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A partir del 1 de mayo, el número de trabajadores que provengan de ocho de los Estados miembros de la UE (Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa) quedará sometido de nuevo a cuotas, informa la Tribune de Genève. Berna ha decidido reactivar la “cláusula de salvaguarda” prevista en el acuerdo de libre circulación de personas firmado hace un año entre Suiza y la UE. El Consejo Federal (el Gobierno suizo) pretende así reducir la inmigración de la UE, que supone 1,1 de los 7,9 millones de habitantes, dado que considera que las 38.000 personas que desembarcan cada año plantean problemas de integración y de respeto de las condiciones de trabajo y del salario mínimo.
“Suiza cierra la puerta a los europeos del Este” sintetiza en portada la Tribune de Genève, según la cual, la medida “parece simplemente un gesto”, puesto que antes del acuerdo era cuando “la libre circulación necesitaba un cierto control para mantenerse dentro de lo aceptable”. Le Matin piensa que tendrá muy “pocos efectos en la práctica”, mientras Le Temps tacha la medida de “puramente cosmética” y añade que:
Al recurrir a la cláusula de salvaguarda prevista en el acuerdo de libre circulación de personas con la UE, el Consejo Federal ha querido lanzar una señal política bien clara a una opinión pública que cada vez se muestra más inquieta ante un aumento de la inmigración europea en Suiza.
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En la Suiza germanófona, preocupan especialmente las consecuencias que este anuncio pueda tener con respecto a las relaciones con la UE. El Tagesanzeiger prevé que se reduzca “la buena voluntad frente a una Suiza cada vez más recalcitrante”, mientras el St-Galler Tagblatt analiza que el Consejo Federal ha considerado que era importante "dar una señal al pueblo" de que está dispuesto a “enfadar a Bruselas”.
