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Bajaron a la calle en 1989, provocando la caída de Nicolae Ceausescu, pero posteriormente muchos "traficaron con certificados de revolucionarios" para beneficiarse de la ley 42/1990, que concedía numerosos privilegios a los que podían demostrar que habían sido revolucionarios. Fueron de 20 a 30.000 "escogidos a dedo entre millones de rumanos que se manifestaron en ese momento, explica Revista 22, que los califica de "aprovechados de la Revolución", y aplaude la intención del primer ministro Emil Boc de suprimir sus privilegios. "Las reacciones de los revolucionarios son virulentas", explica el semanario, "pero Boc no se va a echar atrás porque cada año en Estado gasta 80 millones de euros para pagar sus privilegios. Acierta en mantener a cargo del Estado los heridos y herederos de los fallecidos" (unas 1.000 personas murieron en diciembre de 1989). Ante las protestas de las "víctimas" del primer ministro, George Costin, secretario de Estado para los Asuntos de los Revolucionarios, afirma : "El mal ya está hecho. Ha habido una ley destinada a comprar a la gente. Es demasiado tarde para volver atrás".
