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El mandato de la Comisión Europea de von der Leyen ha sido una fase excepcional para la integración europea, puesto que ha reforzado los fundamentos sociales de la UE en muchos sentidos. La materialización más importante de esta evolución es, sin duda, el avance en la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales (EPSR), refrendado por unanimidad en 2017 y que allana el camino para iniciativas tanto legislativas como políticas. Esto ha conducido a la propuesta y adopción de importantes iniciativas legislativas, como la Directiva sobre salarios mínimos adecuados en la UE, la Directiva sobre transparencia salarial entre hombres y mujeres y la Directiva sobre el trabajo en plataformas digitales.
También se han realizado importantes mejoras para la salud y seguridad laboral de los trabajadores, así como la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y el Reglamento sobre trabajo forzoso. Las aspiraciones sociales de la UE también destacaron, hasta cierto punto, en la gestión de varios acontecimientos inesperados, como la pandemia de la COVID-19.
Esto no solo desembocó en el lanzamiento de NextGenerationEU (con el Fondo de Recuperación y Resiliencia en su núcleo) y el mecanismo SURE, sino también en la flexibilización temporal del marco fiscal de la UE y las normas sobre ayudas estatales. Al mismo tiempo, en el contexto de la amenaza incesante del cambio climático, el Pacto Verde Europeo reconoció que era necesario que la transición fuera “justa e inclusiva para todos”; sin embargo, el movimiento sindical está presionando para que se adopte una iniciativa legislativa que haga realidad este compromiso. Estas renovadas ambiciones sociales contrastan en gran medida con la respuesta a la Gran Recesión impulsada por la austeridad, que ha perjudicado a los ciudadanos europeos en los últimos diez años.
Políticas macroeconómicas europeas ante prioridades cambiantes
Cada uno de estos elementos de impulso (el Pilar Social, un enfoque novedoso del gasto de la UE y la flexibilización temporal del marco fiscal de la UE y el compromiso del Pacto Verde Europeo para una transición justa) ha sido importante a la hora de relanzar el proceso de una integración europea más social.
El hilo conductor es el (re)equilibrio de prioridades, desde la mejora de la resiliencia social, la cohesión y la garantía de una transición ecológica justa (que habían primado en los primeros años de este mandato político de la UE), hasta la superación de retos como la sostenibilidad de la deuda pública, que ha vuelto a tener prioridad en los últimos años. A diferencia de lo que sucedió tras la crisis financiera de 2008, el estímulo fiscal que siguió a la crisis de la COVID-19 no solo detuvo temporalmente la aplicación de las normas fiscales, sino que también se sustentó con herramientas de política monetaria, la relajación de las normas de la UE sobre ayudas estatales y los préstamos de la UE para financiar una ambiciosa estrategia de recuperación de la UE.
La UE aumentó sus esfuerzos para lograr la neutralidad climática para 2050, con el compromiso de “no dejar a nadie atrás”. Sin embargo, como la guerra de Ucrania generó una crisis de los precios de la energía, una inflación galopante y una crisis del coste de vida, la expansión de la política macroeconómica se invirtió en parte a partir de 2022, a pesar de las medidas de apoyo a la energía desplegadas por los Estados miembros. Lo que resulta más fatídico es que las nuevas normas acordadas para la supervisión fiscal multilateral apuntan a cierto retroceso entre los Estados miembros en favor de la sostenibilidad fiscal, a costa de dar más espacio a los Gobiernos para gestionar prioridades comunes de la UE como el cambio climático y la resiliencia social.
Parece que la revisión de las normas fiscales de la UE resultará ser una oportunidad perdida para lograr un equilibrio más significativo entre los objetivos fiscales, ecológicos y sociales, y que aumentará el riesgo de una vuelta a la austeridad. Por ello, la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés) insta a los Estados miembros a que cumplan los requisitos mediante una fiscalidad progresiva. La UE también debe aplicar un mecanismo de inversión permanente para garantizar que los Estados miembros sigan teniendo capacidad para cumplir los objetivos sociales y ecológicos.
La búsqueda de una recuperación sólida del empleo
Con las transformaciones estructurales continuas en el mercado laboral como telón de fondo (nuevas tecnologías, la transición ecológica y el rápido envejecimiento de la población activa) el empleo en Europa se encuentra en un punto álgido tras el éxito de la estrategia de apoyo al empleo y a los trabajadores durante la pandemia de la COVID-19, a la que contribuyó el gasto necesario. Las diferencias entre países y regiones de la UE han disminuido con el tiempo. Al mismo tiempo, la calidad del empleo sigue siendo un reto, ya que muchos trabajadores siguen sujetos a acuerdos contractuales problemáticos y a trabajos precarios en condiciones deficientes, con salarios bajos y escasa cobertura de negociación colectiva en muchos países y sectores. Y, lo que es más importante, muchos empleos siguen suponiendo riesgos para la salud de los trabajadores y cada vez se es más consciente de la importancia de los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo.
La calidad de los trabajos se debe supervisar de forma exhaustiva y es necesario adoptar medidas para garantizar que el cambiante mercado laboral ofrezca oportunidades de trabajo digno para todos. La reciente adopción de la Directiva sobre el trabajo en plataformas digitales, que incluye reivindicaciones sindicales clave sobre la presunción de empleo y la inversión de la carga de la prueba, demuestra que la UE puede ser eficaz a la hora de proporcionar salarios mínimos, subsidios de enfermedad y otras formas de protección del empleo a trabajadores vulnerables y acabar con prácticas abusivas.
El salario mínimo adecuado, un cambio radical
En el ámbito de los salarios y la negociación colectiva, por un lado, las difíciles condiciones del mercado laboral, caracterizadas por un bajo desempleo y una escasez de mano de obra persistentemente elevada, han aumentado el poder de negociación de los sindicatos para lograr mejoras en los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores. Por otro lado, el modesto crecimiento económico y las continuas tensiones geopolíticas han tenido el efecto contrario y dificultan a los sindicatos la negociación de aumentos salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo. La adopción de la Directiva sobre salarios mínimos adecuados en octubre de 2022 supuso un punto de inflexión. Se trata de la primera legislación de la UE cuyo objetivo explícito es establecer un salario mínimo adecuado y reforzar la negociación colectiva.
En Europa se está produciendo una emergencia de justicia social. Los trabajos de calidad, el progreso social, la mejora de las condiciones laborales y de vida, el diálogo social y la negociación colectiva constituyen el núcleo del modelo social europeo
Pero no solo eso: también es una de las expresiones más significativas del cambio de discurso sobre la dimensión social de la UE, antes dominado por el paradigma neoliberal de la liberalización del mercado, que presionó las relaciones laborales y los sistemas sociales existentes. Su impacto positivo en la evolución de los salarios mínimos ya puede observarse en varios países, incluso antes de su transposición formal a la legislación nacional, que deberá realizarse en noviembre de 2024. No obstante, el efecto real de la directiva dependerá también de su transposición efectiva por parte de los Estados miembros, que en algunos casos puede ser muy reñida y requerirá la movilización de los sindicatos.
Hacia un modelo ecosocial
Los legisladores de la UE han demostrado una mayor apertura y sensibilidad hacia la dimensión social en los últimos cinco años, lo que a su vez proporciona una base útil desde la que abordar las repercusiones sociales del cambio climático y la transición ecológica. Sin embargo, a pesar de toda la retórica positiva y las buenas intenciones, la mezcolanza actual de políticas (el Mecanismo para una Transición Justa, el Fondo Social para el Clima y el reconvertido Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) dista mucho del enfoque holístico e integral que se suponía que era el principio básico de las políticas de transición justa.
La UE no dispone (todavía) de instrumentos políticos que proporcionen una cobertura colectiva para riesgos climáticos y meteorológicos extremos. También es necesaria una Directiva de transición justa que garantice la anticipación y la gestión del cambio basándose en el diálogo social y la negociación colectiva, así como acciones en toda la UE para garantizar el derecho a la formación de todos los trabajadores sin costes y durante el horario de trabajo. La mayor parte de la transformación aún está por llegar: los esfuerzos de descarbonización deben intensificarse en gran medida en las próximas décadas y la UE debe acelerar considerablemente la transformación ecológica, no solo para cumplir sus objetivos de política climática, sino también para mantener la competencia europea en sectores clave. Por otra parte, mantener altas las ambiciones también intensificará los efectos sociales de esta transformación. Será necesaria una política industrial para ofrecer empleos de alta calidad con fuertes inversiones públicas y privadas y condiciones sociales, así como acciones legislativas y políticas para garantizar una transición justa.
Una encrucijada para promover la negociación colectiva
Además de la transposición de la Directiva sobre salario mínimo (cuyo objetivo es una cobertura del 80 % de la negociación colectiva) y de la Directiva sobre transparencia salarial de género, las nuevas iniciativas de las instituciones de la UE para fomentar la negociación colectiva siguen siendo un objetivo clave para los próximos años. Entre otras cosas, será necesario revisar las normas de contratación pública de la UE para garantizar que el dinero público se destina a organizaciones que respetan los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, que negocian con los sindicatos y cuyos trabajadores están cubiertos por convenios colectivos.
Teniendo en cuenta la evolución negativa en algunos países, también será de vital importancia defender y reforzar los derechos sindicales y de los trabajadores, incluido el derecho universal de sindicación, el acceso de los sindicatos a los lugares de trabajo, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga. Es importante que la reciente Declaración Institucional de La Hulpe haya reconocido la importancia de estos derechos fundamentales de los trabajadores y los sindicatos.
Asimismo, el reciente avance de la política de la UE ha afectado de forma diversa y ambigua a la información, consulta y participación de los trabajadores en las empresas. Los derechos de los trabajadores deben ampliarse y reforzarse si Europa quiere construir una economía y una sociedad sostenibles, innovadoras y democráticas ante la competencia mundial y las crisis que se superponen unas a otras. El ejercicio efectivo de la democracia en el ámbito laboral con la participación de sindicatos y trabajadores en la toma de decisiones estratégicas contribuye a proteger los derechos laborales, los empleos de calidad y las condiciones laborales, para garantizar así la sostenibilidad de las empresas y reforzar las bases de la sociedad democrática. En este sentido, el debate en curso de la revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos es una primera e importante oportunidad que no se puede dejar pasar para reforzar los derechos de información y consulta de los trabajadores. El refuerzo de los derechos a la información, la consulta y la participación de los representantes de los trabajadores y los sindicatos en toda Europa debe seguir siendo una de las principales prioridades.
En Europa se está produciendo una emergencia de justicia social. Los trabajos de calidad, el progreso social, la mejora de las condiciones laborales y de vida, el diálogo social y la negociación colectiva constituyen el núcleo del modelo social europeo. El refuerzo de estos pilares clave y la plena aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales deben situarse en primer plano en el trabajo de las instituciones de la UE en el próximo mandato, en consonancia con la Declaración de La Hulpe sobre el futuro del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Todos estos asuntos se analizan en profundidad en la publicación Benchmarking Working Europe 2024: The ongoing quest for Social Europe del European Trade Union Institute (ETUI).
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