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Ante la parálisis de los responsables nacionales, han tomado el relevo en la dirección de los asuntos europeos otras estructuras: el Banco Central Europeo, el Tribunal Constitucional alemán, el Tribunal de Justicia Europeo. En opinión de un politólogo francés, se trata de una distorsión de la democracia cuya reparación es urgente.
¿Existe un modo mejor de expresar la paradoja actual de la democracia europea que señalar que en estos días su destino ha estado supeditado a las decisiones del consejo del Banco Central Europeo (BCE) y del Tribunal de Constitucional de Alemania? En el momento en el que los dirigentes europeos, convencidos ya de su impotencia e incluso de su ilegitimidad, para ganar la ‘batalla de la credibilidad’ de los Estados frente a los mercados se dejan arrebatar sus márgenes de maniobra en beneficio de órganos ‘independientes’ y de procedimientos de sanción automáticos (el famoso tratado de estabilidad), los jueces (nacionales y europeos) y los gobernadores de los bancos centrales asumen las principales funciones en la dirección diaria de los asuntos europeos.
Más aún, mediante una forma de inversión simbólica, ahora son los ‘independientes’ los que ocupan el terreno del debate sobre el futuro de la Unión política, extendiendo su campo de intervención mucho más allá de la única legitimidad funcional que poseen por su mandato inicial. De este modo, de la defensa de la ‘estabilidad de los precios’, los dirigentes del BCE han pasado rápidamente a la reivindicación de ‘reformas estructurales’ (mercado laboral, moderación salarial, etc…) para participar más recientemente en el núcleo de las discusiones sobre la arquitectura de la futura unión política…
Cuando no se trata de implicarse directamente en la escritura de los futuros tratados, como sucede actualmente con la misión encomendada al grupo llamado de los ‘4 sabios’ (los presidentes respectivamente del Consejo Europeo, la Comisión, el Eurogrupo y... el BCE). El colmo de la ironía es que estos ‘independientes’ ya no dudan en interpelar a los Estados sobre sus obligaciones democráticas: ¿acaso no mencionaron en varias ocasiones, tanto el presidente del Bundesbank Jens Weidmann como el del BCE Mario Draghi, la necesidad de mantener un espacio para la ‘responsabilidad democrática’ en los nuevos dispositivos institucionales; acaso no se ha erigido el Tribunal Constitucional de Alemania en varias ocasiones como la última muralla para la defensa del Parlamento nacional? etc…
En resumen, todo viene a destacar, a pesar de dos decenios de refuerzo voluntarista de los poderes del Parlamento Europeo, la gran precariedad de la legitimidad democrática en la Unión y el sólido asentamiento de las instituciones de la apolítica, los tribunales, los bancos centrales, las agencias o autoridades, etc... De este modo, no deja de extenderse la cadena de delegación que va de los poderes elegidos democráticamente a las instituciones ‘independientes’.
Por ello resulta difícil creer la afirmación de un José Manuel Barroso que, aún en el mes de junio con ocasión de la cumbre del G20, estimaba que ‘Europa no tenía que recibir ninguna de lección sobre democracia’ de los países emergentes. Al que pretenda ‘reorientar el curso de la construcción europea’ más le valdría partir de la constatación, más realista, de una democracia europea que no deja de menguar. A partir de ahí, la mera introducción de la elección directa del presidente de la Comisión, que es la consigna de la diplomacia alemana, no bastará para dar un nuevo impulso democrático al conjunto político europeo. Podría incluso resultar una nueva quimera europea si va acompañada, como lo desean fervorosamente los conservadores alemanes, de la concesión de nuevos poderes al Banco Central y al Tribunal de Justicia.
La refundición de la Unión política tendrá que centrarse principalmente en inventar nuevas formas de vínculos democráticos con estas instituciones ‘independientes’. Ya no es momento de recortar su esfera de competencia, sino más bien de replantearse los dos pilares sobre los que hasta ahora se ha asentado su autoridad: por una parte, una cierta idea de su independencia concebida como un distanciamiento de los intereses en cuestión y, por otra, una cierta pretensión de objetividad científica de sus diagnósticos y veredictos. Con respecto al primer punto, la introducción de una forma de representación de los agentes sociales y las minorías políticas permitiría garantizar una auténtica ‘independencia’ al evitar que estos nuevos espacios de la política europea sean acaparados por un grupo, un bando o una ideología. Este pluralismo es la única forma de abrir las controversias indisociablemente técnicas y políticas que ampliarán el perímetro del debate más allá del círculo único de los economistas o los juristas: y ahí se encuentra el segundo punto. Al seguir controlando la designación de los miembros de estas instituciones, los Gobiernos aún cuentan con los medios de abrir esas cajas negras; únicamente si se cumple esta condición, las instituciones democráticas europeas, con el Parlamento Europeo a la cabeza, no se convertirán en simples ilusiones ópticas.
