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"Los generales son criminales", titula el Polska The Times el día siguiente a que un tribunal de Varsovia declarase culpables de un "delito comunista" a los instigadores de la ley marcial de Polonia, vigente entre 1981 y 1983, y de que dictaminase que su actuación fue ilegal.
El veredicto es eminentemente simbólico, puesto que, de los cuatro acusados, únicamente el general Czesław Kiszczak ha recibido una sentencia de prisión, que queda en suspenso dada su avanzada edad, 86 años. Su superior, el general Wojciech Jaruzelski, y el exministro de Defensa, el general Florian Siwicki, ya habían sido excluidos del proceso debido a su estado de salud; y el ayudante de Siwicki, el general Tadeusz Tuczapski, falleció durante el juicio.
Han hecho falta treinta años para que "se hiciese justicia histórica", comenta el Polska The Times, señalando que el tribunal rechazó el argumento del general Jaruzelski de que la ley marcial previno una "inevitable" intervención de las fuerzas del Pacto de Varsovia.
El legado de la ley marcial, que se cobró una docena de vidas y conllevó el internamiento de 10.000 personas en campos de prisioneros, ha sido durante mucho tiempo la manzana de la discordia entre los partidos políticos polacos. Un "instrumento eficaz en las disputas políticas de las últimas dos décadas", recoge la Gazeta Wyborcza:
Nadie quería analizarlo desde el punto de vista objetivo de un investigador. ... [La ley] se usó para avivar la histeria política en lugar de para entender la historia...
Mientras tanto, el diario conservador Rzeczpospolitaha acogido el veredicto como algo crucial para "todas las lecciones de historia que aprenderán las generaciones futuras".
