El libre mercado de la deslocalización en Europa

Verano de 2021, Florencia, Italia. Las 422 personas empleadas en la fábrica que la multinacional GKN tiene en Campi Bisenzio reciben una carta anunciándoles su despido. La empresa del sector automovilístico ha decidido deslocalizar la producción de ese centro hacia otras sociedades del grupo en Europa. Estos últimos años se habían hecho muchas inversiones para modernizar la producción de esa factoría.

Pero la deslocalización no era síntoma de una crisis. Muy al contrario, era un intento de acrecentar más aun los beneficios de la multinacional. En respuesta, los trabajadores y trabajadoras ocuparon la fábrica. Desde hace dos años, todo el personal se ha organizado contra el cierre del centro y por su reconversión más ecológica.

Enero de 2018, Amiens, Francia. La fábrica de secadoras Whirpool deslocaliza su fábrica llevándosela a Polonia para beneficiarse de unos costes laborales más baratos. 300 personas van a la calle. Y con motivo: en 2018, según Eurostat, los asalariados franceses ganaban una media de 35,80 euros a la hora, en comparación con los 10,10 euros en Polonia, incluidas las cotizaciones sociales.

Desde entonces, la brecha no se ha reducido mucho. En 2021, en la Unión Europea, el coste laboral en la industria, la construcción y el sector terciario comercial para empresas de diez o más asalariados ascendió a una media de 28,7 euros por hora, con fuertes variaciones según los países. El Instituto francés de estadística y estudios económicos (INSEE) constata una diferencia relativa de 1 a 7 entre Bulgaria (6,9 euros) y Dinamarca (48,3 euros).

La misma Whirlpool ha seguido adelante con sus maniobras. En pocos años, este fabricante ha eliminado 3000 puestos de trabajo en Europa como parte de la reestructuración de sus instalaciones industriales. Hoy en día, casi todas las fábricas europeas del grupo están ubicadas en Italia y Polonia.

“El problema estriba en la manera en que se ha construido la Unión Europea, con un modelo más conflictivo que colaborativo. A pesar de elaborar ciertas reglas para armonizar la legislación laboral, persisten unas enormes diferencias entre unos países y otros”, analiza Silvia Borelli, profesora de derecho laboral europeo en la Universidad de Ferrara.

Deslocalizaciones intraeuropeas

Sin embargo, es muy complicado cuantificar el fenómeno de las deslocalizaciones de un país a otro en Europa. La primera dificultad es la falta de transparencia. “No existe una base de datos oficial. Cuando una empresa se deslocaliza no lo declara a nadie”, detalla la investigadora.

En 2017, varios medios de comunicación citaron cifras publicadas por la agencia Eurofound, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. Señalaron 752 casos de deslocalización mencionados en antiguos artículos periodísticos, de entre 2003 y 2016, de los cuales 352 tenían como destino otro Estado miembro de la Unión Europea. 

En términos de empleo, de los casi 200 000 puestos de trabajo perdidos en 13 años, 118 760 podrían atribuirse a una transferencia de la producción a otros Estados miembros. Con un “deslizamiento del oeste al este”, es decir, de la Europa de los Quince hacia los Estados miembros más recientes, entre los que cabe citar Eslovaquia, Polonia y Hungría.

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Las razones son harto claras: cuando no es cuestión de costes laborales, generalmente se suele tratar de razones fiscales. Como en el caso de España donde, en abril de 2023, el 93 % de los accionistas de la joya de la corona de la construcción Ferrovial votaron a favor de una “fusión a la inversa”, es decir la absorción por la filial neerlandesa de la casa matriz española y, por ello, el traslado del domicilio social y fiscal de Ferrovial a los Países Bajos. Este país dispone de una fiscalidad ventajosa para las empresas y para los dividendos que abonan a los accionistas.

Una legislación ineficaz y favorable a las empresas

Estas políticas empresariales tienen consecuencias que afectan ante todo a la protección de los trabajadores. Teóricamente, a escala de la Unión Europea, en caso de traslado de empresa, el personal trasladado debe conservar los mismos derechos al amparo de los sindicatos encargados de esta negociación. Pero de hecho la directiva es inaplicable casi siempre.

“Es necesario que la misma actividad se desarrolle en el Estado de destino, lo que es muy difícil de demostrar, ya que siempre puede haber pequeños cambios que modifiquen la actividad de origen. La directiva en realidad se ha hecho para las empresas que siguen en el mismo Estado y en un campo de aplicación limitado”, explica Silvia Borelli.

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De los casi 200 000 puestos de trabajo perdidos en 13 años, 118 760 podrían atribuirse a una transferencia de la producción a otros Estados miembros

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En opinión de la investigadora, la legislación actual no solo es ineficaz, en el sentido de que no permite impedir las deslocalizaciones, sino que además “es hipócrita: tenemos unas reglas que se han hecho para que no sean aplicables”.

La propia definición de deslocalización hace difícil el control. Puesto que no se define como el desplazamiento de una unidad de producción de un país a otro. En general, se traduce por un traslado de actividad de un centro de trabajo a otro. Pero una deslocalización también puede significar el cierre de una unidad de producción dentro de un país a favor de la subcontratación con otra empresa en otro país. Se habla entonces de reestructuración.

El jurista Raphaël Dalmasso ha estudiado la legislación francesa que regula los despidos económicos y las deslocalizaciones. "Las primeras operaciones de deslocalización a gran escala [en Francia] en la década de 1990 consistieron claramente en una transferencia de espacio de trabajo, a menudo con inclusión del equipamiento, de una fábrica a otra. Sin embargo, el fenómeno de la deslocalización, más extendido hoy en día, es más difícil de describir.

Por ejemplo, en los últimos 20 años, los principales fabricantes de automóviles franceses han reducido considerablemente su plantilla en el territorio nacional y han abierto fábricas en Europa del Este y en el Magreb. Dicho esto, oficialmente no se ha producido ninguna deslocalización de puestos de trabajo. Así pues, esta mutación profesional es más latente y más complicada de describir desde el punto de vista jurídico", describe el conferenciante de la Universidad de Lorena en Deslocalización: un viejo problema en busca de nuevas respuestas. La necesidad de una aplicación eficaz de las políticas (2024).

El investigador analiza las reestructuraciones, tanto en circunstancias excepcionales como en respuesta a presiones económicas, como un “modo de gestión empresarial cotidiana” en manos de los directores de empresa. En ese contexto, las deslocalizaciones “ofensivas” posibilitadas con vistas a conquistar los mercados, no tienen necesidad de presentar una justificación económica.

“Tales medidas de reestructuración se pueden producir cuando el empleador considere que hay una razón económica. Sin embargo, al eximir al empleador de la obligación de justificar su elección de gestión, las razones económicas ya no están sujetas a control judicial. La idea es, por tanto, que el empleador siga siendo el único árbitro de la conveniencia teórica de la operación de reestructuración”, añade.

Apoyo sin control ni condición

Para Silvia Borelli que ha analizado los programas europeos de desarrollo económico, es decir las financiaciones concedidas a las empresas por los Estados o por la UE, el problema central es la ausencia de control. “Que se apoye a las empresas me parece normal; por ejemplo, tenemos fondos dentro del marco del pacto verde o de la transición digital que se aportan a las empresas para desarrollar ciertas políticas industriales, pero no hay control alguno después de que las empresas reciben el dinero. Así pues, pueden deslocalizar legalmente lo que quieran”.

La universitaria establece un paralelismo con el control de los beneficiarios de prestaciones. “Cuando un Estado entrega dinero a los desempleados, siempre procura controlar lo que hacen con las sumas percibidas. Sin embargo, no existe condicionalidad alguna para las empresas, bajo pretexto de la libertad de empresa”. Tampoco hay forma de sancionar a las empresas. En caso de deslocalización, legalmente es el Estado el responsable de devolver el dinero a la Comisión Europea, o de recuperar el dinero de la empresa.

“Hoy en día ocurre lo contrario: tenemos políticas de incentivos promulgadas por los Estados para atraer empresas a su territorio. Es un régimen de competencia que se basa en la libertad de movimiento y la libertad de emprender. Sin embargo, en un sistema así, impedir las deslocalizaciones equivale a limitar la libertad de circulación de las empresas y, por tanto, a ir en contra del principio de integración europea”, continúa Silvia Borelli.

Límites de la acción sindical

Aunque los sindicatos suelen estar presentes en las grandes empresas y multinacionales, su margen de maniobra es limitado. “Cuando se movilizan los sindicatos, suele ser por lo general al implantarse un plan societario. La acción sindical no permite más que la limitación de los daños”, recalca la investigadora. De hecho, cualesquiera que sean las modalidades de actuación –huelgas, bloqueos de talleres, mediatización, etc.– generalmente se producen después de la decisión de deslocalizar.

Hoy en día las organizaciones sindicales carecen de poder, de derecho a la información y a la consulta para actuar con mayor prontitud. Por otra parte, pueden tropezar con el problema del secreto industrial. “Por ejemplo, Peugeot que decide producir un modelo eléctrico en Polonia puede anteponer el secreto industrial”. Los comités de empresa podrían tener un papel que desempeñar, según indica la profesora de derecho. “Pero su papel es difícil cuando la deslocalización es intraeuropea, porque el comité puede representar a los trabajadores del país de origen o a los del país de destino”.

Los sindicatos se debilitan aún más a medida que las deslocalizaciones acentúan la precariedad y las desigualdades salariales y de protección de los trabajadores, en un contexto de competencia y fragmentación del mercado laboral. "Deberíamos reflexionar para evitar conflictos entre sindicatos. Dar con la forma de trabajar juntos para que no sea perjudicial ni para un lado ni para el otro".

¿Relocalizar?

Después de la pandemia y de la crisis sanitaria de 2020, los Estados miembros de la Unión Europea han sido conscientes de la debilidad de su capacidad industrial, asociada, en parte, a las deslocalizaciones sucesivas de los instrumentos de producción. “Con la necesidad de mascarillas, se ha descubierto que no había ninguna empresa en Europa que las hiciera”, confirma Silvia Borelli. Ha surgido un discurso político que conmina a las relocalizaciones. "Recientemente, la Comisión Europea ha introducido reglas para limitar las deslocalizaciones  fuera de Europa, pero todavía son muy débiles".

La crisis de la COVID también ha inducido a la Unión Europea a fomentar las transferencias de actividad a “países amigos”, que comparten normas sociales similares. “Hay directivas para estimular la relocalización. Pero aun así, solo será interesante si controlamos la circulación de capitales”.

Muchas son las vías que parecen abrirse a los Estados y a Europa. Una de ellas consiste en otorgar un papel y un poder de control a la Comisión Europea para prevenir las deslocalizaciones desarrollando en paralelo políticas industriales de pleno ámbito europeo. La otra vuelve a la actuación a escala nacional, por medio de políticas industriales a nivel de cada Estado.

“Parece que todo se orienta hacia la segunda dirección”, indica Silvia Borelli, antes de añadir: “Sea como fuere, no se puede seguir así, con un sistema liberal que permite la fuga de capitales y el agravamiento de las desigualdades sociales. Hoy en día, los ricos son cada vez más ricos, los trabajadores mal pagados están perdiendo sus empleos y son los ciudadanos quienes pagan impuestos que, después, se redistribuyen a las empresas que deslocalizan: es una redistribución a la inversa, y no está funcionando."