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La UE da vía libre a los grandes contaminadores

Las reglas europeas en materia medioambiental son dictadas en gran parte por las mismas industrias que deberían reglamentar pensando en el interés de los ciudadanos, como ilustra una investigación colaborativa realizada por un equipo multinacional de periodistas.

Publicado en 7 mayo 2015 a las 18:15

Sólo en el año 2012 las emisiones de la industria han provocado unos daños estimados de al menos 60.000 millones de euros, según la Agencia Europa por el Medio Ambiente, causando también ciertas crisis sanitarias y muertes prematuras.

El humo que se desprende está formado por microscópicas gotas de compuestos químicos, que al ser inhaladas pueden generar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y de otro tipo, a menudo mortales. Esto ha provocado más de 400.000 muertos sólo en 2010. Esta contaminación atmosférica tan peligrosa es también una parte muy importante de la “factura sanitaria” pagada por los contribuyentes europeos a causa de la contaminación del aire. Lo que cuesta casi 67.000 euros de daños para la salud por cada tonelada emitida.

Entre las industrias más contaminantes se encuentra la del acero. Para remediar esto, la UE adoptó en 2010 una directiva sobre la reglamentación de las emisiones industriales que los productores de acero deben respetar a partir del 2016, pero que se aplicará también a otros sectores de la industria en función de un calendario establecido.

Sin embargo, los gigantes de la industria siderúrgica han conseguido que las leyes que les conciernen pierdan su sentido gracias a una eficaz actividad de lobby llevada a cabo en las instituciones europeas. Los eurodiputados solo han votado por la obligación general de contaminar menos. Pero despues la industria decide de qué forma respetar lo acordado, estableciendo de forma autónoma los instrumentos y los umbrales de reducción de las emisiones. Algo asi como: “no cruces en rojo, pero puedes apagar el semáforo”.

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La directiva obliga a los gobiernos a dar permiso de actividad sólo a las empresas que utilicen las tecnologías ecológicas más avanzadas disponibles en el mercado, minimizando así la expulsión de pequeñas partículas de polvo (PM) de las chimeneas.

Con las nuevas reglas, son las mismas empresas las que pueden decidir cuáles son la tecnologías mejores, lo que hace que no se elijan necesariamente las “realmente” mejores, es decir, aquellas que reduzcan al mínimo las emisiones de pequeñas partículas. Más que blindar en la directiva las tecnologías utilizables, los legisladores europeos han acogido la propuesta hecha por la Comisión Europea, delegando las indicaciones de tales tecnologías a una serie de comités conocidos como “Grupos Técnicos de Trabajo”. Se ha constituido así un comité para cada sección industrial: acero, química, alimentos, energía termo-eléctrica, etc.
Un principio traicionado en la práctica
En cada uno de estos sectores la tecnología se desarrolla continuamente. Las mejores hoy estarán obsoletas mañana. La motivación que se encuentra detrás del principio de delegar es apreciable, pues permite una buena adecuación normativa, ya que al tener en cuenta el progreso tecnológico se evita pasar cada vez por largos procesos parlamentarios. Pero este principio ha sido traicionado en la práctica.

La tarea de los comités es aprobar de forma imparcial aquellas tecnologías que ofrezcan el mejor desempeño e incluirlas en una lista que después será aprobada por la Comisión Europea e incluida como documento en la directiva. Esto se aplica en cada sector industrial seis años después de la aprobación del documento relativo con las tecnologías que se deben adoptar.
Paradójicamente, sin embargo, [[esta tarea entra en conflicto con los intereses de los miembros de los comités, ya que estos están formados casi en su totalidad por representantes de las empresas líderes en contaminación]], siendo los gobiernos los que las fomentan en nombre de la defensa de la economía nacional. De consultores “científicos” independientes no hay rastro, y la presencia de ONGs medioambientales da solo un toque verde a organismos que, al menos sobre el papel, se encargan de mejorar la calidad de nuestro aire.

Como prueba basta obtener la lista confidencial de los participantes del comité que hace cinco años aprobó la lista de las “mejores” tecnologías del sector siderúrgico. En ella figuran decenas de dirigentes de empresas, asociaciones del sector y organismos gobernativos, junto a un pequeño numero de representantes de la sociedad civil. Todavía más interesante es un testimonio, sacado de los archivos de la 'eurocracia', que muestra todas las presiones que se llevaron a cabo con éxito por parte de los productores de acero a la oficina del comité, encargada de custodiar la imparcialidad de las partes.

La lucha entre la oficina y los miembros de la industria, en el centro del comité, se centró en lo que se denomina aglomerador. Se trata del aparato más importante y contaminante de las acerías tradicionales. El aglomerador sirve para desencadenar la sinterización, reacción química que transforma el mineral de hierro en material útil para su uso en los altos hornos. Se calcula que del aglomerador proviene más del 50% de las partículas emitidas por una única fabrica.

La oficina del comité propuso al inicio la obligación del empleo exclusivo de la innovadora tecnología de la baghouse, o filtros con forma de saco que capturasen directamente las partículas, reduciéndolas al máximo. Este método se usa ya en Alemania y los expertos consideran que se puede utilizar en cualquier acería que tengas ganas de invertir. Sin embargo, debido a la crisis del sector, que no permite las inversiones necesarias, los industriales del acero no han querido saber nada.
Una normativa vaga
Eurofer, la federación europea de productores de acero con sede en Bruselas, ha pedido y conseguido que se admitiera también en la lista al viejo sistema de precipitadores electroestáticos. Se trata de una tecnología obsoleta, usada desde hace años en los aglomeradores para la sinterización en la mayoría de las acerías europeas, y muchos menos eficaz que la tecnología ya mencionada del saco. Esta ultima reduce las emisiones de partículas a sólo 15 miligramos por metro cúbico, cifra casi tres veces inferior a los 40 miligramos que se expulsan a la atmósfera cuando se usan los precipitadores. Preguntado por esto, Eurofer ha declarado que la conclusión de los trabajos del comité está en consonancia con la directiva. Esta prevé la exención de la obligatoriedad de adoptar las tecnologías más eficaces cuando resulta técnicamente imposible. Según los expertos, el documento aprobado por el comité interpreta la derogación de modo tan vago que permite a las acerías inventarse cualquier excusa para desvincularse.

Siguiendo las estimaciones de los trabajadores, al menos 4.000 toneladas de partículas en exceso podrían llegar a nuestros pulmones si las acerías optan por utilizar el material antiguo en vez de sustituirlo por una tecnología mas limpia. Esto contando solo las emisiones del aglomerador.

Es necesario decir que las acerías producen una pequeña parte de la capa de contaminación atmosférica que recubre nuestras ciudades y campos, en gran parte causada por el tráfico de coches. Pero contribuye de todas formas a la concentración total de partículas en Europa, que supera en ocasiones el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Representada también esta en diversos grupos de trabajo por sectores, la Comisión Europea se ha limitado a avalar los controvertidos resultados, transformándoles en decisiones oficiales. Sus funcionarios han afirmado haberse limitado al procedimiento previsto por la directiva. Por otra parte, la misma Comisión tiene margenes limitados para imponer mejoras, pues sus decisiones sobre las “mejores” tecnologías ecológicas solo se vuelven vinculantes si superan la fuerte censura de un comité de supervisión, compuesto únicamente por representantes de aquellos gobiernos mas cercanos a la industria. Siempre con las puertas cerradas y alerta ante cualquier control democrático y ante el derecho a la salud de los electores europeos.

La investigación ha sido realizada con el apoyo del Fondo Europeo para el Periodismo de Investigación, y completada con contribuciones de colaboradores a través de la Plataforma de Periodismo Participativo MobileReporter.

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