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Miranda Bryant en The Guardian lo califica como “uno de los peores desastres medioambientales en la historia del país”: un desprendimiento de dos millones de toneladas de tierra contaminada avanza lentamente sobre la población de Ølst en la región de Jutland, en Dinamarca, amenazando con asolar el ecosistema local, incluido el río Alling Å. Los residentes locales temen que la población, tal y como señala Rasmus Karkov en el diario danés Berlingske, “corre el riesgo de quedar enterrada en lodo, escorias, tierra contaminada y arena plagada de podredumbre de visones muertos”. El desprendimiento se originó en una planta gestionada por Nordic Waste, que, tal y como explica The Local, procesa residuos procedentes “sobre todo de las granjas de visones de Dinamarca, cuyo cierre se ordenó durante la pandemia de la COVID-19, así como de residuos importados de Noruega”.
Todo esto resulta un escándalo, pero lo que vamos a exponer ahora es quizás el verdadero motivo por el que este asunto se ha llegado a conocer como “el escándalo de Nordic Waste”. Siguiendo órdenes del Ministerio de Medio Ambiente en enero, Nordic Waste se declaró rápidamente en quiebra, dejando a los contribuyentes daneses una factura inicial de unos 27 millones de euros. La empresa danesa de consultoría COWI calcula que, en realidad, la limpieza podría acabar costando dos millones de coronas danesas (más de 268 millones de euros). Esto ha llevado al geocientífico británico Dave Petley a describir el asunto como “un ejemplo clásico de privatizar los beneficios pero socializar las pérdidas”. Resulta un trago aún más amargo cuando descubrimos por el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia (GEUS) que el desprendimiento en realidad comenzó en 2021, pero ha empezado a acelerarse en los últimos meses.
El principal accionista de Nordic Waste es Torben Ostergaard-Nielsen, el sexto hombre más rico de Dinamarca, cuyo patrimonio neto se calcula que supera los 5500 millones de euros. Tal y como Lone Andersen y Jesper Høberg escriben en Finans, Bent Jensen, otro multimillonario danés, no está muy impresionado con Ostergaard-Nielsen: "Si tienes miles de millones, ¿qué te importa gastar 2000 millones de coronas danesas para limpiar lo que ensucias?”. Esta opinión la comparte socialdemócrata Mette Frederiksen, primera ministra danesa. Cuando se le preguntó sobre la bancarrota de Nordic Waste mientras visitaba el lugar que denominó un “desastre continuo”, Frederiksen afirmó a The Local Denmark que “No se me ocurre nada bueno que decir al respecto. La factura se podría haber pagado fácilmente si [Nordic Waste] hubiera querido”.
Andersen y Høberg también se dirigieron a las otras nueve personas más ricas de Dinamarca (incluida la familia Lego) y les preguntaron si lo considerarían su “responsabilidad moral y social contribuir a la limpieza y la prevención”. Varios de estos multimillonarios respondieron que no querían responder a las preguntas de los periodistas, mientras que el resto ni siquiera se molestó en contestar.
Una última ironía en todo este asunto es que David Peter York, fundador de Nordic Waste, alardeaba en Amtavidsen por hacer de la región afectada por el desprendimiento “líder en Dinamarca en medio ambiente sostenible y en empresas de residuos que se centran en la reciclabilidad”, justo cuando las noticias ya estaban insinuando la amenaza que suponía esta instalación para el entorno local. Tal y como explica Rasmus Karkov en Berlingske, York domina todas las “palabras de moda” en cuanto a responsabilidad ecológica y colaboró con varias empresas ecológicas de la zona. Al final, un torrente de inmundicia ha derrumbado una fachada impecable y ecoimpostada.
El escándalo de Nordic Waste no es el único desastre ecológico inminente por el que debe preocuparse Dinamarca. Mads Lorenzen y Kresten Andersen en Finans exponen la “bomba de relojería medioambiental que surca los mares daneses a diario”: en concreto, la denominada “flota en la sombra” de embarcaciones rusas y griegas que transportan petróleo sancionado por los estrechos daneses. Si bien es un asunto que preocupa a muchos, según expone Newsweek, por el hecho de que Rusia está utilizando una variedad de trucos que implican empresas fantasma y paraísos fiscales para ocultar la conexión del petróleo con Moscú (eludiendo así las sanciones), para otros la principal preocupación es de carácter ecológico.
Aparte de la turbiedad en cuanto a su origen y propiedad, los petroleros en cuestión en muchas ocasiones son antiguos, no están totalmente asegurados y cuentan con tripulaciones con poca experiencia en las aguas agitadas y turbulentas de Dinamarca. Esto ha llevado a la Oficina Nacional de Auditoría de Dinamarca a publicar un informe que expone la falta de preparación del Ministerio de Defensa en caso de un vertido de petróleo o de sustancias químicas. Con un ejemplo tenebrosamente divertido, Lorenzen y Andersen explican lo lenta que puede ser una operación de limpieza: “hace tres años, una embarcación de respuesta tardó 27 horas en llegar a la escena de un accidente. Por suerte, se trataba de un capitán ebrio en un barco relativamente intacto lleno de fertilizante”. Lo que resulta menos divertido es que la flota de embarcaciones de respuesta del Ministerio de Defensa ya estaba obsoleta en 1996 (la Oficina Nacional de Auditoría ya hizo esa advertencia en 2016). Michelle Bockmann de Lloyd’s List Intelligence denomina la situación como “una catástrofe a la espera de ocurrir”.
La oscura procedencia y la inestable situación de estos buques en materia de seguros también suponen una responsabilidad financiera. En caso de que se produzca una catástrofe, es muy posible que los daneses acabaran (de nuevo) pagando la factura. Entre otras soluciones a corto y largo plazo, el escritor danés y político de centro-izquierda Christian Friis Bach plantea que Dinamarca suprima su exclusión voluntaria para que se pueda aplicar el derecho de la Unión Europea en la lucha contra delitos medioambientales con sanciones más severas que ayuden al país a perseguir a los delincuentes más allá de las fronteras nacionales, como informa The Local Denmark. “No sirve de mucho contra los rusos que no están en la UE, pero es un buen comienzo", como comentaba Bach a Finans.
Más al norte, Noruega corre el riesgo de cometer lo que los ecologistas (y una cantidad cada vez mayor de instituciones nacionales e internacionales) denominan un ecocidio. Miembros de Seas at Risk y Ecocide Alliance, entre otras agrupaciones, advierten en EUobserver que la decisión del país escandinavo de permitir la minería submarina en el Ártico producirá una “perturbación duradera en la estabilidad climática y la salud marina”. Para los autores, la decisión noruega se ajusta a la definición jurídica de ecocidio: “actos ilícitos o sin sentido cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad importante de que tales actos causen daños graves y generalizados o a largo plazo en el medio ambiente”. Partiendo de esta base, los autores exponen que la Unión Europea y la comunidad internacional deben exigir a Noruega que dé marcha atrás en su decisión.
De hecho, tal y como informa Reporterre, el 7 de febrero el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que se exige a Noruega que proteja los ecosistemas del Ártico y pide una moratoria para la explotación minera de los fondos marinos. Greenpeace France ha calificado la resolución de victoria. Queda por ver si Noruega cederá ante la presión internacional. Al fin y al cabo, ya ha hecho caso omiso de las preocupaciones de científicos, de la sociedad civil, de la Agencia Medioambiental Noruega y de una petición firmada por más de 500 000 personas.
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