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¿Es necesario que, aprovechando la crisis, se replantee el equilibrio de la democracia europea? La cuestión se ha planteado ahora que los aprendices de brujo de la ingeniería institucional europea se vuelven a poner manos a la obra comunitaria. Lo que está en juego en el ámbito político es tan sencillo como crucial: puesto que ahora se trata de garantizar una nueva disciplina presupuestaria, ¿quién debe ser el "garante" de último recurso?
Digámoslo claramente: el Gobierno alemán ha ido un paso por delante en esta materia. Desde la cumbre con los diputados cristiano-demócratas en septiembre, Angela Merkel no ha dejado de repetir que la política presupuestaria de los Estados deberá someterse al control de los jueces de Luxemburgo, que sancionarán a los Estados "que no cumplan" [el acuerdo del 5 de diciembre entre Angela Merkel y Nicolas Sarkozy desestima esta solución].
Ninguna política bismarckiana
Esta dirección confirma de nuevo la precariedad de la legitimidad política en la Unión Europea y que la credibilidad del euro sólo se puede lograr en el ámbito apolítico.
Aquí no se trata de ninguna política bismarckiana, tal y como afirmó de una manera que puede tildarse de torpe Arnaud Montebourg, sino de la reactivación de una de las corrientes más afianzadas del liberalismo, el ordoliberalismo, que surgió en la Alemania de entreguerras y el influyente ministro alemán cristiano-demócrata de Economía (1949-1963) y canciller federal (1963-1966) Ludwig Erhard popularizó en la posguerra bajo el nombre de "economía social de mercado".
Le debemos a Michel Foucault que en las clases que impartió en el Collège de France en enero de 1979, Nacimiento de la biopolítica, identificara la originalidad de esta corriente del liberalismo. Éste hace de las reglas de derecho (constitucional) y del juez los impulsores y las garantías principales de la construcción de un orden político basado en el estricto respeto de las libertades económicas y de la libre competencia.
Ante una "política" considerada incapaz de crear un entorno de anticipaciones estables para los operadores económicos, únicamente la regla constitucional (la famosa "regla de oro") permite protegerse de las "incoherencias temporales" de los gobiernos democráticos. Con esta premisa se juzga la propuesta alemana, que sitúa así la competencia parlamentaria fundamental sobre el poder presupuestario bajo el control de los jueces.
Las raíces de Europa en este credo
Es cierto que esta corriente de ideas no es nueva en Bruselas. Al cabo de varios decenios de celebraciones del "método Monnet", que preconiza una tecnocracia iluminada encargada de impulsar la modernización económica y política del continente, nos hemos olvidado de que Europa también surge del credo ordoliberal jurídico-económico que permanece especialmente vivo en Alemania.
Por ello, resulta difícil comprender uno de los pilares de la construcción europea, como es la política de la libre competencia, sin mencionar los vínculos con el entorno alemán ordoliberal, que durante mucho tiempo han sido estrechos. Cabe destacar que estas ideas que justifican una forma de "intervencionismo liberal", en palabras de uno de sus principales pensadores, Walter Röpke, permiten pensar en una "Europa fuerte" y en el refuerzo de las instituciones públicas supranacionales. Pero con la condición expresa de que dichas instituciones sigan siendo apolíticas e independientes, al igual que el Banco Central Europeo (BCE) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En resumen, la propuesta alemana encubre más que una solución pasajera, una situación de urgencia. Se inscribe en una auténtica doctrina del federalismo europeo y marcaría la detención del lento despliegue de una lógica democrática dentro de las instituciones supranacionales nacidas bajo el signo de la modernización económica. En otras palabras, sancionaría el último fracaso de los repetidos intentos de construcción de una Constitución política y el inicio de una Constitución económica europea. ¿El Gobierno [francés] se encuentra en este punto tan falto de ideas europeas que sólo puede proponer como contra-proyecto para la Unión una modesta solución intergubernamental?
