El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional se estableció como la referencia por excelencia sobre los niveles de corrupción, desde que se calculara por primera vez en 1995. En este índice, Noruega ocupa la quinta posición.

La nueva clasificación, en la que Noruega es el primer país, se establece según un nuevo “Índice de Integridad Pública” calculado por el proyecto ANTICORRP, un grupo de investigación financiado por la UE. Según exponen los investigadores, el índice mide la corrupción mediante variables objetivas, en lugar de basarse en la percepción de los niveles de corrupción de un país.

“Si bien debemos reconocer el mérito del índice [de Transparencia Internacional], se trata de un índice subjetivo”, afirmaba Alessio Terzi, afiliado del grupo de expertos Bruegel en Bruselas, en una introducción a una charla centrada en el Índice.

Y, aunque la nueva medida guarda relación con el antiguo Índice de Percepción de la Corrupción y con las cifras del Banco Mundial sobre control de la corrupción, también demuestra que, en Europa, los habitantes de Italia creen que su Gobierno es más corrupto de lo que realmente es, mientras que los alemanes tienen una visión quizás demasiado favorable de su administración.

En efecto, Italia ocupa el puesto 27 en el Índice de Percepción de la Corrupción y el 20 en el Índice de Integridad Pública, en una lista de 28 países europeos sobre los que ofrecen datos ambos índices, según un análisis realizado por VoxEurop.

Alemania, a pesar de estar en el sexto puesto en la Percepción de Corrupción, acaba en el puesto octavo en el índice de ANTICORRP. Austria pasa de la posición 10 a la 14, Bélgica de la 9 a la 11, y Croacia, del puesto 21 en Percepción de la Corrupción, al 28 en el Índice de Integridad Pública. República Checa mejora levemente y pasa del puesto 19 al 15.

El Índice de Integridad Pública de ANTICORRP utiliza los "big data" disponibles públicamente en seis ámbitos clave identificados por los investigadores para medir la corrupción: independencia judicial, carga administrativa, apertura comercial, transparencia presupuestaria, ciudadanía digital y libertad de prensa.

Los criterios se han seleccionado en función de un marco teórico creado por Alina Mungiu-Pippidi, profesora en la Hertie School of Governance y un equipo del Centro Europeo de Investigación contra la Corrupción y la Construcción del Estado (ERCAS). Los investigadores de ANTICORRP además aplican una definición más amplia de corrupción que incluye también la atribución de contratos o fondos públicos a amigos de políticos, entre otros criterios.

Mungiu-Pippidi afirmó en el grupo Bruegel de Bruselas que la corrupción, es “cualquier forma de favoritismo, legal o ilegal, que genere un privilegio o la discriminación de ciudadanos o empresas por la acción de una autoridad pública”.

“Nos preocupa el soborno, pero nos preocupa mucho más el favoritismo político”, explicaba Mihaly Fazekas, investigador asociado del departamento de sociología de la Universidad de Cambridge, que también participó en el proyecto de ANTICORRP.

Según Mungiu-Pippidi, solo hay alrededor de 20 países en los que los recursos públicos se distribuyen equitativamente. Nueva Zelanda (4º puesto), Estados Unidos (10º), Corea del sur (16º) y Costa Rica (18º) son los países no europeos entre los 20 primeros en el Índice de Integridad Pública.

Chad y Venezuela ocupan los últimos puestos de los 105 países incluidos en el índice. Estos dos últimos países también registran una mala puntuación en el Índice de Percepción de la Corrupción, en el que ocupan los puestos 147 y 158, respectivamente, de los 168 países incluidos en el índice de Transparencia Internacional.

Nuevos modos de luchar contra la corrupción

Mungiu-Pippidi expuso que la corrupción sigue siendo un problema en Europa y que es la responsable de la mitad de la pérdida de confianza en las instituciones europeas en el tiempo transcurrido entre las dos últimas elecciones europeas.

“Si todos los países de la UE tuvieran que controlar la corrupción en todos los niveles de los Estados más avanzados de la UE, obtendríamos de inmediato la mitad del presupuesto de la UE para este año”, sobre todo en impuestos, explicaba.

No obstante, Europa ha estado luchando más que nunca contra la corrupción, afirmaba Carl Dolan, director de la oficina de Transparencia Internacional de Europa, aunque los marcos legales europeos sigan siendo débiles y aún quede mucho por hacer.

Otro de los objetivos del índice de ANTICORRP es señalar las áreas claves en las que hay que trabajar para contener la corrupción. El Índice “muestra importantes áreas de reformas”, según se lee en el sitio web del Índice. “Si un país no funciona bien en estas áreas, es poco probable que pueda controlar la corrupción”.

El concepto de la ciudadanía digital incluye el porcentaje de población con acceso a Internet de banda ancha, así como el porcentaje de usuarios de Facebook en un país. La medida de la carga administrativa incluye cifras como el número de procedimientos necesarios para poner en marcha un negocio o el número de pagos de impuestos al año, según el sitio web.

La mayor diferencia entre el país con la mejor y la peor puntuación de la UE, Noruega y la región de EE. UU. se registra en el ámbito de la independencia judicial, con puntuaciones que van desde el 9,86 sobre 10 de Finlandia, hasta el 3,37 de la República Eslovaca. Las puntuaciones en libertad de prensa oscilan entre el 5,21 (Grecia) y el 10 (Noruega y Suecia). Bélgica, Croacia, Grecia, Malta y Lituania ocupan las peores posiciones en transparencia presupuestaria, con puntuaciones inferiores a 7, mientras que Irlanda y Francia lideran en apertura comercial.

En todo el mundo, Venezuela se sitúa en el último puesto en independencia judicial y en carga administrativa, mientras que Sierra Leona es el último país en ciudadanía digital, ambos países con una puntuación de 1 sobre 10 en estas categorías. En lo que respecta a transparencia presupuestaria en todo el mundo, Bolivia, Chad, Egipto, Líbano, Birmania, Catar, Arabia Saudí y Venezuela registran una puntuación de 1 sobre 10, mientras que Finlandia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, de 10 sobre 10.

Aún así, no muchos países acudieron a Lancaster House, cerca del Palacio de Buckingham, en Londres, el 12 de mayo de 2016, para asistir a la primera cumbre mundial contra la corrupción. En dicha cumbre, David Cameron denominó la corrupción como “el cáncer en el núcleo de tantos problemas del mundo” y “uno de los mayores enemigos del progreso de nuestro tiempo”.

Tras una jornada de conversaciones, los alrededor de 40 países asistentes firmaron un compromiso para “exponer la corrupción allí donde se encontrara, perseguir y castigar a los que perpetren actos corruptos, los faciliten o sean cómplices de ellos, ayudar a las comunidades que padezcan este mal y garantizar que no se desarrolle en nuestras instituciones gubernamentales, en nuestras empresas y en nuestras comunidades”.

Según afirman los investigadores, el Índice de Integridad Pública constituye una nueva herramienta para medir los efectos concretos, más allá de los titulares que acaparan estas políticas. Pero su dependencia de los datos públicos y de fuentes abiertas es uno de sus puntos débiles.

“Lo importante es que estos datos están ahí”, afirmaba Fazekas. “Lo que hemos hecho ha sido crear las herramientas para analizarlos”.