Elige un idioma
La integridad de las elecciones en Europa y la posibilidad de un debate libre de cualquier desinformación procedente del extranjero se ponen ahora en tela de juicio por las repetidas intervenciones de Elon Musk, el jefe de la red social X, de Tesla y SpaceX, así como de la plataforma china TikTok y de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, entre cuyas filiales se encuentran Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads.
La columnista estadounidense Anne Applebaum observa en The Atlantic que “TikTok afirma que la empresa no acepta ningún tipo de publicidad política pagada. Meta, que anunció en enero que abandonaba la verificación de hechos en sus sitios de Estados Unidos, también afirma que seguirá cumpliendo la legislación europea. Pero incluso antes del cambio radical de política de Zuckerberg, estas promesas estaban vacías”, analiza Applebaum.
“Varios países europeos, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, han aprobado leyes cuyo fin es que las plataformas cumplan sus propios sistemas jurídicos, imponiendo multas a las empresas que infrinjan las leyes sobre incitación al odio o que alojen otros contenidos ilegales. Pero estas leyes son controvertidas y difíciles de aplicar”. De hecho, prosigue, “en todo el mundo solo existe una institución lo suficientemente grande y poderosa para redactar y aplicar leyes que pudieran hacer que las empresas tecnológicas modifiquen sus políticas. En parte por esta razón, la Unión Europea podría convertirse en breve en uno de los objetivos más importantes de la administración de Trump”.
“La Ley de Servicios Digitales (DSA), que entró en vigor el año pasado, debe permitir a los europeos luchar contra contenidos ilegales y cualquier forma de desinformación en Internet, cuando la Ley de Mercados Digitales [DMA, la normativa europea sobre servicios en línea] persiga los abusos de posición dominante”, resume Virginie Malingre en Le Monde. La corresponsal en Bruselas del diario francés añade que “las grandes plataformas afectadas por estas leyes se arriesgan a una multa de hasta el 6 % de su volumen de negocios mundial en el primer caso y del 10 % en el segundo.
Como último recurso, también pueden verse obligadas a reducir sus actividades en territorio europeo”. Desde que entró en vigor, señala, “se han abierto varias investigaciones: diez en virtud de la DSA, incluida una contra X, dos contra Facebook y dos contra Instagram; seis en virtud de la DMA, incluidas dos contra Alphabet, tres contra Apple y una contra Meta. A día de hoy, solo se ha cerrado una de ellas, lo que ha permitido retirar del Viejo Continente TikTok Lite, altamente adictivo para los jóvenes”. En opinión de Malingre, la Comisión tiene en este frente “una obsesión: ser inatacables para que no se rechacen ante el Tribunal de Justicia de la UE”. Se trata de una tarea titánica, “sobre todo teniendo en cuenta que solo 250 personas están designadas para aplicar la DSA y la DMA, mientras que Google, X o Meta emplean a miles de abogados”.
“La legislación de la UE pretende aumentar el poder de negociación por parte de particulares y, obviamente, de los Estados, puesto que ahora nos encontramos en una situación en la que estas grandes plataformas casi erosionan la soberanía estatal”, explica Carola Frediani en una entrevista a Il Manifesto.
Según esta periodista experta en derechos digitales y moderadora de la plataforma Guerredirete, “Lo que está haciendo la UE es casi un contraataque y, por parte de la nueva administración estadounidense, se percibe como una agresión contra las industrias estadounidenses. Porque las grandes plataformas sociales, empezando por X, sí que son estadounidenses y quieren establecerse bajo la presidencia de Trump para eludir esta política europea”.
Tras enumerar a los empresarios de Silicon Valley que se han distinguido por sus posturas conservadoras (incluso reaccionarias) y libertarias, Frediani señala que “lo que une [sus] visiones un tanto eclécticas y contradictorias […] es su desprecio por la democracia liberal, hecha de cuerpos intermedios, contrapoderes y leyes que limitan el ámbito de actuación de las empresas controladas por estas personas. Y en este sentido actúan Musk y los demás para debilitar a la Unión Europea y socavar sus intereses económicos y estratégicos”.
Los choques entre Musk y la UE son inevitables porque, como señala György Folk en HVG, Musk “controla una red social sujeta a la DSA, la normativa europea en materia de servicios en línea; Tesla es un importante agente industrial europeo (la gigafábrica de la firma automovilística de Grünheide, en Berlín-Brandeburgo, supone una inversión de 4000 millones de euros), SpaceX (y su empresa asociada de telecomunicaciones por satélite Starlink) se beneficia de subvenciones en el marco de los programas de financiación de la investigación espacial de la UE”. Por eso es especialmente significativo que Elon Musk “destine parte de sus ingresos a financiar partidos populistas de extrema derecha”, añade Folk.
“La tarea de la Unión Europea y de las autoridades nacionales consiste en garantizar el cumplimiento de las leyes europeas sobre redes sociales”, recuerda Caspar Schwietering en Tagesspiegel. “El odio y la incitación al odio deben tener consecuencias. Las autoridades deberían vigilar de cerca a X […] Es necesario verificar si Musk utiliza su control sobre los algoritmos de X para aumentar la resonancia de las posiciones de extrema derecha. Europa no debe tolerar una manipulación así de la opinión pública”.
“La UE debe acabar con la maquinaria de manipulación de las grandes empresas tecnológicas”, expone Johnny Ryan en The Guardian y, para ello, “Ursula Von der Leyen y Henna Virkkunen [comisaria europea de Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia] deberían adoptar tres medidas urgentes para proteger la democracia. En primer lugar, acelerar radicalmente las medidas previstas en la DSA contra los algoritmos que hacen descarrilar el debate político. […] En segundo lugar, ejercer una presión política seria sobre Irlanda para que aplique el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), contra las grandes empresas tecnológicas. […] En tercer lugar, las autoridades nacionales de toda Europa deberían prepararse para emprender medidas contra los algoritmos de las grandes empresas tecnológicas e incluso excluirlos de sus mercados”.
Entonces, ¿pueden los líderes europeos hacer algo para frenar esta marea? “En absoluto”, afirma el experto Rasmus Kleis Nielsen. En las columnas del diario danés Politiken, el exdirector del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford señala que “aunque tanto Reino Unido como la UE han introducido una nueva legislación digital y la han presentado como una protección contra la desinformación y la injerencia extranjera, no proporciona inmediatamente a los políticos las herramientas pertinentes. Esto puede resultar frustrante, pero en principio es comprensible. La libertad de expresión protege tanto el derecho de Musk a expresarse, como nuestro derecho a leer lo que dice si queremos hacerlo”, añade. “Y este derecho fundamental […] no se limita a un discurso ‘correcto’, sino que protege también los discursos ‘que pueden chocar, ofender o molestar’”.
En colaboración con Display Europe, cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de las Comunicaciones. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de las mismas.
¿Te está interesando el artículo?
Es de libre acceso gracias al apoyo de nuestra comunidad. Publicar y traducir nuestros artículos tiene un precio. Para seguir informándote de manera totalmente independiente, necesitamos tu apoyo.
Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
El evento >
Participa en el debate
Hacerse miembro para traducir los comentarios y participar