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Una vez que el Tribunal Constitucional rechazó cuatro de los elementos contemplados en el presupuesto estatal de 2013, el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, manifestó en una alocución televisiva el 7 de abril que el país estaba en una situación de “emergencia financiera” pero negó que su Gobierno corriese peligro.
El Gobierno prepara el anuncio de una nueva serie de recortes en el sector público, debido a la decisión del Tribunal Constitucional del 5 de abril, puesto que ahora hacen falta 1.300 millones de euros.
Tras el veredicto, la Comisión Europea subrayó que Portugal tiene que cumplir las condiciones que se estipularon en su programa de rescate.
Diário Económico recoge que "la sentencia [del Tribunal Constitucional] ha arruinado las esperanzas de volver a los mercados y los planes más optimistas del Gobierno para el futuro predecible".
