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Por lo general, son las mismas personas que no descargan ilegalmente películas en Internet porque consideran inmoral privar de sus derechos al autor de una obra. Son las personas que siguen el precepto del filósofo Immanuel Kant cuando decía algo así: piensen en lo que ocurriría si todo el mundo hiciera lo mismo. Entonces, ¿qué pueden pensar esas personas, que existen realmente, de un gobierno que está considerando seriamente comprar los datos robados a instituciones bancarias para desenmascarar a los defraudadores fiscales y reclamarles los impuestos atrasados?
Una concepción particular de la justicia
Piensen en lo que ocurriría: el Estado se concede el derecho de infringir la ley porque algunos políticos tienen una concepción particular de la justicia. Es el caso de Sigmar Gabriel, presidente del SPD, que ha resumido este delicado problema declarando que "no podemos dejar escapar a delincuentes, sólo porque han sido desenmascarados por otros delincuentes". (El 1 de febrero, por su parte, la canciller Angela Merkel declaró que era necesario "emprender todas las acciones necesarias para obtener estos datos").
¿Es éste el concepto de justicia del gobierno (SPD) y del SPD, es decir, infringir la ley ellos mismos para atrapar a los defraudadores? El hecho de que el fin (llenar la caja del Estado) justifica los medios, revela su concepto táctico en el Estado de derecho. Y se permite erigirse por encima de la ley. La adquisición de bienes robados para su propio beneficio constituye sin duda un delito de encubrimiento que puede castigarse con penas de prisión de hasta cinco años. La simple tentativa de adquisición de bienes robados constituye ya un acto penado por la ley.
‘El poder corrompe inevitablemente la razón’
Pero si el Estado tiene derecho a definir su propia moral con respecto a la ley, ¿por qué no pueden hacer lo mismo los ciudadanos? Como garante del Estado de derecho, ¿acaso el gobierno no está más obligado a respetarlo? ¿No tiene la ley precisamente la función de limitar el poder del Príncipe para que éste no sea libre de hacer lo que considere oportuno?
Después de todo, a los ciudadanos que piensan llevar su dinero a Suiza no les faltan buenos motivos para justificarse. ¿No es preferible garantizar a su hijo una educación de calidad en lugar de tirar ese dinero a las fauces del monstruo estatal? ¿No es más noble dar algunos euros de más a la asistenta [que cobra en negro] que entregar todo eso al fisco? Si el mismo Estado define su derecho, ¿por qué no pueden hacerlo los ciudadanos? Entonces es posible que los contribuyentes que pagan sus impuestos porque consideran inmoral infringir la ley comiencen a dudar de la palabra de Emmanuel Kant.
Y piensen entonces qué podría pasar.
La visión de Suiza
Angela Markel acaba con el secreto bancario
Las declaraciones de la canciller Angela Merkel no dejan lugar a duda. Ya puede implorar Berna lo que quiera o plantear una ridícula amenaza de negación de colaboración: Alemania comprará la lista de alrededor de 1.500 nombres de practicantes de evasión fiscal. Poco importa que esta lista haya sido robada. La crisis abierta con Alemania es tan grave, si no más, que la que enfrenta a Suiza con Estados Unidos. Al lado de la brecha abierta con el vecino germano, la crisis actual con Francia parece una nimiedad. Alemania no sólo es el primer socio comercial de Suiza, sino que sus residentes también han depositado su dinero en Zúrich. A la evasión fiscal le va a seguir la fuga de capitales alemanes de los bancos de Zúrich. El impacto económico será grande. ¿Cómo van a poder seguir confiando en los bancos helvéticos los clientes extranjeros? Suiza puede gritar escandalizada. Y con razón. Porque Alemania está a punto de convertirse en encubridora de un delito. Ilegal y contra toda ética. Que Berna, Washington, París o Berlín dejen de hacer alardes. Esta partida de ajedrez mundial alrededor del secreto bancario está condenada por sus relaciones de poder. El golpe de efecto de Alemania ha tirado al suelo a una Suiza que ya estaba arrodillada. Digan lo que digan el gobierno y los expertos, el secreto bancario ha muerto.
Pierre Ruetschi, Tribune de Genève (extractos)
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