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Todos somos piratas

La venta de Pirate Bay, el sitio web de ficheros compartidos más importante del mundo, y la voluntad de ciertos gobiernos, sobretodo Francia, de penalizar aún más la teledescarga ilegal relanza el debate sobre la propiedad intelectual. Sin embargo, señala el semanario rumano Dilema Veche, todos los internautas son potenciales delincuentes en Internet.

Publicado en 22 julio 2009 a las 17:52
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La piratería de múltiples soportes en la industria de distribución de los vinilos o los cassettes fue una práctica muy extendida en Rumanía desde la década de los cincuenta. Y del mismo modo que en los años 80 circulaban fotocopias de los libros que el sistema comunista había "prohibido", en los años 90 surgieron grandes coleccionistas de cassettes y CD piratas. Para ellos, la transición al mp3 ha sido sencilla. Por lo tanto, resulta fácil hablar de la piratería en el contexto rumano, ya que la historia nos ha demostrado que una copia podía tener más valor que el original. Los rumanos nacen siendo piratas. Adaptamos con facilidad las nuevas tecnologías a nuestras necesidades y se considera que el soporte multimedia es gratuito.

Pero la realidad es más complicada que eso. El caso de Pirate Bay[uno de los principales sitios de descargas en el mundo] que ha acabado como Napster, comprado por una multinacional que desea acabar con el principio de kopimi [cópiame] y de hacer pagar los derechos de difusión del sistema p2p (peer to peer o red entre iguales), es un buen ejemplo de la forma en la que se desarrolla el asunto. Todos somos culpables del proceso de Pirate Bay y el hecho de ser conscientes de ello debería transformar el uso compartido de la información en fenómeno de masas. Cuando nos demos cuenta de que participar en este hecho significa no sólo descargar [recibir] sino también cargar [enviar] archivos, seremos lo suficientemente maduros para participar en el ecosistema multimedia. Tanto si se trata de periodismo cívico como de redes sociales que apliquen el principio de "open-source" a todos los dominios.

En plena crisis económica, los organismos responsables de proteger los derechos de autor y los gobiernos crean leyes disuasivas, dispuestos a defender a sus países contra los adolescentes sin un céntimo que quieren leer y escuchar música. Se tiende a imponer impuestos. Los fundadores de Pirate Bay son los héroes del fenómeno y Peter Sunde [fundador y portavoz de Pirate Bay] también ha sido el primer acusado que ha compartido sus opiniones a través de Twitter desde el banquillo del tribunal durante el proceso judicial. El espectáculo multimedia o Spectrial [palabra compuesta por "spectacle" (espectáculo) y "trial" (juicio)] resultante ha servido de plataforma electoral del Partido de los Piratas, presentes desde este año en el Parlamento Europeo. [Antes y durante el juicio, los acusados han multiplicado el espectáculo y han difundido comunicados en el sitio de Spectrial para mediatizar su causa]

Hace unas semanas, en Estados Unidos se ha multado a una madre soltera con 1,9 millones de dólares por haber descargado 24 canciones en Kazaa. En uno de los anuncios de la campaña alemana contra la piratería, una madre y su hijo de cuatro años cantan "Cumpleaños feliz" ante la cárcel donde se encuentra preso el padre por haber descargado un dibujo animado para su hijo. Los franceses no sólo tienen intención de cortar la conexión a Internet de los que realicen descargas ilegales (después de tres avisos) sino de obligarles a seguir pagando la suscripción. La diabolización de los que comparten archivos sin pagar un tributo a las grandes empresas que los producen se alimenta de las espantadas que el sistema agita al azar. Tratar de declarar la guerra a todos es una medida no sólo ineficaz, sino también irracional. El argumento más sólido contra la piratería, que puede invalidarse con las cifras que indican que las ventas de productos culturales digitales no descienden, sino que aumentan, se basa en la defensa de los artistas que necesitan el dinero de los consumidores para vivir y crear. Pero para regular este concepto, basta con replantear el contexto jurídico sobre los derechos de propiedad intelectual. Los músicos se cubren las espaldas con los conciertos y el márketing alternativo, algo más rentable que entre el 5 y el 7% que obtienen, a título de artista, de la discográfica. En lo que respecta a la industria del cine, ésta ya ha comprendido que los avances tecnológicos son rentables y que le permiten desarrollar otras artimañas, como el cine 3D, 6D etc., con las que nos divertiremos más en público que en casa.

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La guerra declarada a los usuarios, muchos de los cuales no pueden permitirse las compras legales (un trabajador chino tendría que trabajar cien horas para comprarse la licencia de Windows, mientras que uno japonés sólo tiene que hacerlo 40 minutos), se basa en estrategias inadaptadas al nuevo paradigma de la información. Un día maduraremos y empezaremos a considerar lo virtual como un nuevo elemento natural. Entretanto, imponer una "licencia global" de cantidad fija, un impuesto mensual por la descarga de productos culturales digitales, cuyo sistema de derecho de autor está claro, en lugar del absurdo principio de "tres pasos en falso y estás perdido", podría ser un comienzo más inteligente y más eficaz que la acción de culpar y multar a millones de usuarios.

PUNTO DE VISTA

La tecnología va más rápido que la ley

Según afirma un informe en Financial Times, el uso compartido ilegal de archivos es casi tan antiguo como la propia Internet y se estableció de forma dominante a través de Napster en 1999. Diez años después, la industrial musical no ha logrado resolver los problemas que creó Napster. Según FT, por cada canción comprada en línea el año pasado, se descargaron 20 de forma ilegal. La industria del cine también teme esta situación.

Sin embargo, una industria “que se considera víctima y al mismo tiempo demanda a madres solteras y a otros consumidores normales para percibir grandes sumas de dinero, sólo ha conseguido contribuir a la causa de Pirate Bay y de los usuarios que intentan crear una ideología robando música y películas”, señala FT. Su causa ha llegado al Parlamento Europeo con la elección en Suecia de Christian Engström, el primer eurodiputado del Partido Pirata. Su objetivo es reducir la duración de la protección del copyright comercial a cinco años y además está impulsando la legalización de “la copia y el uso no comercial”. Afirma que, al igual que las empresas que vendían hielo no consiguieron que los frigoríficos fueran ilegales, la ley no debería proteger un modelo empresarial obsoleto. Algunos expertos en la industria pueden estar de acuerdo, alegando que puesto que la tecnología va más rápido que el precedente legal, ir a la caza de nuevos sitios es inútil.

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