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Los ministros de Justicia de los Estados miembros comenzaron a discutir, a principios de octubre, sobre la creación de una oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO).
Prevista por el tratado de Lisboa, la idea tomó forma en el pasado mes de julio a través de la propuesta avanzada por Viviane Reding, comisaria europea de Justicia, Ciudadanía y Derechos Fundamentales, motivada por la necesidad de tener una institución dedicada a la defensa de los intereses financieros de la UE.
“Varios Estados, entre los que figura Francia, Bélgica, Luxemburgo, Portugal y Croacia, ya se han pronunciado a favor de la creación de tal institución”, precisa Romania libera, mientras que Rumanía ha dado su acuerdo de principio. Polonia y Hungría se oponen al mismo.
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