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El 19 de diciembre, una operación de la Polícia de Segurança Pública (PSP, policía portuguesa) provocó una ola de indignación en Portugal. En la rua do Benformoso de Lisboa, varias personas fueron puestas contra la pared y cacheadas. Las imágenes se compartieron en las redes sociales, con un efecto viral.
Se ven a decenas y decenas de hombres contra la pared con las manos en alto; en el lado opuesto de la calle, una hilera de furgones policiales. Todos los hombres en cuestión tienen los mismos rasgos físicos, por utilizar un eufemismo. La operación duró dos horas y forma parte de una serie de intervenciones de “seguridad” del gobierno.
La escena tuvo lugar en un conocido barrio de Lisboa, Martim-Moniz, o Mouraria, donde residen principalmente personas de origen indio: el barrio “toma su nombre de la zona concedida a los moriscos, derrotados por los cristianos tras la Reconquista de 1147”, escribe Courrier International citando a la agencia Lusa. En febrero de 2024 (fecha del artículo) “se calcula que unos 15 000 musulmanes, en su mayoría procedentes del subcontinente indio, viven y trabajan allí, a veces en condiciones muy precarias”.
La escena produjo una respuesta inmediata y coordinada de la sociedad civil, que organizó una manifestación en la que al menos 15.000 personas (50.000 según SIC noticias) marcharon hacia Martim Moniz, informa Sonia Martínez en el portal español El Salto.
El lema de los manifestantes “Não nos encostem à parede” (“No nos pongan contra la pared”), se difundió a través de las redes sociales y con cuenta propia en Instagram. En la manifestación participaron personalidades de la cultura, periodistas e intelectuales, así como comunidades de inmigrantes y asociaciones antirracistas.
La manifestación se convocó en apoyo a “todas las personas que viven y trabajan en Portugal”, para que todas sean “tratadas con dignidad”. Esta actuación policial, añadieron los promotores, “no ha sido un caso aislado, sino que ocurre de manera habitual en otros suburbios de Lisboa y del país”.
Esta operación policial en nombre de la “seguridad ciudadana” contó con el beneplácito del primer ministro, Luís Montenegro, continúa El Salto, que añade: “La extrema derecha, con el partido político Chega como su máximo exponente, ha puesto el foco en Martim Moniz, alarmando a la ciudadanía sobre las personas migrantes que residen y circulan por la zona, creando un notorio discurso xenófobo y racista. En un evidente giro a la ultraderecha, el Gobierno de Montenegro se ha apropiado de ese discurso poniendo en marcha mecanismos de seguridad para criminalizar a los trabajadores migrantes”.
No es la primera vez que Chega organiza manifestaciones en el barrio contra la “islamización en Europa”.
El barrio de Mouraria también es conocido por ser una zona de venta de drogas y tráficos varios, pero, como explica Miguel Coelho (Partido socialista), en representación del gobierno local de la ciudad y a quien se cita en el diario Público, esto no está relacionado con la presencia de inmigrantes. Coelho condena la operación policial, que considera “inaceptable” por su “postura, la forma en que se apuntó a un grupo social y étnico, y su duración”.
El acontecimiento de Mouraria pone sobre la mesa, por enésima vez, una cuestión que preocupa a Europa: la de la violencia policial, especialmente en determinados territorios (las llamadas “periferias”), donde se concentran e incrustan una mezcla de desigualdades sociales, territoriales y de vivienda.
Paralelamente, asistimos a la gentrificación de los centros históricos, una experiencia que Lisboa ha vivido de forma más rápida y violenta que muchas otras ciudades europeas: “En el espacio de una década, los precios de la vivienda en Lisboa se han disparado enormemente, con un aumento del 120 % entre 2012 y 2022, principalmente debido a los bajos niveles de inversión en el sector y a la ausencia de políticas públicas para frenar la especulación. Los alquileres también han aumentado de manera considerable, con un incremento del 30 % en los últimos cinco años. Al mismo tiempo, los salarios se han mantenido prácticamente sin cambios, reduciendo así el poder adquisitivo de la población”, escribe el catedrático de urbanismo Agostino Petrillo en Terzo Giornale, la revista de la Fundación para la Crítica Social.
En Mediapart, con motivo de un reportaje para el 50º aniversario de la Revolución de los Claveles (1974-2024), el periodista Mickaël Correia, entrevistó el pasado mes de abril a varios activistas específicamente sobre la cuestión de la vivienda: Correia cita a António Brito Guterres, miembro de Vida Justa, movimiento que reúne a más de 80 organizaciones y colectivos que reivindican una vida digna, especialmente para los habitantes de los barrios más pobres.
Brito Guterres, investigador en estudios urbanos, explica: “Durante la Revolución de los Claveles, Lisboa era una ciudad poscolonial. Pero la segregación racial provocada por la crisis inmobiliaria está convirtiendo nuestra capital en una metrópolis colonial”.
Las manifestaciones en Portugal
La manifestación del 11 de enero en Lisboa se inscribe en la historia de otra, que tuvo lugar el pasado 26 de octubre, organizada también por Vida Justa, y que fue convocada a raíz de la muerte de Odair Moniz, caboverdiano de 43 años, residente en Portugal desde hacía más de dos décadas, padre de tres hijos y gerente de un bar. El hombre sufrió heridas mortales el 21 de octubre de 2024 durante una operación policial.
La historia de esta muerte se hace eco de otras, en otros suburbios urbanos, en otros países (ya hemos hablado de Ramy Elgaml y Nahel Merzouk). En un primer momento, la policía afirmó que Moniz se había negado a identificarse y había atacado a los agentes con un cuchillo. Esta versión fue desmentida por las grabaciones de vídeo y se abrió una investigación.
En los días siguientes a la muerte de Moniz, el barrio de Amadora, donde vivía, fue escenario de enfrentamientos entre sus habitantes y las fuerzas policiales. “A pesar de la incertidumbre sobre las circunstancias del tiroteo, el líder del partido de extrema derecha antiinmigración Chega, André Ventura, se apresuró a hacer declaraciones, instando a los ciudadanos a dar las gracias a la policía por su actuación. El agente que disparó a Moniz debería ser 'condecorado, no acusado', dijo”, comenta Ashifa Kassam en The Guardian.
En 2023, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en Portugal, citando información que sugería la persistencia de una “práctica profundamente arraigada contra las personas de origen africano”.
¿Cuántas personas han muerto a manos de la policía en Portugal? En una investigación de la Red Europea de Periodismo de Datos en la que participó Voxeurop, Pedro Miguel Santos, de Divergente escribe “Los informes de 1996 a 2023 indican que las fuerzas y servicios de seguridad portugueses mataron a 80 personas durante estos 28 años. El PSP mató a 49 personas, la Guardia Nacional Republicana (GNR) a 30 y el Servicio Nacional de Inmigración y Fronteras (SEF) (que ha sido disuelto) a una. Las décadas de 1990 y 2000 fueron las más mortíferas; 2003 marcó el pico con seis muertes. No hay datos sobre las muertes causadas por otros cuerpos, como la Policía Judicial portuguesa (PJ) o la Policía Marítima (PM)”.
Pero, continúa Santos, las cifras son inconsistentes, al igual que la metodología utilizada: “El caso es que el Estado no sabe cuántos de sus agentes mueren, ni sabe a cuántos de sus ciudadanos mata. (...) Cincuenta años después de la Revolución de los Claveles, es intolerable una falta de transparencia tan flagrante”.
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