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La Comisión Europea presentó el 12 de marzo una propuesta de reglamento para reforzar la lucha contra el crimen organizado. Se trata concretamente de simplificar los medios para confiscar y embargar los bienes conseguidos a través de actividades delictivas en los Estados miembros. Los bienes de un criminal podrán ser embargados antes de que sea juzgado y las autoridades nacionales podrán realizar investigaciones sobre los bienes de un condenado que esté cumpliendo su pena. Las autoridades nacionales también podrán gestionar los bienes de los criminales en caso de que fallezcan, de que estén huidos o enfermos.
Según el Dagens Nyheter, aunque la propuesta de la comisaria de Asuntos Interiores, Cécilia Malmström, es alabada porque refuerza la lucha contra los delitos transnacionales, también puede contravenir el derecho individual:
Si se cree que una persona ha transferido dinero a su cónyuge o a sus hijos será posible embargar sus bienes. Ahí reside un elemento confuso de esta propuesta puesto que puede aplicarse en detrimento de personas inocentes. [...] Seguramente en algún Estado miembro se cometerán errores. Y entonces. ¿quién defenderá el derecho de esas personas?
Dagens Nyheter teme especialmente que este sistema jurídico en ciernes de la UE conlleve “un molesto desequilibrio a favor de la policía y de los fiscales”.
Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
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