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"Hungría ha nacionalizado las cotizaciones de las pensiones privadas", titula sorprendido el rotativo checo Hospodářské noviny. El pasado 13 de diciembre, el Parlamento húngaro aprobó una ley que permite reintegrar en el sistema público de pensiones las cajas de jubilaciones privadas, a las cuales los húngaros están obligados a cotizar, además de a las cajas públicas. El Gobierno conservador anula así un sistema implantado hace 12 años, que el primer ministro Viktor Orbán ha calificado de "mala experiencia que nos ha endeudado hasta las cejas".
El Estado proyecta utilizar el dinero recuperado para "tapar los agujeros" que deja la deuda pública, que alcanza el 80% del PIB, y reducir sus déficits, conforme a las promesas hechas a la UE y al FMI. La medida no entrará en vigor hasta finales de enero, y los húngaros se arriesgan a ver cómo disminuye el montante de sus pensiones. "La confianza de los húngaros en las pensiones públicas era débil, y por esa razón prefirieron poner en marcha fondos privados. Ahora esa confianza es prácticamente nula", estima Hospodářské noviny. "Tras las pensiones, cualquier cosa puede ser nacionalizada". Hoy en día, añade el periódico, "la única certeza de los húngaros es su inseguridad respecto a lo que sucederá con sus ahorros y sus pensiones".
Confrontada a una situación similar, Polonia ha adoptado una conducta inversa. El 10 de diciembre, el Gobierno de Donald Tusk obtuvo de la Comisión Europea el derecho a no tener en cuenta en el cálculo de su deuda pública y su déficit presupuestario las transferencias de dinero público a las cajas de jubilaciones privadas. Tal medida va a permitirle anunciar una deuda de menos del 40% del PIB, en lugar del 54%.
Sin embargo, estima Dziennik Gazeta Prawna, "el éxito del Gobierno podría transformarse en una maldición", ya que este cambio de método contable no modifica el volumen de la deuda y "podría ser una excusa para que el Gobierno aumentara su deuda sin ser penalizado por ello".
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