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En el léxico de la extrema derecha española hay una palabra que concentra todos los temores del nacionalismo identitario patrio. Es mena, acrónimo de Menor Extranjero no Acompañado. Este vocablo de la jerga burocrática señala a los migrantes de menos de 18 años que llegan a España sin sus familiares y de los que el Estado se tiene que hacer cargo en tanto no alcancen la mayoría de edad.
El discurso del miedo al mena inunda las redes extremistas y se expresa incluso en carteles publicitarios en la calle o el transporte público: Se les acusa de violentos, de amedrentar a los pacíficos vecinos, de copar las ayudas públicas en detrimento de los nativos y, en definitiva, se dice que estorban y deben marcharse.
El discurso es falso, pero cala en un determinado segmento de la población. Según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, un organismo público encargado de las encuestas sobre las preferencias de la sociedad, el 10 % de los españoles votaría hoy en unas elecciones generales a Vox, el partido de extrema derecha surgido hace algo más de una década como escisión del PP, la formación conservadora tradicional.
Vox ya forma parte de los gobiernos de varias regiones de España y ha hecho de la demonización de los menores migrantes uno de sus principales argumentos políticos, en un país que por su situación geográfica sirve de entrada a Europa desde África.
Ante los discursos de odio racial, la sociedad civil ha articulado una campaña que ha superado hasta prácticamente ahogar la tesis de la formación ultraderechista. Más de 900 ONG sostienen al movimiento Esenciales, que el mes pasado consiguió llevar al Congreso de los Diputados, la principal cámara legislativa del país, una iniciativa legislativa que busca aprobar precisamente lo contrario de lo que defienden los extremistas: regularizar la situación de más de 500 000 migrantes que residen en España de forma irregular.
La campaña ha superado el primer trámite legislativo con un apoyo muy mayoritario —310 votos a favor y 33 en contra— y sin apenas generar polémica en el discurso mediático. ¿Cómo se ha conseguido?
Según Gonzalo Fanjul, director de Investigación de la fundación porCausa y uno de los intervinientes en la defensa de la regularización en el Congreso, la estrategia ha pasado por “generar un relato que reemplazase al de la extrema derecha” externamente, sin responder a sus postulados. “No tenemos ningún interés en discutir con quienes creen que la Tierra es plana”, compara Fanjul.
La iniciativa, surgida de las propias comunidades migrantes, reunió más de 600 000 firmas de ciudadanos y apela no solo a la solidaridad, sino a motivos económicos, como la contribución de los migrantes con los impuestos. Hasta la Iglesia Católica y las organizaciones empresariales se acabaron uniendo a un proyecto que todavía tiene que superar el trámite legislativo, pero que arranca con buenas expectativas.
“Una parte de la sociedad ha entendido que no es normal la histeria colectiva con la que nos quieren atrapar los partidos en procesos electorales” – Gonzalo Fanjul, fundación porCausa
“Una parte de la sociedad ha entendido que no es normal la histeria colectiva con la que nos quieren atrapar los partidos en procesos electorales”, explica Fanjul, para quien Vox y la extrema derecha “no han entendido nada porque tienen una idea esencialista e hiperidentitaria de España que refleja un país de hace un siglo que ya no existe”.
Defensa de la memoria histórica
El relato de la Guerra Civil española, de la que en 2026 se cumplirán 90 años, sigue sin estar completo en España. Casi cinco décadas después del fin de la dictadura de Franco, la memoria de los vencidos sigue en muchos casos literalmente enterrada. Los últimos gobiernos de centroizquierda encabezados por el PSOE se vienen mostrando dispuestos a financiar las exhumaciones de los miles de fosas comunes que en múltiples partes del país siguen albergando los restos de los vencidos y represaliados del bando republicano, pero la ultraderecha y la derecha tradicional torpedean estos esfuerzos.
“En España no hubo desnazificación como en Alemania porque aquí ganaron ellos”, explica Enrique Gómez, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, una región del noreste peninsular con un amplio autogobierno, en línea con el modelo de poder descentralizado del país.
Tras las elecciones autonómicas del año pasado entró a gobernar por primera vez una coalición de PP y Vox. Entre las primeras medidas que tomó este nuevo Ejecutivo estuvo la derogación de la ley aragonesa de memoria histórica, dificultando así la labor de exhumación de fosas comunes o incluso las charlas informativas para niños en escuelas. “Legislan a la contra”, dice Gómez, que cuenta cómo a su asociación se les denegaron incluso las sillas para los asistentes a uno de los homenajes periódicos a los caídos del bando antifascista en la Guerra Civil.
La respuesta social está siendo redoblar el trabajo didáctico y establecer redes de cooperación con asociaciones de otras regiones. “Curiosamente, estamos más activos que nunca”, señala Gómez. Se multiplican las exposiciones conmemorativas, los directores de institutos desafían el veto e introducen la cuestión en las aulas. “Hay gente que entiende que solo queremos enterrar a nuestros muertos y está reaccionando”, celebra.
Los derechos LGTBI, en peligro
Madrid se ha significado históricamente como una de las ciudades de mayor libertad de España para el colectivo LGTBI, pero el auge del discurso de ultraderecha ha supuesto, por primera vez, retrocesos en dos leyes regionales que afectan al conjunto del colectivo y al trans en particular. Se da la circunstancia de que ambos cambios han sido aprobados por el gobierno regional del PP, que tras las elecciones del año pasado logró una mayoría absoluta que le permite gobernar en solitario.
Amnistía Internacional ha censurado el retroceso, que supone eliminar el concepto de “identidad de género” de la norma y que, según la organización, vuelve a abrir una puerta a la aplicación de terapias de conversión repudiadas por numerosos organismos internacionales. Aunque el Gobierno estatal ha criticado la ley y se plantea recurrirla por incumplir la Constitución, la primera respuesta ha estado en la calle, con el colectivo manifestándose en el centro de la capital. La protesta estará, con toda probabilidad, muy presente en los desfiles del orgullo gay del próximo julio.
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Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
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