Propuesta ómnibus: la oleada desreguladora de la UE arrincona el cambio climático

En febrero de este año, la Comisión Europea propuso retrasar dos años las directivas sobre información corporativa adoptadas recientemente, como parte de una propuesta denominada “Ómnibus”. El texto Ómnibus, un paquete de enmiendas cuyo fin es reducir las cargas normativas que pesan sobre las empresas, propone simplificar y reducir el ámbito de aplicación de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), la Taxonomía de la UE, la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD) y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM).

Pero tiene muchas más implicaciones. Tal y como han señalado ONG y grupos ecologistas, la propuesta Ómnibus es un paso atrás y una señal de que la política europea, dominada por la derecha, ya está dando un giro de 180 grados en lo que respecta a medioambiente.

Antes de nada, lo primero que deberíamos hacer todos es leer qué contiene la propuesta “Ómnibus de simplificación” de la UE sobre normas de sostenibilidad y que ha escrito Kate Abnett para Reuters.

Laurence Scialom ha analizado el significado de esta acción en Alternatives Economiques. “La responsabilidad de las empresas e instituciones financieras, sobre todo las que cotizan en bolsa, ya no se limita a sus resultados financieros y a la creación de valor para los accionistas. También deben gestionar y asumir la responsabilidad de las repercusiones negativas reales y potenciales de sus estrategias y decisiones sobre las personas, la sociedad y el medioambiente.

Por lo tanto, este conjunto de normativas europeas constituye un verdadero cambio de paradigma y desemboca en una especie de reinserción de la empresa en la sociedad y, más en general, en los ecosistemas. Sin embargo, el riesgo de desbaratar estos logros es ahora importante.

Al deshacer el Pacto Verde, estamos perdiendo nuestro liderazgo y estamos reconociendo que Europa se centrará ahora en adaptarse al cambio climático en lugar de combatirlo. Nos estamos sacrificando ante una lógica cortoplacista de competencia entre Estados, estamos creando incertidumbre para todos los agentes que ya se han comprometido con un planteamiento ambicioso en términos de sostenibilidad. Por consiguiente, estamos penalizando a los más virtuosos. La guinda del pastel es que estamos ofreciendo a China el papel de líder en el ámbito de la sostenibilidad y reforzando así su atractivo en el sur global”.

El periodista Wester van Gaal desvela en EUobserver lo que hay detrás de las nuevas legislaciones de la UE: una flagrante distorsión de los datos. “En diversos documentos y declaraciones, la Comisión ha defendido sus planes basándose en los costes”, explicaba van Gaal, citando las previsiones de la UE de que las nuevas “medidas de racionalización” reducirán los costes en unos 5000 millones de euros al año. No obstante, señaló que “estas cifras son cálculos aproximados”. “Incluso si se materializan, estos ahorros son probablemente demasiado reducidos para que tengan un impacto importante en los balances de las empresas. Según las propias estimaciones de la Comisión, los costes de los informes de diligencia debida (CSDDD) oscilan entre los 52 200 euros en grandes empresas y los 643 000 euros en empresas muy grandes con un volumen de negocios superior a 5000 millones de euros”.

Tal y como calculó la ONG holandesa  SOMO, “incluso con la estimación más alta (643 000 euros), los costes anuales de cumplimiento representarían solo el 0,01 % del volumen de negocios anual de la empresa media de CSDDD y el 0,09 % de su beneficio neto en 2023 (y el 0,13 % de las retribuciones a los accionistas)”.

Eric Bonse en Taz citó a la derecha: “Se acabaron las tonterías climáticas”. Sin embargo, también afirman: “Cabe preguntarse si esto será suficiente para alcanzar a Estados Unidos y China”.

Adhik Arrilucea mencionaba otra parte de las propuestas presentadas junto a la Ómnibus, conocida como Plan de Acción para una Energía Asequible, para abaratar al máximo la energía. En Público, Arrilucea describía el plan básicamente como un pacto con el diablo: “Bruselas da la espalda al Pacto Verde en su apuesta por el gas natural: 'Es neocolonialismo extractivista'”.

Sin embargo, en medio de estas preocupaciones, se han producido algunos avances positivos, parciales pero notables, en Francia e Italia.

En Francia se ha dado un importante paso legislativo contra los contaminantes ambientales persistentes (PFA). Justine Guitton-Boussion en Reporterre nos habla de la nueva ley, que representa una victoria para los ecologistas y responde a los estudios que ponen de relieve los efectos nocivos para la salud de las sustancias químicas.

Mientras tanto, en Italia, las negociaciones ampliadas de la COP16.2 sobre biodiversidad concluyeron en Roma con un compromiso que pretende hacer operativo el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal establecido en 2022. El acuerdo establece una hoja de ruta para movilizar recursos financieros, con el objetivo de destinar 200 000 millones de dólares anuales a la conservación de la biodiversidad para 2030. Fabrizio Fasanella destaca la compleja interacción entre los objetivos medioambientales y las consideraciones geopolíticas en Linkiesta.

Como afirma Scialom, “puede que la partida no haya terminado, aunque la esperanza de un repunte sea escasa”.