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Tras la decisión de Angela Merkel de estudiar la seguridad de todas las centrales nucleares alemanas y de desconectar siete de éstas de la red durante una moratoria de 3 meses, asistimos al enconamiento de la batalla jurídica. “¿Un cambio en el átomo sin base jurídica?” titula Handelsblatt. El Gobierno se basa, concretamente, en la noción de estado de emergencia para justificar su política. Sin embargo, en ausencia de un verdadero estado de emergencia en Alemania, esta decisión podría conducir a un callejón sin salida. Las empresas energéticas han anunciado su intención de “examinar de cerca la legalidad de la decisión”. Esta última implica graves consecuencias para el sector, explica el diario económico. Durante los tres meses de la moratoria, Eon, RWE y Vattenfall perderán alrededor de 500 millones de euros. En caso de que se cierren definitivamente las siete centrales, las pérdidas ascenderían a miles de millones; sumas que el Gobierno debería reembolsar a las empresas, en caso de que perdiera la batalla judicial.
