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Contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿una “internacional” antimigración en Europa?

Nueve países europeos han criticado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, acusándolo de obstaculizar sus respectivas políticas migratorias. La prensa europea reflexiona sobre esta postura.

Publicado en 19 junio 2025

En lo que respecta a la actualidad sobre migración, muchos aspectos me recuerdan a la reciente caída política de Rishi Sunak. Con el fin de evitar un fracaso electoral, el ex primer ministro conservador de Reino Unido se aferró al tema migratorio. Multiplicó las propuestas radicales como la “solución ruandesa” y cuestionó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) (que le había impedido poner en marcha su plan de expulsión) en una huida hacia adelante que al final desembocó en el triunfo de la izquierda inglesa.

En aquel momento, Sunak parecía estar muy solo. Pero hay que reconocer que actualmente las cosas han cambiado mucho. En una carta publicada el 22 de mayo, nueve países europeos (Dinamarca, Italia, Polonia, Bélgica, Austria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania) atacaban al Tribunal, reprochándole haber ampliado demasiado el alcance del Convenio Europeo de Derechos Humanos en algunos casos. Según exponían, el TEDH impediría a los Estados miembros ejercer su autoridad en materia de expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos. Además, exigían que se volviera a evaluar la función de la instancia internacional.

El Consejo de Europa, del que depende el Tribunal, ha llamado al orden a los Estados signatarios y ha pedido que no se politice el Tribunal, antes de negarse a debilitar el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Pendiente resbaladiza

“Estoy sorprendida y triste al ver que Bélgica se alía con países que ya han atacado de frente a la justicia”, comenta conmovida Françoise Tulkens, exjueza y vicepresidenta del TEDH, en una entrevista de Agathe Decleire para el diario belga Le Soir. “Bélgica siempre ha estado a la vanguardia en estas cuestiones”, señala. “Cuesta creer esta firma”.

En opinión de Tulkens, el argumento de que el TEDH se ha alejado de su interpretación original no es válido, debido a su carácter vivo y maleable. Considera que la carta abierta es un “ataque al Estado de derecho” y la interpretación que exigen los signatarios, un “sepulturero de los derechos fundamentales”. Lo que está en juego es importante: el TEDH puede impedir una expulsión si la persona afectada corre el riesgo de sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes en el país de destino.

El diario belga también publicó la respuesta de quince profesores universitarios que se mostraron indignados por la actitud de los Estados signatarios.

En el diario danés Berlingske, Kalinka Aaman Agger entrevista a Zenia Stampe, portavoz del partido Radikale Venstre (RV, de centroizquierda). Aunque su formación política apoya la idea de poder expulsar a los delincuentes de origen extranjero, Stampe se plantea varias preguntas. “¿Cuál es la definición de un criminal reincidente? ¿Los pequeños delincuentes corren el riesgo de que se les expulse? ¿Y qué es necesario hacer para ser expulsado?”. En su opinión, la Convención de Derechos Humanos garantiza un equilibrio proporcional entre la gravedad del delito y el apego al país.


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Para Stampe, se plantea una cuestión: ¿queremos abandonar la idea de proporcionalidad en el juicio? “La situación más preocupante es que incluso las personas con pasaporte danés que tienen orígenes extranjeros empiecen a temer que se les considere ciudadanos de segunda clase y que, a la mínima oportunidad, se deshagan de ellos”.

“Los derechos fundamentales no son concesiones”

En Valigia Blu, Giulio Fedele plantea un análisis largo y exhaustivo de la carta abierta y de sus posibles desviaciones. Entre otros problemas, el periodista italiano revela el hecho de que pone en duda “el concepto mismo de derechos humanos, sugiriendo que su protección debe ser ‘merecida’ y que puede perderse si un ciudadano no se ajusta a las normas de la convivencia social”.

“[La carta] afirma que algunos migrantes habrían elegido no integrarse, ‘aislándose en sociedades paralelas y alejándose de los valores fundamentales de igualdad, democracia y libertad’, hasta el punto de no contribuir ‘positivamente a la sociedad que los acogió y optando por cometer delitos’. De ello se deduce que, precisamente por estas razones, la protección de sus derechos debería reducirse o atenuarse: ‘Es incomprensible que algunas personas puedan llegar a nuestros países, disfrutar de nuestra libertad y nuestras numerosas oportunidades y, además, decidir cometer delitos’.”

Cuando se habla de migración, surge una pregunta fundamental: ¿quién tiene derecho? “Los derechos fundamentales no son concesiones discrecionales, sino garantías imprescindibles que deben respetarse para todas las personas, independientemente de su conducta, su condición, las circunstancias políticas, la existencia de antecedentes penales o la regularidad o irregularidad de su entrada en el territorio del Estado”, prosigue Fedele.

Por su parte, en Il Manifesto, Giansandro Merli se pregunta sobre la finalidad de una revaluación así de la función del TEDH. “Para socavar los derechos, se empieza siempre por los casos límite, los ‘enemigos públicos’. Pero nunca se para ahí”, afirma. “Prueba de ello son las deportaciones ilegales de Donald Trump, que también afectan a personas sin antecedentes penales y que son objeto de un conflicto violento con la magistratura. La carta se inscribe en esa línea: tiene un tono suave, pero la señal es evidente”.

El Tribunal no es una institución totalmente desconectada del resto del mundo: su presupuesto depende en gran medida de la financiación de los Estados miembros y los jueces son nombrados en el ámbito nacional, como recuerda Merli.

Pasquale De Sena, profesor de derecho internacional en Palermo, explica al periodista que “lo grave es que esta acción puede ser el preludio de un incumplimiento colectivo y concertado de las sentencias del TEDH en la materia, si no se llega a un acuerdo. Pero la jurisprudencia de un tribunal no puede ser objeto de negociación”.

“Por mucho que diga Meloni, la carta no ha tenido el éxito esperado. Aparte de Dinamarca [e Italia], solo la han firmado siete países”, concluye Merli. “Llama la atención la ausencia de Alemania y de otros grandes países de la UE. Nueve de 27 miembros de la UE son pocos. Nueve de 46 miembros del Consejo de Europa, donde tiene su sede el TEDH, aún menos. Pero lo que está claro es que el camino se ha abierto”.

Ayer, un país contra el TEDH. Hoy, nueve. ¿Cuántos serán mañana?

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