La factura del coste de la crisis está a punto de llegar. En Reino Unido, el IVA aumentará del 17,5 al 20 por ciento a partir de enero de 2011. Alemania está reduciendo los subsidios por desempleo, España ha relajado las leyes sobre el despido, Portugal está recortando los subsidios de las pensiones del sector público y Francia desea alargar la edad de jubilación para todos.
Los altos déficits inundan la mayoría de países europeos y Estados Unidos y el ejemplo griego demuestra que la paciencia de los mercados de financiación de las deudas tiene un límite. Pero precisamente se considera al sector bancario como principal culpable y responsable de la crisis que ha llevado a muchos países al borde de la bancarrota. Por lo tanto, ¿no debería contribuir al rescate de las finanzas públicas, que fueron recientemente las que le ayudaron a sobrevivir?
Del rescate de los bancos a las reducciones de déficits
El problema es que prácticamente cada gobierno tiene un concepto diferente sobre esta cuestión. El único aspecto que se acordó en la última cumbre del G20, en la que se reunieron los líderes políticos de las mayores economías mundiales, fue que cada país podía actuar según estimara conveniente. Stephen Harper, primer ministro de Canadá, que ha afrontado la crisis sin incidentes, desde un principio descartó su apoyo a cualquier esquema global de impuestos a la banca. Los chinos han hecho lo mismo, pues no quieren presionar en exceso a sus bancos.
En la parte contraria se encuentran países que han tenido que salir al rescate de sus bancos y ahora tienen que reducir sus déficits, en especial Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia. A líderes como Angela Merkel o David Cameron les gustaría introducir un impuesto global, idéntico en todos los países, con el fin de no debilitar la posición competitiva de sus instituciones financieras. Esto evitaría la huida del capital de un país a otro para evadir el nuevo impuesto. Sin embargo, el bando a favor del impuesto es débil sencillamente por el hecho de que, aunque todos sus miembros desean gravar un nuevo impuesto sobre los bancos, no necesariamente se ponen de acuerdo en dónde deben invertir el dinero.
El presidente Barack Obama simplemente desea recuperar los 100.000 millones de dólares (76.500 millones de euros) que ha costado el plan estadounidense de ayuda para la adquisición de activos problemáticos. El nuevo impuesto se aplicaría únicamente a las instituciones de mayor tamaño y variaría en función de su perfil operativo. Los bancos implicados en estrategias de inversión de alto riesgo pagarían más. Pero hasta ahora, el Congreso ha rechazado el plan y los demócratas lo han sacrificado para poder impulsar nuevas normativas para el sector financiero.
Los suecos, defensores de un nuevo impuesto bancario
David Cameron, el nuevo primer ministro británico, ha elegido una vía distinta, ya que cree que los bancos deben contribuir al rescate de las finanzas públicas de un país cuyo déficit ha resultado ser comparable al de Grecia. El recientemente enmendado presupuesto británico presenta un nuevo impuesto calculado según el balance general total del banco. Con ello se esperan recaudar 1.000 millones de libras este año y entre 2.000 y 2.500 millones de libras anuales a partir de 2011. Los ingresos se destinarán directamente al presupuesto y esto demuestra al público la equidad con la que se distribuyen las cargas extra en Gran Bretaña.
Alemania espera obtener 1.200 millones de euros anuales con un impuesto similar. En lugar de gastarlos, el gabinete de Merkel ha propuesto recaudarlos en un “fondo de estabilización” especial que serviría como una especie de póliza de seguro en caso de que se produzca otra crisis bancaria. De este modo, estos fondos para rescatar a instituciones financieras con problemas procederían de esta misma fuente y no del bolsillo de los contribuyentes. El fondo se protegería de interferencias políticas y no podría utilizarse para ningún otro fin. De hecho, la idea no es alemana, sino una copia de una solución parecida adoptada en Suecia en 2009.
Precisamente los suecos son los defensores de un nuevo impuesto bancario. Desean que su fondo de estabilización ascienda a alrededor del 2,5 por ciento del PIB en un plazo de 15 años. Cada año, los mayores bancos suecos pagan varios cientos de millones de coronas para este fin. Los políticos suecos han estado fomentando este modelo internacionalmente. Exponen que el nuevo impuesto representa una cantidad tan pequeña que no debilita a los bancos y aún así es lo suficientemente grande para sumar una cantidad considerable con el tiempo. Sin embargo, los críticos señalan los principales inconvenientes del sistema: el impuesto se calcula según la facturación de los bancos en Suecia, sin incluir sus operaciones en el extranjero. El resultado es que las instituciones orientadas sobre todo hacia Suecia, donde tradicionalmente se evitan las operaciones de alto riesgo, pagan más que sus rivales que han invertido grandes cantidades en el Báltico y han sufrido importantes pérdidas.
¿Quién paga de verdad?
A pesar de ello, claramente a la Comisión Europea le ha encantado la solución sueca. Bruselas está intentando coordinar las medidas adoptadas por los Estados miembros y evitar que cada país implante un impuesto bancario distinto. A la Comisión le gustaría que todos los Estados miembros crearan fondos de estabilización que sumaran en total 50.000 millones de euros anuales. De este modo, todos los Estados miembros de la UE dispondrían de un seguro en caso de que se produzca otro apuro económico y al mismo tiempo, las instituciones financieras que operan en la UE recibirían el mismo trato. Por desgracia, los que creen que al obligar a los bancos a ahorrar dinero para tiempos difíciles se evita que seamos nosotros los que paguemos otra crisis puede que se lleven una gran decepción, ya que los impuestos que realmente se han aprobado con leyes hasta ahora son en su mayoría simbólicos. Por ejemplo, en Alemania se planea recaudar algo más de 1.000 millones de euros anuales, mientras que sólo el rescate del banco hipotecario alemán Hypo Real Estate ha costado hasta ahora más de 100.000 millones de euros. Sería necesario adoptar estos fondos de estabilización al menos durante varias décadas para que su magnitud fuera proporcional a la amenaza.
“Hasta ahora, no ha sido más que un gesto populista. Los gobiernos quieren convencer al público de que los bancos también están pagando por la crisis, pero con las cantidades tan pequeñas de las que hablamos, esto ha sido más una acción simbólica en lugar de un auténtico impuesto al sector financiero”, explica Piotr Kuczyński, analista de Xelion, una empresa de asesoría financiera con sede en Varsovia. Esto se debe a que los bancos disponen de un arma poderosa: amenazan simplemente con descargar cualquier coste extra a sus clientes. Por este motivo, los países que han decidido introducir un nuevo impuesto a la banca lo han mantenido bajo, a un nivel prácticamente imperceptible para el sector. Y los bancos cuentan con la ventaja de que no se puede prescindir fácilmente de ellos. La recuperación mundial, y en el caso de Polonia la vuelta al crecimiento rápido, no será posible si el sector financiero se niega a colaborar. Por ello los bancos han hecho saber a los gobiernos que es mejor no provocarles. Y al menos por ahora, han conseguido que entiendan su mensaje.
¿Te está interesando el artículo?
Es de libre acceso gracias al apoyo de nuestra comunidad. Publicar y traducir nuestros artículos tiene un precio. Para seguir informándote de manera totalmente independiente, necesitamos tu apoyo.
Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
El evento >