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A veces, el mundo de los negocios se parece a una película de espionaje. A esos largometrajes en los que el héroe fotografía a hurtadillas unos planos secretos, levantando con frecuencia la cabeza, por miedo a que un fiero agente del KGB le sorprenda. Un directivo del grupo químico Degussa debió sentir lo mismo un día de abril de 2002, cuando se encontraba, cámara en mano, en un bello edificio de oficinas de Zúrich, intentando desesperadamente recopilar las pruebas con las que su empresa pudiera escapar de la ira de la Comisión Europea.
Ante él y sobre la mesa se encontraban documentos que resumían 30 años de un acuerdo secreto entablado por varias empresas químicas: Degussa, la empresa para la que trabajaba, y su filial Peroxid, pero también AkzoNobel, Atofina... La finalidad era controlar un mercado muy determinado: el de los peróxidos orgánicos. A partir de 1971, estos grupos celebraron reuniones secretas para repartirse los clientes y acordar los precios.
Documentos fotografiados
La conspiración duró casi tres decenios. Hasta que se produjo una traición. En abril de 2000, los dirigentes de AkzoNobel decidieron denunciar ante la Comisión Europea el acuerdo en el que habían participado. ¿Un remordimiento repentino? Lo cierto es que no: el grupo sólo quería aprovecharse de lo que se denomina el procedimiento de clemencia. El primero que denuncie un monopolio en el que participa ve cómo se anula la gran multa que tendría que pagar. Pero incluso a los demás participantes les interesaba participar: el segundo que confiesa puede beneficiarse de una reducción de entre el 30 y el 50 % de la multa, el tercero, de una rebaja del 20 al 30 %, etc. Es como la protección del arrepentido en la lucha contra la mafia, pero adaptada al mundo de los negocios.
Tras las confesiones de Akzo, cundió el pánico. Rápidamente, Atofina hizo lo mismo. Unos meses más tarde, Degussa quiso colaborar. Pero sus dirigentes se quedaron helados por lo que les dijeron los funcionarios del Ejecutivo europeo: "Está muy bien que hayan venido a vernos, pero tendrán que aportarnos pruebas que aún no tengamos para poder beneficiarse de una rebaja de la multa". ¿Cómo lo iban a conseguir? Todos los documentos que demostraban el acuerdo se encontraban en Zúrich, ocultos en la caja fuerte de Treuhand, la empresa suiza que coordinaba el cártel. Sólo quedaba una solución: un directivo de Degussa cogió un avión con dirección a Zúrich, con la excusa de plantear alguna pregunta a Treuhand y fotografió a escondidas los documentos comprometedores. Unos días más tarde, los funcionarios de la Comisión tenían todos los negativos en sus oficinas. Y sobre todo, el que inmortalizaba el acuerdo fundador, un papel rosa de 1971 que establecía el contexto del cártel. Un golpe maestro con el que Bruselas pudo concluir su investigación. En 2003 llegaron las sanciones. Degussa tuvo derecho a una reducción del 25 % en la multa de 34 millones que tenía que pagar.
¿En qué momento denunciar la trama?
Los funcionarios de la todopoderosa "DG Comp", la Dirección General de la Competencia de la Comisión, podrían contar decenas de historias rocambolescas de este tipo. Desde hace diez años, todo el mundo se apresura a denunciar los acuerdos secretos y alrededor del 80% de estos acuerdos se castigan en Europa gracias a un "delator". "Este programa es lo que permite realmente echar por tierra el sistema. Todas las empresas implicadas en un acuerdo se preguntan en algún momento u otro si les convendría denunciarlo antes de ser denunciadas", explica Olivier Guersent. El actual jefe del gabinete de Michel Barnier, comisario de Mercado Interno, conoce a la perfección el asunto, ya que creó este procedimiento y luego cambió por completo los métodos de investigación de la Comisión. Sin embargo, al principio, este cambio, calcado de lo que se había hecho unos años antes en Estados Unidos, no contaba con el apoyo unánime en los pasillos de Bruselas. Varios funcionarios expresaban su desagrado ante este concepto de "manos limpias" que situaba a los cárteles en el mismo nivel que los crímenes de sangre...
De hecho, entre 1995 y 1999, la Comisión "sólo" impuso multas que ascendieron a 292 millones por este tipo de acuerdos. Después, todo cambió: pasamos a 3.400 millones entre 2000 y 2004, y a 9.400 millones entre 2005 y 2009. Entre 2010 y 2012, la cifra ascendió a 5.400 millones. Sin esta delación, Bruselas y las autoridades de la competencia no tendrían forma de hacer respetar la ley.
