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Otoño de 2018. Todos los sábados, mujeres y hombres con chalecos amarillos se reúnen en las intersecciones francesas para protestar contra el aumento del impuesto sobre el carbono. Este impuesto instaurado desde 2014 para los consumidores de energías fósiles (y por ende, de gasolina, diésel, fuel y gas) busca incitarlos a cambiar sus prácticas contaminantes. En París, a varios metros del Elíseo, la ira ruge en la multitud de manifestantes.
Europa descubre entonces con gran asombro el movimiento de los “chalecos amarillos” y considera que ya es tiempo de estudiar la ecuación del “fin del mundo ante fin de mes”. O, dicho de otro modo: ¿cómo hacer frente al desafío del cambio climático sin perjudicar a las categorías más pobres de la población?
La dimensión social de la transición ambiental, considerada por largo tiempo desde la perspectiva de la eficiencia energética, de la reducción de los gases de efecto invernadero o de las energías renovables, no se integró realmente en el razonamiento de la Comisión Europea sino hasta después de la llegada de su presidenta Ursula von der Leyen y del lanzamiento del Pacto Verde Europeo. Este último prevé una serie de iniciativas para lograr el objetivo de un 55 % de reducción de los gases de efecto invernadero para 2030.
Uno de los puntos presentes en la agenda de la transición es el abandono de los combustibles fósiles y la prohibición del uso de motores térmicos en coches nuevos para 2035. No obstante, estas medidas trastornan millones de empleos, generalmente concentrados en unas cuantas regiones. Como lo recuerda una nota del Instituto Sindical Europeo (ETUI), el 90 % de los empleos vinculados al carbón se concentran en diez regiones europeas, y cuatro de ellas se encuentran en Polonia. En lo que respecta a la transición hacia el coche eléctrico, sabiendo que el sector automotriz contrata a un 5 % de los trabajadores europeos, esta significará una pérdida de unos 500 000 empleos y la transformación de millones de otros que requerirán la adquisición de nuevas habilidades.
En Italia y en los países de Europa Central y del Este, hogares de una gran parte de la producción automotriz, el cambio será mayor. Como complemento para esta transición, la UE ha creado el Mecanismo para una Transición Justa (MTJ). Este fondo, dotado de 17 500 millones de euros para 7 años, financia la ayuda para la búsqueda de empleo y de programas de recualificación de los trabajadores de las industrias más impactadas por la transición.
No obstante, este mecanismo obtenido tras una ardua lucha de los sindicatos sigue siendo insuficiente, estima el sindicalista europeo Ludovic Voet: “Antes de poder crear empleos de calidad con salarios decentes, hace falta transformar muchos sectores y realizar numerosas inversiones. A manera de comparación, Alemania puso sobre la mesa 40 000 millones exclusivamente para la eliminación del carbón. Por otra parte, más allá del acompañamiento financiero, las habilidades requeridas para los nuevos empleos verdes no están bien definidas y se ha subestimado el impacto en los territorios contemplados.
“El cierre de las minas de lignito del Maritsa, en Bulgaria, representa una amenaza para 12 000 empleos y afectará a 120 000 personas en la región”, agrega Voet. Para amortiguar el impacto social, las políticas deben extenderse a todo el territorio. Irlanda, que recibió 84 millones del Fondo de Transición Justa, está llevando a cabo un programa de transición en las Midlands (región dependiente de la explotación de la turba) que incluye políticas de eficacia energéticas, políticas de rehabilitación de turberas y un fondo de transición para la capacitación de los trabajadores y el apoyo a las empresas y las comunidades.
“En esta región poco poblada, era necesario evitar relocalizar a los trabajadores y a las familias”, explica Jorge Cabrita de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, “entonces se creó un grupo constituido por autoridades locales, sindicatos, ONG y expertos para apoyar la transición e identificar las necesidades de los trabajadores y de las empresas”.
Parece necesario realizar una consulta a gran escala, lo que el experto califica como la clave de la transición justa. No obstante, los fondos son insuficientes a escala europea. El Fondo Social para el Clima, otra innovación europea, permite ejemplificar esta idea. Aún se está negociando entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, y su objetivo será apoyar la transición energética en la construcción y la movilidad de los hogares más vulnerables en Europa.
Sin embargo, esto solo compensará otra innovación que afectará los hogares modestos, el nuevo mercado de carbono (ETS2), que constituirá la fuente de financiamiento para el Fondo Social para el Clima.
El ETS2, que también se encuentra en proceso de negociación en Bruselas, es el sucesor del primer mercado de carbono (ETS1) destinado a las industrias y a los electricistas mediante el cual las empresas se intercambian los derechos de emisión de CO2 si superan un límite específico, fijando el precio de la tonelada de CO2 mediante el juego de la oferta y la demanda. En el caso del ETS2, el precio del carbono se deberá fijar de esta manera para el transporte por carretera y la calefacción de los edificios – es decir, un coste más para el hogar.
“Este mercado del carbono fue impulsado por los Estados frugales, Alemania, los países escandinavos y Países Bajos, que siguen una lógica de mercado de la transición ambiental”, analiza Camille Defard del Instituto Jacques Delors. “Frente a ellos, los países del este y del sur defienden el Fondo Social para el Clima, un sistema de solidaridad europea”.
En Francia, el nuevo mercado de carbono podría permitir reemplazar el impuesto sobre el carbono, a menos que este se le sume. En ese caso, la factura sería exorbitante para los ciudadanos, incluso si las subvenciones actuales relacionadas con la crisis de los precios de la energía anulan el impuesto sobre el carbono en su estado actual. De cualquier manera, al Fondo Social para el Clima le será difícil amortiguar el impacto. “
Este fondo solo recibirá una cuarta parte de los ingresos del ETS2, lo que es insuficiente para ofrecer compensación a todos los hogares vulnerables impactados por el nuevo precio del carbono. Sobre todo porque también se deben realizar inversiones verdes para abandonar las energías fósiles y permitir un cambio estructural del sistema. Así que el fondo se queda muy corto ante el desafío”, declara Camille Défard. Según opina la experta, los Estados miembros continúan siendo cortoplacistas.
En Alemania, la implementación del tiquete de 9 euros para los trenes regionales y el transporte público durante un período de tres meses fue sin duda todo un éxito, pero, ¿qué hay de las inversiones a largo plazo para un transporte ferroviario alemán corto de personal y carente de mantenimiento?
En Europa, frente a la transición climática, la justicia social debe tratarse a largo plazo, y en todo el territorio.
