Sarkozy, ¿hacia el caos?

Tras los recientes eventos que han hecho que el presidente francés declare la guerra a los delincuentes “nacidos extranjeros” y las alarmantes imágenes del desalojo de una serie de ocupantes ilegales africanas cerca de París, una escritora del diario Guardian expone que la administración de Sarkozy se ha caracterizado por la propagación de los disturbios sociales.

Publicado en 3 agosto 2010 a las 14:26

Se trata de un vídeo especialemente desgarrador, incluso para los estándares de la policía "vecinal" francesa. Las imágenes, grabadas por un videoaficionado, muestran a la policía antidisturbios en el conocido barrio de Seine-Saint-Denis de París, disolviendo una manifestación de madres desahuciadas, algunas de ellas embarazadas. Los policías, dando muestras del tipo de respeto y sensibilidad que reservan normalmente para las personas ebrias, golpean, maltratan y arrastran a las manifestantes por la carretera, junto a sus bebés y niños pequeños que lloran sin cesar.

Las imágenes se grabaron a primera hora del 21 de julio en la localidad especialmente inestable de La Courneuve, fuera de un bloque de pisos llamado Balzac. Está prevista la demolición de este decadente edificio de 15 pisos, por lo que decenas de ocupantes ilegales se quedarán sin hogar. Entre ellos se encuentran numerosas jóvenes originarias de Costa de Marfil, como se observa en las imágenes, mientras se manifestaban durante una sentada. Se puede ver cómo al menos una mujer embarazada se desmaya, mientras un niño pequeño llora histéricamente cuando le arrastran por el suelo bajo su madre. Mientras, los policías armados y rapados llevan chalecos antibalas y muestran claramente la insignia de la CRS, la infame Compagnie Républicaine de Securité, famosa por su violencia al reprimir a los enemigos del Estado durante las manifestaciones estudiantiles y sindicales de mayo de 1968. Con una banda sonora de chillidos, llantos y súplicas de "¡Dejadnos tranquilas!", las imágenes de La Courneuve han hecho que se exija una investigación por la brutalidad de la policía y se castigue a los implicados.

A pesar de que la atención se centra en las legendarias fuerzas del orden francesas, no hay duda de que el principal sospechoso de incitar el odio racial y la intimidación es el mismo presidente Nicolas Sarkozy. No olvidemos que se trata del político que una vez describió a los alborotadores de lugares como La Courneuve como "escoria" que debían "quitarse del medio con una manguera de alta presión". Como ministro de Interior, se enorgulleció de su apodo de "Le Top Cop" y de enviar en masa a policías fuertemente armados al más mínimo indicio de disturbio, por trivial que fuera.Tal y como se preveía cuando llegó a la presidencia en 2007, la administración de Sarkozy se ha caracterizado por la generalización de los disturbios sociales, incluidos los acontecidos el mes pasado en Grenoble, al este de Francia. En esas batallas en plena calle, el fuego arrasó establecimientos y vehículos y se intercambiaron disparos entre la policía y los jóvenes. En otro disturbio en Saint Aignan, en el centro del país, una serie de bandas de enmascarados asaltaron una comisaría de policía después de que un gitano falleciera por los disparos durante una persecución policial.

Inmediatamente, Sarkozy culpó de los disturbios a los inmigrantes y anunció una serie de medidas de gran alcance para mantenerlos a raya. Esto implicaba una "guerra a la delincuencia" a golpes de porra para solucionar lo que describía como los graves "problemas para la seguridad" planteados por indeseables "nacidos en el extranjero". Sarkozy, el pensador de derecha cada vez más radical, además afirmó que revocaría la nacionalidad francesa a cualquier inmigrante que cometiera algún delito, así como que actuaría con cautela con respecto a los ciudadanos franceses con ascendencia extranjera. Se revisarían las prestaciones sociales concedidas a los inmigrantes sin papeles y se elevarían las penas mínimas a los delincuentes. Además, la policía de Sarkozy comenzó a arrasar campamentos gitanos, ya que el presidente prometió expulsar a los cíngaros itinerantes de un modo que ya ha sido comparado a las limpiezas étnicas.

"Estamos sufriendo las consecuencias de 50 años de regulación insuficiente sobre inmigración, lo que ha producido el fracaso de la integración", añadió amablemente Sarkozy, por si alguien tenía dudas sobre a quién consideraba como mayor amenaza de la estabilidad de la República. Sarkozy no se pronunció sobre el lugar que ocupaban las embarazadas y sus hijos pequeños en esa amenaza, pero su silencio sobre el vídeo de La Courneuve es más que elocuente. Mientras lucha por distanciarse de los numerosos problemas que invaden su administración, sería de esperar que los desgarradores llantos de las jóvenes madres y sus bebés sirvieran para que se diera cuenta de que atacar a objetivos fáciles como inmigrantes vulnerables no sirve de nada.

Opinión

Franceses de segunda clase

En opinión del diario Süddeutsche Zeitung, la cuestión empieza a ser preocupante. "¿Qué sanción se impone a un francés polígamo de origen extranjero cuyo hijo delincuente no respeta su libertad condicional y no asiste a clase?", se pregunta el diario de Múnich. "Según la voluntad del presidente Sarkozy y su gobierno, la respuesta es la siguiente: el padre deja de percibir subsidios familiares, pasa hasta dos años entre rejas y pierde la nacionalidad francesa".

"Lo que parece como un caso abstracto para estudiantes de derecho surge directamente de la fantasía de la derecha que ocupa el poder", se sorprende SZ, que se toma muy en serio el debate sobre la seguridad en Francia, ya que éste no lo han generado los segundos de a bordo radicales del gobierno, sino el presidente en persona, su ministro del Interior Brice Hortefeux y los responsables del UMP, el partido presidencial. "Estas ideas son algo más que un relleno para el vacío estival", estima el diario, que recuerda que todos estos planteamientos se traducirán en dos propuestas de ley reales sobre seguridad interior e inmigración y que se debatirán en el Parlamento en septiembre. En Francia, donde la última vez que se revocó la nacionalidad a unos ciudadanos fue bajo el régimen de Vichy, se están institucionalizando "los franceses de segunda clase" y se está haciendo caso omiso del principio según el cual "incluso un mal ciudadano sigue siendo un ciudadano".

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