Centros de datos en la UE: voluntad política, resistencia local

El actual boom de la IA está fomentando la construcción de centros de datos por todo el mundo. Se prevé que la Comisión Europea convoque una licitación por valor de 20 000 millones de euros, en la que podrán participar los Estados miembros de la UE, para construir varias megafábricas de IA.

En general, los gobiernos están a favor de los centros de datos, aunque cada vez se enfrentan a un mayor rechazo por parte de la población local, a la que le preocupa su ingente consumo energético, las consecuencias para el medioambiente, así como la falta de reglamentación. El municipio de Kronstorf en Alta Austria, donde Google está construyendo sus primeras instalaciones en el país, es un buen ejemplo.

El siguiente análisis de la situación en otros países europeos se ha elaborado de forma colaborativa y forma parte del proyecto Pulse, que fomenta el periodismo transfronterizo.

Procedimientos acelerados

Los datos analizados ponen de manifiesto un elemento en común entre todos los países: todos sus Gobiernos están a favor de la expansión de los centros de datos. Por ejemplo, Voxeurop informa que Francia se está posicionando activamente como una ubicación de megafábricas de IA. Según RTE, el operador nacional de la red eléctrica del país, el gobierno ya ha identificado 65 lugares aptos, además de cinco lugares de rápida implantación para centros de datos relacionados con la IA.

Los principales lugares impulsados para este fin son los antiguos complejos industriales, que en ocasiones incluyen conexiones a la red eléctrica y tarifas eléctricas a medida. Un ejemplo es la antigua central eléctrica de carbón de Montereau, donde hay planes para construir un centro de datos a gran escala de 4000 millones de euros. Otro complejo de este tipo se sitúa en Châteauroux, donde Google tiene previsto construir entre ocho y diez centros de datos que ocuparán un área de unas 195 hectáreas. El proyecto se encuentra en la fase final antes de la concesión del permiso de construcción.

En lo relativo a los permisos, los plazos de autorización se han reducido debido a las reformas ecológicas del país. La ONG La Quadrature du Net considera que estas reformas son antidemocráticas. Además, el Gobierno consideró ampliar el estatus de rápida implantación para proyectos de gran interés nacional con el fin de incluir los grandes centros de datos. Por otro lado, hace poco se estipuló que los permisos de construcción podrían denegarse si los centros de datos agravasen “las presiones estructurales” de los recursos hídricos.

Voxeurop informa que la oposición que existe hacia este tipo de proyectos está distribuida de manera irregular y a menudo limitada a las zonas afectadas. Un ejemplo es La Courneuve, donde sus habitantes han protestado contra los centros de datos operados por Interxion debido a los ruidos, los riesgos derivados del almacenamiento de combustible, una consulta pública insuficiente y la cantidad insignificante de puestos de trabajo creados. El proyecto de Google en Châteauroux también es polémico debido a las preocupaciones medioambientales y a la falta de transparencia. Sin embargo, aún no se han convocado manifestaciones a escala nacional. 

Zonas industriales abandonadas en Italia

En Italia los centros de datos también se promocionan a menudo como una forma de regenerar complejos industriales abandonados. Por ejemplo, en Pregnana Milanese, se prevé la construcción de centros de datos en las antiguas fábricas de Citroën, Iveco y Olivetto, que conforman el 20 % del área urbanizada del municipio. OBCT informa que las autoridades locales suelen ver con buenos ojos los centros de datos precisamente por esta razón.

También se benefician de los impuestos que pagan los desarrolladores y, en algunos casos, se negocian medidas compensatorias mediante las cuales el sector privado financia la infraestructura pública para contrarrestar las repercusiones del proyecto.

Según el Observatorio de Centros de Datos del Politecnico di Milano, se prevé que, entre 2026 y 2028, se realicen inversiones de hasta 25 400 millones de euros en el sector de centros de datos en el país. Actualmente no existen leyes que regulen la construcción de nuevos centros de datos. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que atribuiría al Gobierno la responsabilidad de regular el sector. Actualmente, la medida está en el Senado. 

En mayo, entró en vigor una ley regional en Lombardía, donde, en el área de Milán, se ubican más o menos la mitad de todos los centros de datos italianos. Sin embargo, se trata de la única región del país con una medida similar. Con todo, varios grupos de acción se han creado en la zona para rechazar la construcción de nuevos centros de datos, principalmente debido a preocupaciones relacionadas con el aumento del consumo del territorio, que ya es bastante intensivo. Sin embargo, los grupos siguen siendo relativamente pequeños.

Una oposición creciente

Las campañas en Irlanda son mayores, en parte debido a que el país lleva mucho tiempo en el centro del sector de los centros de datos en la UE. Un estudio de 2024 identificó unos 89 centros de datos operativos, con 11 en construcción y 30 para los que ya se ha otorgado el permiso de construcción o están en proceso de apelación. Un informe reciente de la Comisión Europea estima un total de 123 centros de datos en Irlanda.

Según The Journal Investigates, los operadores no suelen tener problemas para obtener los permisos. De hecho, el Gobierno irlandés se ha esforzado por recalcar su deseo de atraer nuevos centros de datos al país. Hasta diciembre del año pasado hubo una moratoria de facto para la construcción de nuevas instalaciones en Dublín debido a la falta de capacidad de la red.

No obstante, esto no supuso que la expansión se ralentizase, sino que la atención ha virado hacia el gas natural. La moratoria se levantó en virtud de una nueva normativa que exige que los nuevos centros de datos cubran al menos el 80 % de su demanda anual de electricidad mediante energía generada por renovables.

En general, es posible que los nuevos centros de datos reciban apelaciones por parte de los residentes locales y los activistas medioambientales. Como el proceso de apelación es tan largo, los proyectos quedan prácticamente parados. En muchos casos, las apelaciones llegan al Tribunal Superior, el máximo órgano judicial del país en materia civil y penal. En el Parlamento también hay reticencia: los principales partidos de oposición pusieron hace poco sobre la mesa una moción para reinstaurar la moratoria. Sin embargo, fue rechazada por el gobierno.

👉 Artículo original en Der Standard.

🤝 Este artículo forma parte del proyecto colaborativo PULSE. Han contribuido Conor O’Carroll, The Journal Investigates (Irlanda), Lola García-Ajofrín, El Confidencial (España); Lorenzo Ferrari, OBCT (Italia) y Gian-Paolo Accardo, Voxeurop (Francia)

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