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Aunque la COVID-19 ha causado un profundo malestar por todo el continente, las instituciones europeas han proseguido con sus responsabilidades habituales, incluso durante el punto álgido de la pandemia.
En el primer semestre de 2020 se iniciaron 371 procedimientos de infracción contra Estados miembros. En comparación con octubre del año pasado (según los datos de septiembre de 2019), esto supuso un aumento de un 10% de los procedimientos pendientes. De hecho, en tres cuartas partes de los países de la UE han aumentado los procedimientos, y solo seis países han conseguido reducir el número de infracciones en comparación con septiembre del año pasado.
Cómo ha cambiado el contexto de las infracciones
En comparación con septiembre de 2019, España continúa siendo el país con el mayor número de procedimientos, 97. Sin embargo, no es la única gran potencia de la UE que se enfrenta a un número tan alto, pues Italia y el Reino Unido le siguen de cerca, con 92 procedimientos en curso cada uno.
¿A qué se deben los nuevos procedimientos?
Tradicionalmente, lo más complicado de conseguir es que los gobiernos transpongan en las leyes nacionales la legislación europea sobre medio ambiente. No es casualidad que el 21,3% de los procedimientos de infracción pendientes estén relacionados con el medio ambiente, el ámbito más común con diferencia. Durante el periodo analizado, el número de procedimientos en este ámbito siguió creciendo, con un aumento del 11,6% de casos pendientes.
En comparación con septiembre de 2019 se produjo un gran número de casos nuevos sobre asuntos internos, que aumentaron un 64,2% (de 123 a 202), y sobre energía (+46,7%). Por otro lado, los casos sobre mercado interior (industria y empresas) han disminuido drásticamente, pasando de 245 casos a 190 (-22,5%).
Estas cifras se deben a que los gobiernos no logran obedecer las reglas (directivas y reglamentos que no se han integrado adecuadamente en los marcos jurídicos nacionales). Casi 100 leyes motivaron todos los procedimientos de infracción iniciados en 2020, y en el caso de algunas de ellas, la Comisión precisaba de un gran esfuerzo para asegurarse de su aplicación.
A la cabeza de la lista se encuentra el Reglamento 2017/1938 sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas, responsable de 27 procedimientos de infracción: a excepción de Chipre, todos los países de la UE fueron declarados negligentes por la Comisión. Actualmente, 17 Estados miembros se enfrentan a litigios por la Directiva 2018/843 relativa a la prevención del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (todos los litigios se iniciaron entre febrero y mayo de este año). Asimismo, a principios de 2020 se iniciaron 17 procedimientos contra 17 países por la Directiva 2017/159 por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007.
Este resumen de las principales directivas responsables de los últimos procedimientos de infracción concluye con la Directiva 2017/853 sobre el control de la adquisición y tenencia de armas. Entre los procedimientos iniciados el último semestre, veinte están relacionados con directivas adoptadas en 2020, especialmente con las directivas delegadas 362 y 263 en lo referente a la exención para el plomo, compuestos de plomo y el cromo hexavalente en los componentes de ciertos vehículos, como los sistemas de refrigeración de acero al carbono en autocaravanas.
Cuando las infracciones salen caras
Al igual que en septiembre de 2019, 18 procedimientos de infracción se encuentran actualmente en la fase más avanzada del litigio, cuando la Comisión recurre al Tribunal de Justicia con base en el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que puede resultar en sanciones económicas contra el Estado miembro culpable. En esta categoría los países principales son Grecia e Italia, con siete casos cada uno. Bélgica, Irlanda, Portugal y España se enfrentan a un caso cada uno.
Aunque el número ha permanecido intacto, se han producido algunos cambios reseñables. El 10 de octubre se cerró oficialmente el procedimiento contra Eslovaquia. El caso afectaba al vertedero Žilina-Považský Chlmec, que costó al país un millón de euros en sanciones. Una vez que las medidas implementadas por Eslovaquia se estimaron apropiadas, la Comisión Europea decidió cerrar el procedimiento. En noviembre de 2019, la Comisión acudió al Tribunal de Justicia para su caso contra la ayuda estatal que el gobierno griego otorgó a la Compañía Larco General Mining & Metallurgical S.A. y exigía el pago de más de un millón de euros.
InfringEye
En octubre de 2019 publicamos InfringEye, una herramienta desarrollada por Openpolis para EDJNet. Su función es facilitar a periodistas, activistas y ciudadanos la supervisión de los procedimientos de infracción de la UE contra los Estados miembros, filtrando la información por país, estatus y ámbito político. Entre otras funciones, es posible descargar series de datos con todos los procedimientos pendientes y todos los procedimientos iniciados en 2020.
