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El 3 de agosto, el ministro de Finanzas rumano deberá tomar "la decisión política más importante del año": deberá decidir "a quién se sacrificará, si a los funcionarios o a los empleados del sector privado”, según informa România liberă en su titular. En un momento en que la economía rumana muestra signos de recuperación, el Gobierno tendrá que elegir entre un aumento de los salarios de los funcionarios, que se habían disminuido en un 25% en 2010, o una reducción de las contribuciones patronales, aumentadas en 2009, y todo esto, de conformidad con el acuerdo firmado ese mismo año 2009 con el Fondo Monetario Internacional, a cambio de su apoyo. Se trata de un reto que es “a la vez económico y político”, explica el diario de Bucarest: "la reducción de los impuestos permitirá la reactivación de la contratación y del consumo. Pero el Gobierno podría verse tentado de favorecer a los funcionarios”, con motivo de las elecciones legislativas del 2012.
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