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En 2021, el mercado laboral europeo contaba con 8,84 millones de ciudadanos de países de fuera de la Unión Europea, es decir, algo menos del 5 % de la población de entre 20 y 64 años, según cifras de la Comisión Europea. Los trabajadores extranjeros de fuera de la UE estaban excesivamente representados en profesiones denominadas “en tensión”, es decir, ayudas domésticas, servicios a particulares, oficios en la construcción, etc. Algunos Estados miembros, enfrentados a este déficit de mano de obra, han llegado a la misma conclusión: es necesario encontrar a personas para ocupar estos puestos. Europa necesita a la migración.
Se trata de un imperativo que parece que al continente le cuesta trabajo conjugar con su propia visión de la gestión migratoria, basada en una filosofía de Europa como una “fortaleza” a que no puede entrar todo el que quiera. Ahora que el nuevo pacto sobre migración y asilo entra en la recta final, “Europa está atascada en una relación necesidad-odio con los migrantes”, titula The Economist. “No debería olvidar que mañana podría estar invitando de forma educada a esas mismas personas que hoy deja ahogarse”, avisa el semanario británico.
Una constatación que comparte también Alberto-Horst Neidhardt, director del programa sobre migración y diversidad en el European Policy Center (EPC): “Europa debe reflexionar sobre sus necesidades: su población envejece, hay puestos vacantes y personas que buscan estos empleos”, expone en una entrevista en el medio belga Alter Échos. “Están dispuestos a sacrificar su vida para lograrlo. En cambio, nosotros queremos enviarles de nuevo a sus países”, lamenta Neidhardt. En su opinión, la migración no solo supone una oportunidad económica para los Estados miembros: abrir el mercado europeo sería también un modo de reducir las desigualdades en el ámbito mundial.
“La escasez de mano de obra en Europa justifica que la región establezca un nuevo contrato con sus trabajadores migrantes”, opina por su parte Ankita Anand en un análisis publicado en Social Europe. “Sin embargo, el cambio debería estar impulsado por los principios humanos de libertad, igualdad y dignidad, y no solo por la economía”.
La periodista critica el modelo de concesión de visados de los países empleadores, que describe como “un sistema oscuro que invita ostensiblemente a los trabajadores a convertirse en víctimas de intermediarios ilegales que facilitan su migración, al mismo tiempo que exigen una importante suma en concepto de ‘costes’”. Un funcionamiento parecido arrastra a los migrantes a una espiral de endeudamiento y es necesario replanteárselo, como denuncia Anand.
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Polonia no ha escapado a la crisis de profesiones en tensión, como informa Joanna Clifton-Sprigg en el medio polaco OKO.press. El país también necesita a la migración. “[...] No basta con dejar entrar a las personas para tener éxito”, señala no obstante Clifton-Sprigg. “Debemos aceptar que son diferentes a la población local y, para hacer realidad su enorme potencial, debemos ofrecerles un apoyo práctico. También debemos preparar a nuestros propios ciudadanos para su llegada”.
Para la investigadora, actualmente debería tener lugar un debate generalizado sobre los beneficios y los costes de la migración, pero también sobre los cambios socioculturales que podría implicar. Un debate que necesariamente deberá abordar la cuestión del respeto de los derechos humanos.
Justificar la necesidad y el fundamento de la migración mediante el imperativo económico puede ser sin duda loable. Pero incluso sin abordar los problemas de desigualdades frente al empleo, de la devaluación de los títulos académicos o de los riesgos de explotación a los que se enfrentan los trabajadores migrantes, este ejercicio intelectual ya está impregnado de una visión utilitarista de la migración.
El proyecto de ley sobre el control de la migración que se debate actualmente en Francia constituye un buen ejemplo. El texto incluía originalmente un artículo, luego eliminado, que proponía “una vía de acceso jurídico a la regularización de la residencia por trabajo para personas sin papeles”, comenta la investigadora Emeline Zougbede en The Conversation. Algo que preocupaba a los representantes de izquierda, comenta la investigadora, “pues se vinculaba la concesión del permiso de residencia a necesidades económicas”. Estos parlamentarios han señalado sobre todo que “la regularización, por definición, no es solo un gesto económico, sino que concede también derechos sociales”, añade Zougbede. Esta regularización condicionada por la utilidad de los individuos, que no es exclusiva de Francia, es sintomática de los debates que tienen lugar desde hace años. Los conceptos de “inmigración elegida” y de “inmigración sufrida” condiciona las políticas migratorias francesas desde hace dos decenios y parecen ser más de actualidad que nunca.
En Francia, como en otras partes de Europa, parece que cada vez es más difícil que la cuestión del respeto de las libertades fundamentales se haga un hueco en el debate público, cada vez más radicalizado. Por lo tanto, el argumento económico se convierte en una solución, a falta de una mejor, para las personas que defienden una apertura de las fronteras europeas. Con el riesgo de no abordar la espinosa cuestión de fondo sobre la que se elaboran las políticas migratorias: esta visión utilitarista que ha acabado por eclipsar el respeto a los derechos humanos.
Sobre inmigración y asilo
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