Elige un idioma
Hoy en día, es primordial gestionar una empresa de una manera sostenible que respete los derechos humanos y el medioambiente. Va más allá de asegurar sencillamente un trato justo de sus propios trabajadores; comprende la totalidad de la cadena de suministro y las comunidades afectadas por las operaciones comerciales. Aunque existan marcos y guías internacionales para orientar a las empresas en la dirección correcta, su implementación sigue siendo incompleta, y así se perpetúan las violaciones de los derechos humanos.
Esta es la razón por la que necesitamos una legislación. Todas las empresas de todos los tamaños y a lo largo de toda la cadena de valor deberían tener la obligación de evaluar su papel con respecto a importantes problemas sistémicos tales como la pobreza, la deforestación, el trabajo forzado, la contaminación y la seguridad de los trabajadores. Las empresas también deben tomar acción para prevenir, mitigar y remediar sus impactos.
Así pues, ¿cómo podemos mejorar la responsabilidad de las empresas respecto a los derechos humanos y el medioambiente? Esta pregunta fundamental está siendo abordada actualmente por el Parlamento Europeo, los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea en las negociaciones tripartitas sobre la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés).
En Fairtrade elogiamos la postura que ha adoptado el Parlamento Europeo. Es la que más se ajusta a las directrices internacionales sobre la HREDD — Diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente (Principios Rectores de las Naciones Unidas y directrices de la OCDE) — y, de esta forma, establece el nivel de ambición adecuado.
Los responsables de la toma de decisiones en la UE tienen una opción clara: la HREDD puede llegar a ser una legislación innovadora en cuanto al avance de los derechos de los agricultores y los trabajadores y la sostenibilidad ambiental. O puede convertirse en una legislación que imponga requisitos adicionales que las grandes marcas y distribuidoras harían caer en cascada sobre los productores sin compartir los costes de forma justa y sin tomar en consideración los puntos de vista y las necesidades de los pequeños agricultores. La consecuencia de esto sería una legislación que correría el riesgo de empeorar los medios de vida de los pequeños productores y que por ende no abordaría las causas fundamentales de las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medioambiente.
Elementos esenciales de la legislación sobre diligencia debida
La HREDD no es un proceso universal. Varía dependiendo del tamaño y la naturaleza de las empresas, ya sea una pequeña organización productora de café o una gran distribuidora con miles de cadenas de suministro. La HREDD se orienta hacia la mejora continua, la transparencia, la colaboración, el diálogo, el respeto y la justa participación en los costes. Estos principios fundacionales se han de incorporar a la CSDDD, de acuerdo con la posición del Parlamento Europeo.
El compromiso significativo de los interesados es una parte crucial de la diligencia debida, y el grupo de interesados más importante se compone de aquellos cuyos derechos se pueden ver afectados por la forma de operar de las empresas, las cuales tienen que hacer un auténtico esfuerzo para escuchar los puntos de vista de los derechohabientes en cada uno de los pasos del proceso de la HREDD.
Además, las evaluaciones de riesgos de las empresas deben incluir un análisis detallado del impacto de sus prácticas de compra en los proveedores. Las prácticas de compra injustas, tales como los cortos plazos de entrega, los cambios de pedidos a última hora y las presiones sobre los precios, tienen unas implicaciones significativas para la capacidad de los proveedores de asegurar condiciones de trabajo seguras, salarios justos y prácticas de producción sostenibles.
Las empresas deben asumir la responsabilidad de contribuir a un nivel de vida adecuado a lo largo de sus cadenas de valor. Esto significa proporcionar un salario digno para los empleados e ingresos dignos para los pequeños productores y los trabajadores autónomos. Los ingresos dignos son un derecho humano, tal y como se recoge en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 7) y en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 23.3).
El coste de la diligencia debida no debería repercutir sobre los socios comerciales en posiciones más débiles. La HREDD no debe consistir en jerarquías que impongan costes solamente a los productores.
Finalmente, es necesario que las reglas sobre cómo finalizar una relación comercial tengan en cuenta los impactos sobre los derechohabientes. La desvinculación solo debería considerarse como un último recurso después de que la empresa haya hecho todos los esfuerzos a su alcance para evitar y mitigar los impactos adversos.
Apoyo adicional para la implementación
Si bien es crucial tener una legislación sólida en materia de HREDD, es igual de importante brindar apoyo a las empresas para los aspectos prácticos de su implementación.
La legislación definitiva tiene que describir las medidas complementarias que puedan ayudar a los intervinientes de la cadena de valor en el proceso de implementación en cuanto a formación, recursos en línea, apoyo financiero y asociaciones. Al diseñar estas medidas de apoyo es esencial incorporar las voces de los derechohabientes.
Por consiguiente, es esencial recopilar mucha más información sobre los retos, necesidades y costes que el establecimiento de un proceso de HREDD impone a los productores. Actualmente, la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños(as) Productores(as) y Trabajadores(as) de Comercio Justo (CLAC) está realizando unos proyectos piloto con cuatro organizaciones de productores en Latinoamérica para reagrupar estos datos.
El papel de Fairtrade en el avance de la HREDD
Las iniciativas multilaterales como Fairtrade desempeñan un papel vital en el apoyo de los esfuerzos de diligencia debida de las empresas, pero no sustituyen la HREDD propia de estas.
Por medio de nuestras normas, esperamos que las organizaciones certificadas como Fairtrade implementen medidas de diligencia debida, incluyendo evaluaciones de riesgos, políticas y labores de corrección. También ofrecemos, de forma continua, asesoramiento, formación y apoyo basado en programas para agricultores, trabajadores, mineros y directivos en las plantaciones y fábricas. Nuestras herramientas para este trabajo incluyen el Mapa de Riesgos de Fairtrade.
Además, hemos desarrollado guías exhaustivas y recursos para varios interesados en la cadena de valor en los que se ofrecen herramientas y contenidos prácticos para facilitar el desarrollo de un eficaz proceso de HREDD.
Recientemente publicamos un conjunto de nuevos servicios de asesoramiento de la HREDD para empresas con el fin de apoyarlas en su proceso de diligencia debida. En particular, podemos apoyar la prevención y mitigación del riesgo, así como un compromiso significativo entre las empresas y las personas afectadas.
En conclusión, para lograr una conducta empresarial responsable se requiere una legislación sólida y una colaboración entre empresas, entre gobiernos y en la sociedad civil. Las negociaciones tripartitas actuales sobre la CSDDD brindan la oportunidad de establecer el nivel adecuado de aspiraciones y preparar el terreno para progresos innovadores en la protección de los derechos humanos y el medioambiente.
Tenemos un papel que desempeñar, pero todos los demás intervinientes en la cadena de suministro también. Y el gobierno también.
Fairtrade insta a los Estados miembros de la UE a que demuestren su dedicación y garanticen que tengamos una ley fuerte de HREDD a escala europea con impactos positivos para los pequeños agricultores y trabajadores en las cadenas de valor.
