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La Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) está a punto de iniciar una investigación sobre las “condiciones de la atribución por parte de la UE de un importante mercado en Libia a una empresa británica sin autorización para trabajar en este país”, informa Rue89.
El asunto, que ya lo había mencionado EUobserver, implica a la empresa británica G4S-UK, que, contra todos los pronósticos, obtuvo el contrato de 10 millones de euros con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para proteger una serie de instalaciones de la Unión en Libia, si bien no disponía “hasta entonces de ningún contrato de seguridad de una delegación europea”, precisa Rue89, al contrario que las demás empresas que habían participado en el concurso público, la húngara Argus y la británico-canadiense Garda World.
Según el sitio web francés de actualidad, el asunto plantea un conflicto de intereses en el SEAE, dirigido por la británica Cathernine Asthon:
Algunas personas [...] sospechan que Gran Bretaña emplea imprudentemente su influencia dentro del SEAE para favorecer a sus principales empresas militares privadas.
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