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“¡Yo no doy un duro a los de fuera!” Carteles con este eslogan cubrieron muchas paredes en Eslovaquia, pegados por el partido de extrema derecha Republic antes de las elecciones del año pasado. No fue suficiente para que Republic accediera al parlamento, pues solamente obtuvo 141 099 votos (4,75 % del total). Pero, de todos modos, el gobierno ha hecho suyo, en parte, ese eslogan. Ya en su programa de gobierno, la coalición gobernante de Robert Fico anunció cambios legales que afectan a las organizaciones no gubernamentales.
Pero para tener una mejor idea de sus planes, basta con leer el recientemente publicado proyecto de reforma preparado por el Partido Nacional Eslovaco (SNS), el socio menor ultranacionalista de la coalición.
Entre los cambios más importantes introducidos por esta reforma están el etiquetar como “organización con apoyo extranjero” a todas las ONG cuyo ingresos anuales procedentes del extranjero superen los 5000 € (excepto aquellas que reciban exclusivamente fondos de la UE); la obligación de que todas ellas han de publicar el nombre de todos los donantes, tanto personas físicas como jurídicas; y una disposición para disolver las ONG que cometan irregularidades administrativas, incluso después de un recurso de apelación.
Inspiración húngara
La legislación planificada ha sido radicalmente denunciada por la sociedad civil eslovaca. En palabras de Marcel Zajac, presidente del Consejo Gubernativo para las ONG, “esta ley es un garrote para machacar con él a la ciudadanía: establece distinciones fundamentales entre diferentes formas de capital privado, estigmatiza a la sociedad civil y representa, además, un intolerable aumento de la burocracia”.
Por el contrario, los redactores del proyecto de reforma argumentan que va en interés del pueblo, porque aumenta la transparencia del denominado sector terciario. Hay en realidad un legítimo debate que se ha de entablar respecto a cómo se debe aumentar la transparencia. Pero la propuesta del SNS plantea múltiples problemas: en particular, no ha habido discusiones de ningún tipo con las organizaciones afectadas y la justificación que se alega parece más bien un pretexto para hacer incómoda la vida de las ONG inoportunas.
Comparando este anteproyecto de enmienda con una ley húngara similar, resulta sorprendente la influencia de la versión del primer ministro de Hungría Viktor Orbán, que se autoproclama “iliberal”. De acuerdo con Plataforma para la Democracia, las dos disposiciones son “muy similares, idénticas a decir verdad”. Lo cierto es que en términos de las atribuciones que confiere al ministro del interior para disolver cierto tipo de organizaciones sin supervisión judicial, el anteproyecto de ley de SNS es el más riguroso de los dos.
Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha planteado graves objeciones al anteproyecto de ley húngaro. Comprobó que iba en contra de la legislación europea precisamente por los desproporcionados medios por los que se pretende alcanzar la meta propuesta de hacer más transparente al sector terciario.
“Democracia social” y sociedad civil
Smer (el partido nacionalista de izquierdas del primer ministro eslovaco Robert Fico) y Hlas-SD (“Voz de los Socialdemócratas”, socio de coalición de similar ideario) fueron recientemente expulsados del Partido de Socialistas Europeos. Lo que se discutía era la retórica de Fico y la cooperación con el SNS.
En respuesta, Smer desplegó su defensa tradicional: la verdadera razón de la suspensión, dijo, fue la negativa de la "socialdemocracia eslovaca" a seguir una agenda progresista sobre género y minorías sexuales. Sin embargo, particularmente en el caso de Smer, ha habido claramente un quebrantamiento más amplio de los valores socialdemócratas tradicionales. Esto es evidente en la retórica indiscriminada del partido hacia la sociedad civil.
De hecho, no son solo las organizaciones voluntarias las que han sido objeto de ataques. Por ejemplo, las personas que habían expresado su desaprobación hacia la ministra de Cultura, Martina Simkovic, fueron tachadas de "privadas de espiritualidad" por el primer ministro. Y el primer ministro criticó con un comentario de mal gusto una colecta cívica destinada a la compra de munición para Ucrania.
Aunque el gobierno se preocupa por distinguir entre ONG "políticas" y de otros tipos, esa distinción es artificial: todas las organizaciones que promueven intereses en el espacio público son políticas. Por lo tanto, es de esperar que estos intereses puedan entablar un diálogo contradictorio con el poder político y no deben ser tratados como corrosivos.
El gobierno está inherentemente en una posición de más poder y, por lo tanto, no debería imponer su autoridad hasta que se hayan agotado todas las demás opciones (y entonces sólo dentro de los límites de la legitimidad y la rendición de cuentas derivadas de las elecciones). Los medios de comunicación y la sociedad civil, algunos de los cuales son considerados enemigos por el gobierno, son de hecho importantes controles y fuentes de equilibrio del poder en una democracia representativa.
En lugar de aceptar críticas, el planteamiento de la coalición actual es rechazar el principio democrático básico de un debate abierto y razonable. Lejos de ser un "dique contra el extremismo", el gobierno se está convirtiendo en el canal que lleva el extremismo directamente a la principal corriente de opinión.
El Ministerio de Cultura entra en el debate
Incluso el insólito tiroteo en el bar de ambiente gay Tepláren de Bratislava en octubre de 2022 no fue suficiente para enfriar la retórica agresiva que se dirige, no sólo por parte de los políticos del actual gobierno, contra las minorías de género y sexuales. Una oleada especialmente grande de compasivo resentimiento fue provocada por una “encuesta” en el perfil oficial de Facebook del Ministerio de Cultura. En ella se preguntaba si el Estado debería apoyar la restauración de monumentos culturales o "la celebración de eventos LGBTI+ en los que se enseña a niños menores de edad cómo actuar en un espectáculo sexual".
Lo que más importará será la tenacidad de la sociedad civil
Las implicaciones prácticas de calificar al público como ciudadanos de clase superior o inferior han sido sobradamente evidentes durante el mandato de Martina Simkovicova como actual ministra de Cultura. Dos anteproyectos de ley se votarán próximamente y afectarán a importantes instituciones sujetas a la jurisdicción del ministerio de cultura. Uno de ellos transformará el Fondo para la Promoción de las Artes para que pueda luchar mejor en pro de la “cultura nacional, no la cultura de los transexuales y la perversión” (en las elogiosas palabras de Fico).
En otro, el SNS propone la abolición de la cadena pública de radiotelevisión RTVS y sustituirla por un “medio de comunicación estatal”. El gobierno cree que el periodismo de RTVS es tendencioso e incluso que infringe todo lo dispuesto en materia de derechos humanos. Esta ofensiva legislativa está tropezando con una tenaz resistencia no solo de los empleados afectados por ella, sino también de sectores específicos de la ciudadanía.
En respuesta a la intensificación de la actuación ministerial, la comunidad cultural eslovaca se está organizando en la plataforma Cultura Abierta. Además de la formulación de peticiones, se está creando una red solidaria para agrupar a organizaciones y personas dedicadas a la cultura. Los empleados de RTVS se hicieron oír en una protesta de oposición que reunió a unas cuatro mil personas. Los cambios que están previstos para la cadena también fueron rechazados por más de 85 000 signatarios de una petición popular contra el “secuestro”.
La sociedad civil eslovaca afronta una prueba de estrés
Las más recientes elecciones parlamentarias eslovacas brindaron un cierto alivio. El neonazi Partido Popular Nuestra Eslovaquia quedó fuera del parlamento y su sucesor, Republic, ni siquiera consiguió el porcentaje mínimo de votos para ingresar en él. Pero esto fue una derrota más que nada simbólica para la extrema derecha. Miembros de estos partidos, o personas que aspiraban a algún cargo por medio de ellos, están trabajando ahora en ministerios o encabezándolos lisa y llanamente. Peter Weiss, un veterano nacionalista de izquierdas afín al Hlas-SD que hoy en día está entre los críticos de la coalición, dice abiertamente que la hoja de parra de la coalición –es decir, Peter Pellegrini (líder de Hlas-SD y recién elegido Jefe de Estado) y su partido– ya han caído ante la visión populista inspirada por el SNS y que está dando alas a la ideología y la política del gobierno.
Después de las elecciones europeas en junio, ya no hay elecciones programadas en Eslovaquia hasta una votación de carácter regional y local prevista para 2026. Lo que más importará será la tenacidad de la sociedad civil. ¿Podrá defender la importancia del poder pluralista y la posibilidad de una política que se ocupe de los problemas corrientes de la gente, apartándose de la peligrosa promesa de paz y unidad formulada por el gobierno?
Con el apoyo de Heinrich-Böll-Stiftung UE
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