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Mientras se acercan las elecciones europeas de 2024 y la votación del polémico Pacto sobre Migración y Asilo, las altas esferas de Europa continúan su política de externalización de la gestión de la migración. Después de Túnez y Mauritania, ahora es el turno de Egipto.
7400 millones de euros en ayuda económica a cambio de controles fronterizos más estrictos: es la tentadora promesa que Europa ha hecho a Egipto. El acuerdo de asociación firmado el 17 de marzo de 2024 prevé un presupuesto de 200 millones de euros reservados a la migración. Porque, aunque las salidas desde las costas egipcias son relativamente escasas, el país ocupa una posición estratégica en la encrucijada de varias rutas migratorias, entre Libia, la Franja de Gaza y Sudán.
“La coincidencia de este mecanismo de externalización con Egipto no es algo trivial. La Unión Europea teme una llegada masiva de refugiados palestinos como consecuencia de las masacres perpetradas por el Tsahal en Gaza”, explica el medio de comunicación francés Politis.
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sissi sería ya “el nuevo dictador preferido de Europa”, como titula Mirco Keilberth en el diario alemán Die tageszeitung. Hay que reconocer que al-Sissi no tenía realmente otra opción: “El presidente [...] quiere salvar la economía tambaleante de su país de 106 millones de habitantes con el plan de financiación acordado”, resume Keilberth. “La guerra en Gaza, la disminución de los ingresos del turismo y el desplome de la libra egipcia han incrementado las tensiones sociales en el país en las últimas semanas”.
El acuerdo firmado con la Unión Europea podría afectar a los propios egipcios, como plantea Bianca Carrera Espriu en el Green European Journal (GEJ). “Proporcionar a un Gobierno muy abusivo tecnología de vigilancia de doble uso y formación sobre cómo utilizarla aumenta el riesgo de que se use para la vigilancia interna y la persecución de opositores”, afirma en GEJ con preocupación Claudio Francavilla, director asociado de defensa en la UE de la ONG Human Rights Watch.
Una serie de acuerdos
Hablando de acuerdos, ya hablé sobre el firmado entre la UE y Mauritania en el último resumen de prensa. Todavía no se ha secado la tinta y el tratado ya está siendo objeto de numerosas críticas. En un exhaustivo artículo para Al Jazeera, Hassan Ould Moctar explica el carácter sin precedentes de la situación: “En primer lugar, la financiación negociada es mucho mayor que la de anteriores iniciativas de externalización. [...] En segundo lugar, mientras que la oposición a la externalización de fronteras en Mauritania siempre se ha limitado a un puñado de organizaciones de la sociedad civil, el último acuerdo migratorio ha provocado un revuelo social”, explica. Mientras los partidos de la oposición lo consideran un plan para reasentar a “inmigrantes ilegales” en el país, la sociedad civil critica los esfuerzos de la UE cuyo objetivo es “convertir a Mauritania en el 'gendarme de Europa'”.
Pero la UE ya está mirando hacia otro lado.
En una visita a Chipre, Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, anunció la siguiente fase del programa: un acuerdo similar al que vincula el bloque con Egipto, pero esta vez con Líbano. El motivo es la llegada de migrantes originarios de Siria. Aunque el texto aún está en su fase preliminar, es mucho lo que está en juego para la república insular. “[Solo en el mes de marzo de 2024], las autoridades han registrado 533 llegadas por mar, en comparación con 36 en marzo del año pasado”, explica Reuters. Para Nicosia, considerar “seguras” algunas regiones del país asolado por la guerra civil permitiría a las autoridades repatriar a los nacionales.
En rueda de prensa, Schinas alabó el éxito del país en cuanto a la lucha contra la inmigración y felicitó a este “pequeño Chipre” que se está convirtiendo en “el campeón europeo de las repatriaciones”, según informa el diario griego Kathimerini.
Nuestras políticas y sus consecuencias
En un artículo para POLITICO, Dunja Mijatović, comisaria de Derechos Humanos en el Consejo de Europa, señala las distintas violaciones de los derechos humanos perpetradas contra exiliados y solicitantes de asilo, esta vez dentro de las propias fronteras europeas. En su opinión, las políticas más represivas están transmitiendo un mensaje peligroso. “[Indican] que la autoridad e independencia de los tribunales, junto con el acceso a la justicia y los derechos humanos, pueden sacrificarse cuando los Gobiernos creen que es algo que conviene a sus prioridades políticas o a sus consideraciones electorales”, expone.
Mijatović se refiere en particular a las prácticas de Reino Unido y Francia y muestra su preocupación por el efecto en cadena que podrían tener en todo el continente. Un cambio que comenzaría por “la denuncia de la función crucial del equilibrio de poderes antes de convertirse en una amenaza directa a los derechos humanos, al Estado de Derecho y, en última instancia, a los valores fundamentales de las sociedades democráticas”.
“Si el Estado se muestra efectivamente poco acogedor con los exiliados, esta situación dista mucho de ser beneficiosa para la sociedad francesa. En cambio, es el origen de importantes violaciones de los derechos y libertades del conjunto de sus miembros”, expone Vincent Sizaire para Manière de Voir (Le Monde diplomatique). Además de favorecer el desarrollo del tráfico de seres humanos y la creación de una mano de obra vulnerable y barata, las políticas francesas convierten el derecho de extranjería en “un laboratorio de medidas coercitivas extrajudiciales, que luego se extienden al conjunto de los ciudadanos”. Según Sizaire, las prácticas represivas se experimentan primero con los extranjeros, antes de aplicarse a “categorías de personas [...] consideradas peligrosas” hasta llegar a personas y grupos calificados errónea o acertadamente de “terroristas”, una definición jurídica notablemente flexible. “Por lo tanto, la preocupación por el respeto de los derechos y libertades de los extranjeros no es solo la expresión de una característica de fraternidad. Es también un compromiso con la seguridad del conjunto de los ciudadanos”, afirma.
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