendo una reforma de los derechos de desempleo (cuyo futuro es ahora incierto debido a las elecciones previstas), que la revista Alternatives Economiques (entre otros medios) califica de "masacre": "Nunca, en los 66 años de existencia del seguro de desempleo, una reforma había maltratado de este modo a los trabajadores en paro, nunca un Gobierno ha agitado la porra tan repetidamente", escribe Sandrine Foulon, que recuerda los cuantiosos recortes de 2019-2021 y de 2023.

¿Otro ejemplo? Finlandia, cuyo caso analiza el sociólogo Michał Kulka-Kowalczyk (y miembro del Teollisuusliitto) en Krytyka Polityczna. Los recortes sociales del Gobierno llevarán a unas 68 000 personas más por debajo del umbral de la pobreza, entre ellas 16 700 niños. Los datos proceden de Soste, una organización que agrupa a unas 200 organizaciones sociales. Según un informe que el gobierno presentó a la Comisión, se trata en cambio de 94 000 personas. 

Abstención y desigualdad

Los resultados de las recientes elecciones son preocupantes, no solo por el espacio ocupado por la extrema derecha, sino por algo que nos empeñamos en ignorar: del total de votantes elegibles de toda la UE, solo votó el 50,8 %, con picos de participación en Bélgica, Alemania, Luxemburgo. Pero casi la mitad de los electores, casi la mitad de los ciudadanos europeos, decidieron no participar (o no pudieron, o no supieron, o simplemente no pueden participar en este ejercicio democrático). Las cifras más bajas de participación se dan en países como Croacia y Bulgaria, que se sitúan entre los países más pobres de la UE. 

"Las desigualdades sociales y territoriales afectan sustancialmente a la participación política. Estudios anteriores ya documentaron que la abstención es más pronunciada en los países con salarios medios más bajos y, dentro de los países, la abstención es mayor en los territorios más pobres y entre los individuos procedentes de un entorno socioeconómico bajo", explica Clara Martínez-Toledano, profesora adjunta de Economía Financiera y coordinadora de Distribución de la Riqueza en la World Inequality Database. "La extrema derecha está captando una parte sustancialmente mayor del voto en la mayoría de los países de la UE. Su énfasis en las cuestiones socioculturales, en particular las relacionadas con la inmigración, ha resultado muy eficaz para atraer a votantes de bajo nivel socioeconómico que antes votaban a partidos de izquierdas pero que ahora se sienten relegados por ellos."

La realidad es (también) la de un 5 % de la población europea, que posee el 43,1 % de la riqueza total, mientras que el 50 % menos afortunado (en términos económicos) posee el 8 %; en los últimos 30 años, la mayoría de los países de la UE han abolido el impuesto sobre el patrimonio.