Una ceremonia de naturalización en la prefectura de Macon (Borgoña).

Por una nueva política sobre nacionalidad

La reciente propuesta de Nicolas Sarkozy de revocar la nacionalidad a los delincuentes naturalizados ha hecho que esta cuestión vuelva a ser tema de debate. Aunque los gobiernos intentan adaptar la legislación a una situación que evoluciona constantemente, la UE debería extender la ciudadanía europea a los inmigrantes, para paliar las carencias del sistema actual.

Publicado en 2 agosto 2010 a las 14:46
Una ceremonia de naturalización en la prefectura de Macon (Borgoña).

Tras una serie de enfrentamientos entre un grupo de jóvenes de origen extranjero y la policía, Nicolas Sarkozy ha anunciado hace unos días una revisión de las condiciones para la concesión de la nacionalidad francesa, con el fin de restringirlas. Según el presidente, se revocaría la ciudadanía a los extranjeros naturalizados que atentaran contra la vida de un funcionario de las fuerzas del orden.

Esta declaración ha producido una oleada de protestas. La ley francesa, al igual que la británica, prevé ya en ciertos casos la revocación de la nacionalidad. Pero en realidad, nunca se ha ejercido esta facultad. En los últimos diez años, Francia incluso se ha caracterizado por su enfoque flexible de la cuestión de la ciudadanía, con más de un millón de naturalizaciones, casi tantas como las registradas en Alemania y diez veces más que en Italia. Como es evidente, la cuestión de la revocación es muy delicada, más aún en el ámbito ético-político que en el jurídico. No obstante, debe examinarse en un sentido más amplio, que permita determinar las líneas generales de una "política sobre la ciudadanía" seria y que responda al nuevo contexto europeo.

Aplicar nuevos criterios

Tradicionalmente, la naturalización de los "extranjeros" se relacionaba con el ius sanguinis, o derecho de sangre, es decir, la existencia de padres o ascendentes que ya poseyeran la nacionalidad, como ocurre en Alemania, o bien con el ius soli, o derecho de suelo, es decir, el nacimiento en el territorio nacional, como es el caso de Estados Unidos. Pero, debido a los importantes flujos migratorios de los últimos veinte años, estos criterios ya no tienen vigor. ¿Qué sentido tiene conceder la nacionalidad por "vínculos de sangre" a alguien que ha nacido y reside en el extranjero y que no mantiene ninguna relación con la madre patria? ¿Y por qué denegar la nacionalidad (o hacer esperar años hasta su concesión) a un extranjero que no ha nacido en el territorio pero que se ha integrado perfectamente en el país donde ha emigrado? Una política seria sobre la ciudadanía actualmente debe basarse en nuevos criterios, esencialmente el domicilio, combinados con una serie de "filtros" que demuestren la autenticidad de la intención y permitan medir el grado de integración (asistencia escolar, trabajo estable, conocimiento del idioma, etc.).

La naturalización ya no debe considerarse como un paso "puntual" ni un cambio de estatus irreversible en función de criterios muy generales y automáticos. Convendría más bien que fuera un proceso por etapas, acompañado por condiciones apremiantes y vías prioritarias, sobre todo en el caso de los menores. Una segunda regla de conducta atañe a la definición misma de la ciudadanía. En este caso, también parece oportuno superar la simple alternativa de nacional o extranjero y prever formas intermediarias de "cuasi-ciudadanía". Los derechos conferidos por este estatus podrían relacionarse con los del país de origen, sobre todo en materia de seguridad social y sanidad, para facilitar de este modo formas de emigración temporales, como por ejemplo, el caso de un médico indio que desee trabajar seis meses al año en un hospital europeo.

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La integración es beneficiosa para todos

Los países de la Commonwealth han acuñado el término denizenship para designar las formas de cuasi-ciudadanía. La institución de la ciudadanía europea ya puede considerarse como una forma de denizenship. Se trata efectivamente de un estatus que otorga a los residentes de cada país miembro ciertos derechos que pueden ejercerse en todo el territorio de la Unión. De momento, la ciudadanía europea sigue siendo una "ciudadanía de segundo orden". Pero, sobre todo con el Tratado de Lisboa y para los residentes de países no europeos que cumplan ciertos criterios, esto no impide utilizar esta ciudadanía como un estatus auxiliar o preparatorio para obtener la nacionalidad del país al que han emigrado. En un contexto así, la posibilidad planteada por Nicolas Sarkozy de revocar la ciudadanía a los que cometan delitos tendría una dimensión menos dramática en el plano simbólico y más eficaz en la práctica. La "buena conducta" podría convertirse en uno de los filtros más elementales de la selección y seguir en vigor durante un tiempo tras la naturalización plena de un extranjero.

La inmigración constituye actualmente uno de los temas políticamente más delicados. Según las encuestas, en muchos países la mayoría de los electores se muestran preocupados e inseguros. En las últimas elecciones europeas, los partidos xenófobos han mejorado en general sus resultados, mientras que aumenta el riesgo de una auténtica espiral de polarización ideológica, no sólo por parte de los ciudadanos, sino también por la de los "extranjeros", como está ocurriendo en Francia. Sabemos que las economías y la protección social en los Estados europeos ya no pueden prescindir de los inmigrantes. Sabemos también que en nuestros países vive un gran número de extranjeros "en regla" (y con un creciente número de hijos), integrados perfectamente en nuestra sociedad. La integración no sólo es posible, sino que es beneficiosa para todos. Una nueva política sobre ciudadanía podría facilitar en gran medida este proceso y contener los riesgos de las radicalizaciones peligrosas.

Visto desde Francia

Sarkozy se vuelve a poner su traje de “superpolicía”

El vínculo que ha establecido el presidente francés Nicolas Sarkozy entre la delincuencia y la inmigración y su propuesta de quitar la nacionalidad francesa a las personas de origen extranjero que cometan actos de violencia contra las fuerzas del orden, a finales de julio, ha relanzado el debate sobre la inmigración, las naturalizaciones y de paso ha desatado la ira de la oposición y de la prensa. Así, Libération ve en estos “ patinazos derechistas” un avance de la campaña presidencial de 2012, para la que Sarkozy se habría vuelto a poner el traje de “superpolicía” que tanto éxito le dio en 2007.

Le Monde, por su parte, denuncia las palabras “muy cargadas de sentido” del jefe del Estado, que considera una “gran falta” para un presidente de la república. El diario estima que Sarkozy invita con ello a despreciar el artículo 1 de la constitución, que establece el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y alienta “una política de chivo expiatorio tan detestable como condenable”. La “amalgama entre delincuencia e inmigración” llega en el momento que se produce una “escalada en la seguridad”, “ineficaz”, porque, recuerda Le Monde, “las agresiones y las violencias contra las personas han aumentado un 16% entre 2003 [Sarkozy era ministro de Interior en ese momento] y 2009”.

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