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Varias decenas de miles de personas se han manifestado nuevamente el 28 de octubre en Budapest bajo el llamamiento de las organizaciones que se oponen al proyecto de introducción de un impuesto sobre Internet y piden la dimisión del Gobierno de Viktor Orbán. El Gobierno presentó a principios de semana un proyecto de ley revisado que prevé que las empresas paguen una suma máxima de 16 euros al mes.
Varias asociaciones profesionales “han publicado un comunicado común para protestar contra la Tasa Internet”, escribe Népszabadság, en el que “afirman que esta tendrá consecuencias devastadoras directas para los suministradores de acceso a Internet e indirectas para los ciudadanos”. En efecto, subraya el diario,
Estas organizaciones ponen de manifiesto el hecho de que la alfabetización digital, la difusión y la utilización de Internet y de los servicios en línea han sido durante largo tiempo una prioridad del Gobierno. En el pasado, los suministradores de acceso a Internet han hecho numerosos esfuerzos para hacer que el público se pueda beneficiar de una vasta oferta de servicios en línea, lo que ha permitido a la economía húngara ganar en eficacia y en competitividad. La tasa Internet producirá efectos totalmente inversos.
El diario recuerda que la comisaria europea saliente de Agenda Digital, Neelie Kroes, expresó su apoyo a la oposición a la tasa Internet.
Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
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