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La clase política italiana mantiene la respiración el 1 de agosto, antes de la decisión de la Corte Suprema de Casación sobre las acusaciones de fraude fiscal contra el ex primer ministro Silvio Berlusconi.
La defensa de Berlusconi mostró sus alegaciones finales el 31 de julio, manifestando que no hay “evidencia de que Berlusconi haya participado en el delito”, escribe Il Corriere. Los abogados Niccolò Ghedini y Franco Coppi declararon que después de la entrada en política del ex primer ministro hace veinte años, dejó de estar implicado en los negocios de su productora de televisión Mediaset, por el que, según la acusación, adquirió ilegalmente derechos cinematográficos.
Si se confirman las sentencias previas, Berlusconi será condenado a cuatro años de prisión y a la prohibición de ocupar cargos públicos durante cinco años.
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