La sociedad civil moldava: el flanco débil de una historia de éxito europea

Moldavia nunca ha estado más cerca de la Unión Europea. De hecho, viendo la cantidad de banderas europeas que ondean junto a la moldava en los edificios oficiales de la capital, la cantidad de barberías o de cafeterías que sirven lattes, uno pensaría que está en cualquier capital de la UE. La primera serie de negociaciones de adhesión comenzó en junio y Marta Kos, comisaria para la ampliación de la UE, lo ha denominado “el mejor alumno de la clase” mientras muchos funcionarios hablan abiertamente de su membresía para 2030.

Sin embargo, bajo el entusiasmo ante las perspectivas de incorporación al bloque, subyacen aún algunos viejos hábitos. Cuatro días después de la segunda vuelta de las presidenciales de Moldavia en 2024, sonó el teléfono del periodista Victor Mosneag con una llamada que reflejaba la intensidad con que se sigue cuestionando este proceso en la práctica.

Mosneag, con quien nos entrevistamos en la redacción del periódico de investigación Ziarul de Gardă, cuenta que el interlocutor era alguien de una red en la que él se había infiltrado de incógnito durante meses haciéndose pasar por activista. “Nos satisface mucho que estés con nosotros”, dijo la persona al otro lado del teléfono.

“Te doy las gracias en nombre de Ilan Sor. El recado es pedirte que votes contra Maia Sandu, la actual presidenta”. Era la tercera de una serie de investigaciones encuviertas que Ziarul de Gardă había realizado desde 2022 dentro de redes creadas para la compra de votos por el oligarca fugitivo; redes que, según la policía, llegaron a captar a unas 140 000 personas, a las que pagaron mediante una aplicación vinculada a un banco ruso.

El incidente se sitúa en el centro de donde confluye todo lo que las organizaciones de la sociedad civil moldava describen cuando se les pregunta qué se interpone entre el país y la membresía de la UE: una mayoría gobernante más reducida de lo que parece, un sistema judicial que todavía se está reconstruyendo y un entramado ruso de influencias que ha cambiado desde 2022, pero no se ha debilitado.

Una mayoría, pero débil

El apoyo a la membresía de la UE se sitúa, según las encuestas más fiables, entre el 55 % y el 65 %: una mayoría evidente, pero no consolidada. Adrian Ermurachi, gestor de programas en el think tank de Chisináu Instituto para Políticas y Reformas Europeas (IPRE), apunta una discrepancia que, desde su punto de vista, dice mucho más que las cifras de los titulares: las encuestas previas a las elecciones parlamentarias de 2025 dieron al Partido Acción y Solidaridad (PAS) (el partido gobernante en aquel momento) un apoyo del 30 % al 35 %, y sin embargo, consiguió aproximadamente el 50 % de los votos.

“Está claro que aproximadamente el 20 % de la gente se decidió a votar por el PAS porque querían votar por la incorporación a la UE, pero eso no significaba que de verdad les gustara lo que el PAS estaba haciendo”, manifiesta el analista que califica esa coalición como “vulnerable a largo plazo”.

Esa vulnerabilidad se evidenció a las pocas semanas del inicio de la primera serie de negociaciones, cuando el primer ministro Alexandru Munteanu dimitió por el escándalo con Air Moldova, la línea aérea estatal, en la que un familiar de la presidenta Sandu había recibido un salario que casi llegó a duplicarse a los seis meses, sin concurso público alguno. “Muchos periodistas internacionales la presentaron como ejemplo de líder europea honrada”, dijo Oxana Bodnar, periodista moldava, en un reciente evento en directo de Voxeurop/PULSE. “Pero ahora tenemos este inusitado escándalo”.

Anita Bernacchia, que también escribe sobre Moldavia, alerta contra el exceso de suposiciones que generen estas lecturas: “Es muy fácil dejarnos llevar por ciertas suposiciones… pero no debemos hacerlo”. Sandu negó haber cometido delito alguno y anunció medidas para la supervisión de las retribuciones y la gestión de las empresas de propiedad estatal. Con todo, la situación no se produjo en el mejor momento y se complicó con la detención el mismo mes de un importante funcionario del ministerio de Agricultura acusado de corrupción.

Con referencia a su último artículo, Gian Marco Moisé, investigador del Consejo de Lisboa para el Desarrollo Económico, afirma que “el PAS consolidó su reputación gracias a su lucha contra la corrupción. Aunque tras 2022 la atención se desplazó hacia la oposición al control ruso de la región, el escándalo de Air Moldova puso de manifiesto que, al controlar la mayoría de las instituciones y designar a especialistas, el PAS incurrió en los mismos problemas de corrupción que antes condenaba”.

“Aunque la amenaza rusa sigue siendo una razón de peso para que los votantes se decanten por el PAS”, añade, “el deterioro de la reputación del partido podría ser preocupante a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que muchos políticos anteriormente prorrusos han reconvertido su imagen declarándose europeístas (como, por ejemplo, el alcalde de la capital)”.

Jueces con el mismo sueldos que un conductor de trolebús

El escándalo reabrió el debate de cuánto han cambiado en realidad las instituciones moldavas, que los grupos de la sociedad civil han mantenido durante años. El Centro de Recursos Legales de Moldavia (LRCM), creado por cuatro abogados tras las protestas de la “Revolución de Twitter” de 2009 ha seguido muy de cerca la reconstrucción del sistema judicial.

“El poder judicial de Moldavia cobró gran notoriedad tras anular las elecciones locales de Chisináu, ganadas por un candidato de la oposición”, afirma su director ejecutivo, Ille Chirtoaca, al referirse a una década en la que se blanquearon “20 000 millones de dólares” y se produjo un fraude bancario que drenó cerca del 12 % del PIB del país; en ambos casos, gracias a jueces y tribunales demasiado complacientes.

Un proceso de evaluación, inspirado en parte en los modelos de Albania y Ucrania, ha provocado el cese de aproximadamente un tercio de los jueces y fiscales del país en menos de cinco años, incluida la totalidad de la anterior magistratura de la Corte Suprema. “Más de 100 jueces abandonaron el sistema”, comenta Chirtoacă cuando nos reunimos con él y sus colegas en la sede del Centro, en el centro de Chisináu.

Las vacantes resultantes son difíciles de cubrir: hay “más de 100” puestos sin ocupar en tribunales que ya soportan una carga de “1000 casos por juez”, carencia que él atribuye en parte a la remuneración. “El salario de un juez en Moldavia es más o menos equivalente al de un conductor de trolebús”: unos 900 euros.

Su colega Dumitru Jomir, antiguo fiscal anticorrupción, indica hacia dónde sigue desapareciendo el dinero: “todo lo relacionado con la contratación pública… no existe caso penal alguno al respecto, especialmente en los sectores del gas y los ferrocarriles, así como en la adquisición de medicamentos”.

También se muestra franco sobre los límites del propio proceso de evaluación, que examina la integridad financiera del juez comparando su estilo de vida real con los ingresos declarados durante una década: “la comisión no halló yates, automóviles ni casas en Miami. Creo que la mayor discrepancia ronda los 30 000 o 40 000 euros”. Unas cifras modestas, señala Jonir, en comparación con lo que los activistas esperaban destapar en un principio. El proceso de evaluación también supervisa la integridad ética (posibles conflictos de intereses) y fiscal.

En este contexto, y teniendo en cuenta la inestabilidad económica crónica en Moldavia y la poca confianza que los ciudadanos tienen en los bancos, sobre todo después del fraude bancario de 2014, no es de extrañar que en la principal avenida de Chisináu florezcan las compraventas de oro y las casas de empeño, conocidas como lombards: el público prefiere el oro físico como medio de ahorro estable a prueba de inflación antes que mantener depósitos a largo plazo en leus moldavos, la moneda local.

La apuesta económica

Hay indicios de que el giro de Moldavia hacia Europa está empezando a generar beneficios económicos. Durante la Cumbre de Inversión de Moldavia celebrada a principios de junio, varias empresas, la UE y el gobierno moldavo firmaron cartas de intención que cubren inversiones por valor de unos 1000 millones de euros, cifra considerable para un país cuyo PIB es inferior a los 17 000 millones de euros. “Europa ve oportunidades en Moldavia”, declaró en la cumbre Marta Kos, Comisaria para la Ampliación de la UE.

Atraer inversiones es para Chisináu mucho más que un objetivo económico. También forma parte de la negociación política subyacente a la incorporación: se pide a Moldavia que lleve a cabo costosas reformas y que rebaje los vínculos económicos creados durante décadas con Rusia, demostrando al mismo tiempo a los votantes que la alternativa europea puede generar beneficios tangibles.

El que esto suceda pondrá a prueba a las mismas instituciones que los grupos de la sociedad civil llevan años intentando reformar: para que la inversión prometida en junio llegue a los ciudadanos –en vez de estancarse en el tipo de contratación opaca que la LRCM y otras ONG llevan tiempo criticando– será necesario un nivel de supervisión de las adquisiciones que ninguna de las organizaciones cree que exista actualmente.

Capturas de pantalla y sombras

La injerencia rusa en Moldavia no ha disminuido desde la invasión a gran escala de Ucrania; más bien, se ha redistribuido. La presidenta Sandu describe esta presión no ya como algo episódico, sino permanente: “La influencia rusa es continua. Existió, existe y existirá antes, durante y después de las elecciones. Por desgracia, esta es la nueva normalidad”, declaró en una rueda de prensa celebrada en junio en Chisináu.

En el ámbito político, la red tejida en torno al oligarca fugitivo Ilan Shor (que ahora opera a través de un conjunto rotatorio de partidos nominalmente independientes, tras la ilegalización de su propia formación por parte del Tribunal Constitucional) sigue siendo el vector más visible, aunque no el único.

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“Elon Musk dijo que USAID es una organización criminal. Eso significa que nosotros, por extensión, somos una organización criminal” – Dumitru Jomir, Centro de Recursos Legales de Moldavia

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Victoria Mereuță, jurista del LRCM, señala un fenómeno reciente y preocupante: el surgimiento de organizaciones “que parecen ONG pero que, en realidad, están al servicio de intereses políticos”. Menciona en particular una estructura autodenominada Eurasia: “el año pasado fuimos testigos de su creación y de ciertas actividades, como el adoctrinamiento de jóvenes y la realización de viajes de estudio a Rusia”.

Posteriormente, algunos periodistas de investigación vincularon a los participantes en dichas actividades formativas con activistas que se enfrentaron a las autoridades durante las protestas en Gagauzia. Los reportajes de Victor Mosneag revelaron una dinámica más transaccional subyacente a la ideología: los activistas de la red de compra de votos “recibían una especie de salario mensual por formar parte de una organización de gran tamaño”, estructurada hasta el nivel de los mismos colegios electorales, nos dice.

En el ámbito mediático, más que una desaparición, se ha producido una migración. Tras 2022, se clausuraron varios canales de televisión en ruso y otros vinculados a Sor. Con todo, tal como señala Adrian Ermurachi, del IPRE: “Cerrar canales de televisión puede parecer una solución para algunos –aunque yo creo que no lo es– ya que ahora la gente no se informa por la tele, sino mediante redes sociales como Facebook, TikTok –especialmente TikTok– y Telegram”.

Sergiu Tofilat, investigador de WatchDog, una organización que vigila la actuación de las redes de desinformación, afirma que las plataformas reaccionan de manera desigual: según él, TikTok ha eliminado cuentas vinculadas a la propaganda política con mayor rapidez que Facebook. Los deepfakes o los medios clonados han añadido una nueva dimensión al problema: “Se han utilizado imágenes de periodistas independientes”, explica Victoria Mereuță, “para presentar diversos proyectos fraudulentos”.

En materia de seguridad, el ministro de Defensa, Anatolie Nosatîi, contabiliza cerca de 50 incursiones no autorizadas de drones en el espacio aéreo moldavo en los últimos dos años, varias de ellas con armamento. “Cuando docenas de misiles entran en nuestro espacio aéreo... no es un accidente”, afirma, describiendo a Moldavia como “un campo de pruebas para la guerra híbrida, mientras que el campo de batalla de la guerra convencional está en Ucrania”.

La estrategia de seguridad nacional de 2023 de su ministerio fue el primer documento político moldavo en declarar abiertamente que “Rusia representa una amenaza directa para la República de Moldavia”. Señala además que antes de la guerra “evitábamos [decirlo] para no provocar reacciones”. El gasto en defensa ha aumentado del 0,3 % al 0,6 % del PIB, con el objetivo de alcanzar el 1 % para 2030. Se trata de una cifra minúscula en comparación con los estándares de la OTAN, pero supone un cambio notable para un ejército otrora ausente del debate público.

En el caso de la sociedad civil, la táctica consiste en la deslegitimación. “Se dedica mucho esfuerzo a deslegitimar a la sociedad civil”, afirma Dumitru Jomir, de la LRCM. “Si publicamos un informe, se emplearán muchos recursos en desacreditar nuestras conclusiones”. Victoria Mereuță describe el mecanismo: “hacen capturas de pantalla del presupuesto que destinamos a los distintos proyectos y luego inventan un nuevo relato: ‘miren cuánto dinero ganan, la vida de lujo que llevan, como si fueran oligarcas’”.

Según Jomir, un proyecto de ley sobre “agentes extranjeros” no prosperó en el Parlamento únicamente porque “los malos aún no tienen mayoría”. La pérdida de cerca del 80 % de la financiación de algunas organizaciones, tras la suspensión del apoyo de USAID en 2025, proporcionó nueva munición a esos relatos. “Elon Musk dijo que USAID es una organización criminal”, recuerda Jomir. “Eso significa que nosotros, por extensión, somos una organización criminal”.

Indispensable y expuesto

El resultado es un sector que está, al mismo tiempo, más inmerso que nunca en el proceso de reforma y en una situación mucho más precaria de lo que parece. La UE ha hecho que la participación de la sociedad civil se incorpore como condición formal a la carta de adhesión de Moldavia; además, las ONG participan en los grupos de trabajo gubernamentales y aportan informes al sistema de supervisión de los derechos humanos de Bruselas.

La confianza en ellas, indica Jomir, es notablemente superior entre las personas que sí han tratado con alguna –“el 52 % confían en las ONG si han interactuado con alguna en el pasado o lo hacen actualmente, pero si no lo han hecho nunca el porcentaje baja al 20 %” – una diferencia, que según él, demuestra hasta qué punto el relato de que “la sociedad civil es corrupta” se basa en rumores. “No hay mucha confianza”, admite, “pero se confía más en la sociedad civil que en el Parlamento o en los partidos políticos”. 

Sin embargo, esa misma visibilidad hace de las ONG y de los medios independientes un objetivo predilecto, mientras la financiación sigue siendo escasa. “Hay que presentar unas diez solicitudes de subvención para conseguir al menos una”: así describe Sergiu Tofilat, de WatchDog, la búsqueda de fondos. Actualmente hay cinco partidos en el Parlamento y, según advierte Dimitru Jomir, cuatro de ellos (y no solo los aliados tradicionales de Rusia) “no ven a la sociedad civil con muy buenos ojos... existe una postura unánime [que sostiene] que la sociedad civil debería estar más regulada”. Se trata, en efecto, de una advertencia sobre lo que ocurrirá el día en que la mayoría que ostenta el PAS se vea afectada.

Moisé añade que “la sociedad civil suele percibirse como una extensión del PAS, un partido que a menudo necesita recurrir a sus filas para designar especialistas. Este es sin duda el caso de empresarios como el actual primer ministro, Vasile Tofan, y su predecesor, Alexandru Munteanu. Un ejemplo aún más destacado es el de Doina Nistor, ministra de Desarrollo Económico de Moldavia en el gobierno de Recean, quien anteriormente fue gestora de proyectos de USAID”. 

La única victoria limpia

Si Moldavia cuenta con un medio para reducir la influencia rusa, este es la energía, no la política. “Solíamos obtener hasta el 70 % de la electricidad que necesitábamos de la central eléctrica situada en la región de Transnistria”, explica el ministro de Energía, Dorin Junghietu. “Esa central recibía el gas ruso gratis y producía electricidad para nosotros; era un sistema cíclico y de dependencia mutua”.

Desde 2022, Moldavia ha conseguido contratos de suministro de gas al menos con 22 proveedores, ha multiplicado por doce su capacidad de generación de energías renovables y se ha sincronizado con la red eléctrica continental europea. “La Moldavia actual y la de 2022 son países distintos en términos energéticos”, afirma Junghietu. Se trata de una transformación que Chisináu desearía replicar, sin duda, en su ámbito político y en su espacio informativo. Sin embargo, es más fácil reconstruir las líneas eléctricas y los contratos de suministro que la confianza de la ciudadanía.

En lo que coinciden todas las personas entrevistadas, independientemente del ámbito en el que participen dentro del proceso de reforma, es que el año 2030 no representa solo un plazo técnico, sino también uno psicológico: una oportunidad –en palabras de Adrian Ermurachi, de IPRE– para “aprovechar el momento” antes de que “se cierre la ventana de oportunidad”. La gran incógnita que la sociedad civil moldava aún no ha logrado despejar es si el proceso sobrevivirá al próximo escándalo, a la siguiente oleada de desinformación o a las próximas elecciones, en las que habría que reconstruir desde cero una mayoría frágil.

Esto convierte la adhesión en una cuestión tanto de reciprocidad como de reforma. Moldavia se mueve con rapidez para cumplir las exigencias de la UE, pero mantener el apoyo de la ciudadanía dependerá también de que Bruselas pueda ofrecer resultados tangibles: inversiones, integración y avances creíbles hacia la adhesión. Si esa relación empieza a percibirse como unilateral, podría resultar difícil sostener el optimismo del que depende el proyecto de adhesión.

🤝 Este artículo forma parte del proyecto colaborativo PULSE. Gian Marco Moisé (OBCT, Italia) y Katarina Morawecz (HVG, Hungría), han contribuido.

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