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La autodenominada “patria de los derechos humanos” se ha llevado un golpe. Desde hace unos diez días, Francia ha hecho frente a huelgas y manifestaciones importantes en torno al proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones. Pero actualmente, más allá de los detalles económicos del texto impulsado a la fuerza por el presidente de la República Emmanuel Macron, la violencia de la represión policial es lo que protagoniza las discusiones al respecto.
La brutalidad de las fuerzas de seguridad francesas no es nada nuevo, pero lo que se ha visto estos últimos días se ha convertido en noticia fuera de las fronteras del país. El viernes 24 de marzo, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa Dunja Mijatovic criticó la manera en la que Francia ha lidiado con las protestas, recordando que “los actos de violencia esporádicos de ciertos manifestantes u otros actos reprobables cometidos por otras personas durante una manifestación no justifican el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado”. En este aspecto, concuerda con las numerosas organizaciones y los numerosos observadores que reprochan a Francia su manera “severa”, por no decir más, de lidiar con la crisis actual.
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