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La UE impone restricciones más estrictas que en Estados Unidos en lo que respecta a la recopilación, el uso y la venta de datos por parte de empresas en Internet, pero además obliga a los proveedores de servicio de Internet a que almacenen los datos personales, por si el gobierno desea investigar a un usuario en concreto. El Parlamento Europeo está contemplando actualmente la aprobación de una ley denominada "Smile29", por la que el motor de búsquedas Google, que procesa miles de millones de búsqueda al mes en el continente, también tendría que conservar los datos de los usuarios.
Esta iniciativa de la UE es tan sólo la última de los gobiernos de todo el mundo para recopilar más información sobre sus ciudadanos a partir de su comportamiento en línea. Según los críticos, las leyes de la UE se traducen en un exceso de vigilancia que ha causado una oleada de oposición en toda Europa. Ahora, un grupo en Irlanda está retando al nuevo régimen, pidiendo permiso a los tribunales irlandeses para solicitar al Tribunal Europeo de Justicia (TEJ) que derogue las nuevas leyes irlandesas ideadas para que el país se ajuste a los estándares europeos. Si gana Digital Rights Ireland, que sostiene que las leyes infringen el Convenio Europeo de Derechos Humanos, allanará el camino para que tengan éxito otros desafíos a las normas en toda Europa. "Nuestro principal objetivo es la revocación de las leyes de retención de datos", comenta T.J. McIntyre, profesor de derecho en el University College Dublin y director de la organización. El señor McIntyre afirma que la ley criminaliza a ciudadanos normales.
La privacidad en Internet se ha convertido en uno de los principales campos de batalla civiles. Facebook y Google amasan cantidades colosales de datos sobre las opiniones de los usuarios, sus deseos y sus impulsos, codiciados por las empresas y por los que éstas llegan a pagar grandes cantidades. Por toda Europa aumentan las reacciones contra el almacenamiento de datos privados. Varias organizaciones no gubernamentales, como la Federación Europea de Periodistas, han criticado esta práctica y en Alemania casi 35.000 personas, entre ellas la ministra de Justicia Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, demandaron a su propio gobierno sobre el asunto. "En Europa existe un auténtico problema. Se trata de una infracción del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que todo el mundo tiene derecho a una vida privada. Ese derecho fundamental debe extenderse al ámbito digital", afirma Christian Engström, miembro del Parlamento Europeo del polémico Partido Pirata sueco, elegido en una plataforma de derechos digitales.
Posición ambigüa de la UE
En Irlanda, actualmente deben retenerse los datos telefónicos durante tres años, pero no existe ninguna disposición que obligue a los proveedores de Internet a retener los datos, algo que tanto la UE como el gobierno irlandés desean cambiar. McIntyre afirma que el gobierno ya lleva la delantera. "En 2002, el gobierno irlandés introdujo secretamente la retención de datos. Lo hizo mediante una orden ministerial y hasta ahora, el ministerio de Justicia no lo ha confirmado". McIntyre espera que el caso se decida en el TEJ.
La misma Unión Europea parece tener dos posturas en materia de privacidad en Internet. Mientras que se ha registrado un aumento de los poderes de monitorización y vigilancia, el organismo de la UE que supervisa la acción para ampliar la retención de datos en los motores de búsqueda en virtud de la ley Smile29, se quejaba en un informe de que los miembros de la UE ya están recopilando más información sobre los ciudadanos de lo que deberían y que "apenas han facilitado estadísticas sobre el uso de los datos retenidos según la Directiva, lo que limita las posibilidades de verificar la utilidad de la retención de los datos".
El grupo defiende cambios importantes en la ley, incluida la reducción del periodo de retención máximo, la reconsideración por parte de la Comisión Europea de la seguridad general del tráfico de datos, la aclaración del concepto de "delito grave" en cada Estado miembro y la "revelación a todos los grupos de interés pertinentes de la lista de entidades con autorización para acceder a los datos". Según el señor Engström del Partido Pirata, el problema en la UE es la falta de democracia: "La mayoría del poder recae en los miembros de la Comisión y en [otros] funcionarios no elegidos por los ciudadanos".
Riesgo de falsas acusaciones
Engström además destaca como problema los distintos trámites burocráticos de la UE, a menudo contradictorios entre sí. "Es importante reconocer que no hay ninguna fuerza maligna y oscura que maneje los hilos, pero la UE se ha acercado a diferentes intereses, a lo que se añade un poder ejecutivo no elegido por los ciudadanos, por lo que la situación es muy preocupante". Engström sostiene que las agencias encargadas de la aplicación de la ley tratan de obtener acceso a los datos simplemente porque existen: "Todo esto no tiene nada que ver con el trabajo policial real. Con las medidas puede que se atrapen a torpes delincuentes, pero los delincuentes de verdad sabrán cómo esquivarlas". Además señala el peligro de las acusaciones falsas y se queja de que la minería de datos no es más que el reconocimiento de patrones: "El cerebro humano es muy bueno observando patrones, aunque no existan".
En Irlanda, McIntyre afirma que seguirá su lucha precisamente por este motivo: "No se puede aplicar la detección de delitos automatizada. Por algún motivo, a los organismos encargados de la aplicación de las leyes les encanta esa idea. El concepto asociado a esta idea es detener a las personas por adelantado. La minería de datos crea demasiados falsos positivos. Desde una perspectiva comercial, da igual: ¿a quién le importa si en tu página de Facebook aparece un anuncio irrelevante? Pero en ámbitos como por ejemplo, el terrorismo, se involucran cada vez menos personas, por lo que no se cuenta con la base de pruebas desde la que establecer un perfil de las personas".
