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¿Quién ha dicho que en verano no pasa nada? En Italia, una gran crisis política podría desembocar en elecciones anticipadas en otoño; Francia ha adoptado discretamente la polémica ley Hadopi contra la piratería digital y el ministro alemán de Economía contempla la introducción de la inmigración "seleccionada". Mientras, en Bucarest se pide a los emigrantes rumanos que no regresen al país, ya que no hay dinero para pagar su jubilación ni el subsidio por desempleo.
En Bruselas tampoco se descansa y en medio de la casi indiferencia de la prensa europea, que sí está de vacaciones, ha entrado el vigor el acuerdo de cooperación reforzado sobre el "divorcio a la europea", con el que las parejas transnacionales pueden elegir el país cuya legislación se aplicará a su divorcio y con el que se protegerá a los cónyuges más vulnerables. De momento, 14 países (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Rumanía y Eslovenia) van a aplicar esta medida, que se había detenido hacía cinco años y que afecta aproximadamente al 13% de los más de un millón de divorcios que se registran cada año en los Veintisiete. Esto demuestra que querer es poder.
El Eurostat lo ha reveladohace unos días: actualmente somos quinientos millones de europeos, gracias sobre todo a la aportación de los inmigrantes procedentes de países fuera de la UE, que constituyen el 4% de la población total de la UE, pero que representan el 60% del aumento anual de la población. Si bien son un recurso valioso para la economía europea (y para sus sistemas de pensiones), a menudo se utilizan como palanca electoral para los líderes que necesitan recurrir a la demagogia. Por ello es urgente adoptar una normativa común en materia de inmigración. Pero ¿estarán dispuestos los políticos europeos a renunciar a uno de sus juguetes preferidos?
Iulia Badea Guéritée
